Opinión

Corral Jurado en cierre de Maru Campos

¿Por qué una hermana del gobernador en un evento de Maru si el gobernador se ha convertido en su principal perseguidor y por lo tanto opositor acérrimo a su proyecto?

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 03 junio 2021 | 06:00

-Corral Jurado en cierre de Maru Campos

-Silencio antes de la gran guerra, el domingo

-Revienta una parte de la ‘Operación Justicia’

-Insiste magistrado en absurdo desacato

En el cierre que tuvo Maru Campos ayer en Ciudad Juárez con mujeres llamó la atención una de ellas, inimaginable si a la foto que colocamos en la versión digital de La Columna le agregamos dos apellidos: Corral Jurado.

Observamos la imagen subida a su Face por la regidora panista, Amparo Beltrán. Era de no creerse. Investigamos un poco; confirmamos la sorpresa. Ahí aparece Patricia Corral Jurado, hermana del gobernador, y por ende de la célebre vicegobernadora, Leticia.

La regidora Amparo, que valga la aclaración se sumó de inmediato al proyecto de Campos apenas pasó el barullo de la interna por la nominación a la gubernatura, fue la responsable de tomar algunas fotos del evento desarrollado en el centro comunitario de La Montada. Ahí se dio el descubrimiento.

¿Por qué una hermana del gobernador en un evento de Maru si el gobernador se ha convertido en su principal perseguidor y por lo tanto opositor acérrimo a su proyecto? Preguntamos por aquí y por allá.

Nos encontramos con otra sorpresa que, viéndola bien, no lo es si revisamos los antecedentes ingratos y malagradecidos de Javier Corral Jurado.

Simple y sencillamente Patricia no hace tanta ronda con sus hermanos Leticia y Javier. Sus razones ha de tener. No la hemos visto en informes de gobierno, de los que no se pierde uno Leticia; ni en operación política universitaria, ni despidiendo trabajadores gubernamentales, ni tratando de imponer candidato a gobernador en el PAN, donde sí ha intervenido comprobadamente Leticia.

En los boletines de prensa de Maru ayer sobre su cierre no hubo fiesta por esa presencia; bien por la discreción. Aunque políticamente puede significar mucho, suele decirse que el terreno familiar es sagrado.

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Desde hoy el volumen fue colocado en ceros. Los candidatos de todos los partidos políticos concluyeron ayer sus campañas electorales e iniciaron el llamado período de reflexión que implica alto total en las actividades proselitistas.

Aunque hubo encuestas y sondeos en abundancia, particularmente relacionadas con la gubernatura y la alcaldía, será hasta el domingo después de las seis de la tarde cuando conozcamos el resultado de ese tremendo esfuerzo electoral desarrollado por los principales competidores. La verdad sea dicha, allá entre el chiquillerío partidista es decir mucho sí recorrieron una cuadra pidiendo el voto, la inmensa mayoría.

Entre los posibles ganadores hubo guerra sistemática precisamente de encuestas; algunas con números ajustados, otras con diferencias de entre 10 y hasta 20 puntos porcentuales, sobre todo en mediciones relacionadas con la alcaldía.

Lo comprobable es que en serio gastaron suela de los zapatos. No la pasaron rascándose la panza. Loera perdió inclusive la voz en la parte última de la contienda, Maru cambió de sombrero y zapatos al menos un par de veces; “El Güero” Martínez se transformó en su vocero Belmonte, quedó pasado de moreno; Cruz y Mocken sufrieron también múltiples inconvenientes, pero sin quitar el pie del acelerador.

Así desarrollaron sus campañas de principio a fin; de ahí que cada cual asegure que ganará. Por ganas y trabajo intenso no han quedado, pero el resultado real será el que nos digan precisamente las urnas, cuando empiecen a contarse el domingo voto por voto, después de las seis de la tarde. Serán minutos cardiacos esos posteriores al cierre.

A respirar profundo, y no esperar, sino a preparar el día D.

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Resulta que en el tema del tramo troncal 8 del BRT juarense, sobre la 16 de Septiembre, sí hay un problema con la tubería de agua, tal y como lo señaló Coprofusa al momento de negarse a continuar con las obras si la JMAS no resolvía el asunto.

