Opinión

Coronavirus. Las reacciones (VII)

Dos meses de confinamiento han transcurrido a raíz de la más catastrófica de las pandemias que nos haya tocado vivir en un siglo

Sixto Duarte
Analista

martes, 19 mayo 2020 | 06:00

Dos meses de confinamiento han transcurrido a raíz de la más catastrófica de las pandemias que nos haya tocado vivir en un siglo, justo después de la Gripe Española; en la actualidad, nadie se queja de que los historiadores le llamen así a la pandemia que golpeó al mundo entero por allá de 1918, a pesar de no haberse originado en España. 

Sin embargo, hoy los guardianes de lo políticamente correcto golpean a quienes llaman al coronavirus el “virus chino”. Estos censores de la modernidad no descansan ni en cuarentena. El coronavirus vino a cambiar prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, quizá como en su momento los cambió el atentado terrorista del 11 de septiembre. 

No sabemos todavía cómo será el mundo una vez que se levante la contingencia sanitaria, sin embargo ya empezamos a ver cómo distintos sectores se han ido adaptando a la necesidad de prestar sus servicios guardando la distancia social requerida. 

La enfermedad, además de venir a modificar muchos de nuestros hábitos de convivencia, ha sido también el pretexto perfecto para que algunas autoridades develen muchas de sus ansias dictatoriales, mismas que no tienen cabida en Estados que se estiman democráticos. 

En este sentido, recorrieron el mundo diversas imágenes de integrantes de la Mara Salvatrucha, detenidos en El Salvador, por presuntamente haber perpetrado diversos homicidios. 

Las imágenes del confinamiento carcelario, difundidas precisamente por el presidente Nayib Bukele, reflejan una serie de violaciones a los derechos de los internos. La voluntad popular, y el apoyo colectivo a estas medidas no son pretexto para violar los derechos humanos de los acusados; las democracias tratan precisamente de eso, defender también a las minorías, y en este caso, a los acusados, de la voluntad mayoritaria. 

Dentro de las medidas adoptadas por El Salvador, el propio Bukele ha expresado que confiscará el vehículo y revocará el permiso para conducir de aquellos que se encuentren circulando, violando así la cuarentena obligada. En nuestro país, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud es el facultado para dictar medidas que harán frente a la pandemia (73, fracción XVI, bases 2a y 3a de la Constitución). 

Estas medidas deberán ser obedecidas por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Aunado a ello, los derechos constitucionales solamente podrán ser limitados por el presidente con el aval del Congreso o la Comisión Permanente (29 de la Constitución). En materia de salud pública, el Ejecutivo ha dictado diversas medidas para hacer frente a la pandemia, que no se traducen en violación de garantías. 

No quiere cargar con el costo político y económico de suspender garantías, conforme al artículo 29 de la Constitución. Sin embargo, aprovechando la crisis y psicosis a raíz de la pandemia, sí ha buscado acumular más poder del que ya tiene. Bajo ese pretexto, buscó concentrar todas las facultades en materia presupuestaria, violando el principio histórico de que todo gasto debe ser aprobado por el pueblo, a través de sus representantes. 

En el mismo sentido que lo anterior, asestó un golpe a la generación de energías limpias, limitando la inversión privada en la materia. El pretexto fue, garantizar el abasto de energía eléctrica para hacer frente a esta pandemia. 

Igualmente, el decreto de militarización de tareas de seguridad pública, si bien no atiende a una motivación de salud pública, fue emitido cuando la sociedad no puede manifestarse, como lo hizo en el pasado. 

En la entidad, un violador consuetudinario de derechos humanos de acusados y detenidos, como lo es Javier Corral, no ha aprovechado en exceso la pandemia para acrecentar su poder, sin embargo, su inacción ha provocado un incremento en los contagios en Juárez. 

La omisión del Gobierno del Estado de obligar a las plantas de manufactura a cerrar, ha sido la principal razón por la cual los contagios y muertes a raíz del Covid se incrementen en Juárez. Igualmente, el Gobierno de Chihuahua optó por limitar la venta de cerveza a un cierto número de consumidores, a través de un sistema de citas. 

Dicha medida no encuentra sustento constitucional o legal. La limitación a la venta de alcohol en otras entidades ha traído consigo congestiones alcohólicas por el consumo de bebidas adulteradas. 

En la localidad, la decisión del alcalde Armando Cabada de limitar la circulación no esencial en la ciudad, es a su vez una violación a la garantía de libre tránsito, misma que no ha sido suspendida conforme al artículo 29 de la Constitución. 

Sin embargo, se debe reconocer que el retiro de vehículos de la circulación se ha fundado no en circular a pesar de la limitante, sino en no contar con la documentación para ello.