Ahora, los genios de la Secretaría de Comunicaciones en acuerdo con la nueva constructora, Anglo, llegaron a una solución. Para no mover la tubería, salvo donde sea estrictamente necesario, deberá hacerse de menor grosor el concreto hidráulico que deberá soportar el tránsito de decenas de camiones repletos de pasajeros.

En lugar de 80 o 90 centímetros de espesor, ahora tendrá 40 o menos. Es lo que dijo Gustavo Elizondo el lunes y de pasada le repitió trancazo a Coprofusa que “tiró y abandonó la obra”.

Las mentiras solitas se caen. Pero la consecuencia -por lo pronto- no es para el flamante secretario de Obras Públicas, Gustavo Elizondo, que se va en tres meses aunque anda que se le queman las habas queriendo quedarse. Serán los ciudadanos quienes la sufran, y el erario público por obras mal hechas y a toda prisa en el año de Hidalgo.

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Conforme se acerca el fin del quinquenio, la fortaleza de la “Operación Justicia” más queda en entredicho. Ahora hay alerta en el gabinete corralista porque cuando menos una vertiente, la administrativa, parece haber reventado.

Más exfuncionarios del sexenio pasado han sido procesados por responsabilidad administrativa que por penal. De hecho todos los acusados penalmente llevan otros procesos administrativos y todavía decenas son enjuiciados mediante esta vía civil.

De ahí han derivado cientos de recursos jurídicos cuya rienda lleva la Secretaría de la Función Pública, que ha logrado concluir relativamente pocos.

Pues bien, en estos días en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una contradicción de tesis en relación a la aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que se basan muchos de los casos de Chihuahua.

El tema surgió de una disputa por resoluciones de tribunales federales. Uno consideraba correcta la aplicación de la norma vigente ahora y otro, según la fecha de la irregularidad denunciada, consideraba que el proceso debía seguirse mediante otra norma vigente hasta hace unos años.

Tal vez la anterior secretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, lo hizo para que la extrañaran o de plano la incapacidad de Mónica Vargas llegó a tal grado que confundió los preceptos y tiempos legales; pero el caso es que la confusión con dichas normas apunta a echar a la basura decenas de casos.

El tiempo clave en la aplicación de las leyes es octubre de 2017. Los procesos iniciados antes o después de esa fecha pueden caerse de acuerdo a las normas que se hayan seguido para procesar a los inculpados.

Hasta ayer se revisaban los alcances de la contradicción de tesis y lo que harán los procesados con esa ventaja otorgada por la Corte, pero no son buenos los augurios. Por si le faltaran malas noticias al angustioso cierre del fracasado régimen.

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Reinstalado y todo en la Primera Sala de lo Penal, el magistrado Jorge Ramírez cumplió con lo que había anunciado: reclamó a la justicia federal el incumplimiento de los diputados a la suspensión que lo favorece.

También acusó al Ejecutivo del mismo absurdo. Porque ni el fiscal, César Peniche; ni el gobernador, Javier Corral, han tomado las providencias ordenadas por una juez federal.

En efecto lo han reinstalado, pero no ha sido con la complacencia del Congreso del Estado ni tampoco por la voluntad del Palacio de Gobierno, que buscaba mantenerlo fuera de la magistratura así fuera con disposiciones ilegales.

Si Ramírez despacha en su sala ha sido por la disposición, básicamente, del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González, más versado en asuntos jurídicos que cualquiera de los demás. Él vio el lío en que podría meterse el aparato judicial si no se acataba la resolución.

Por esa razón es que el magistrado reportó el cumplimiento a medias de la suspensión, lo que seguramente habrá de responder la juez federal en las próximas horas.

Ramírez siente sobre su cabeza un decreto de desafuero emitido por los legisladores, que no ha sido derogado. Tampoco se ha derogado la publicación del mismo en el Periódico Oficial del Estado, eso como obra del Ejecutivo.

Buscará el magistrado que de nuevo la justicia federal gire instrucciones precisas contra esas autoridades, en lo que se resuelve de fondo el juicio de amparo.