Opinión

Consulta popular y legitimidad política

Es pertinente recordar que tras una serie de avatares legales, la redacción de la pregunta finalmente fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia

Jesús Antonio Camarillo
Académico

sábado, 31 julio 2021 | 06:00

Faltan una cuantas horas para que se lleve a cabo la consulta popular en la que los ciudadanos responderán a la pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Veremos cómo responden los juarenses a este llamado.

Es pertinente recordar que tras una serie de avatares legales, la redacción de la pregunta finalmente fue elaborada por la Suprema Corte de Justicia, y guarda distancia de la inicialmente propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, enviada al Senado el 15 de septiembre de 2020 y que cuestionaba “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a la leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?

De cualquier forma y más allá de la redacción de la pregunta, el cuestionamiento que los mexicanos deberán contestar el domingo ha traído consigo cierta polarización de la sociedad sobre un tema que no puede ser reducido al legalismo estricto. Aquí lo que está en juego no es un tema de aplicación mecánica de la ley. Esos clichés expuestos por parte de los segmentos más conservadores de la sociedad en el sentido de que “la ley se aplica no se consulta” evocan un específico panorama muy propio del siglo XIX, en donde ciertas escuelas del pensamiento jurídico pretendían reducir todo al texto de la ley. No, este no es un tema que pueda analizarse sólo al tenor de lo que las leyes y la Constitución establezcan, porque su núcleo se nutre, sobre todo, de elementos de legitimidad política y moral.

Por ello, de nuevo es pertinente traer a colación, brevemente, la distinción entre legalidad y legitimidad política. Algo es legal cuando encuentra su correlato con lo permitido, expresa o tácitamente en los ordenamientos jurídicos y sus reglas de clausura. En cambio, la legitimidad se ubica en un panorama axiológico, es decir, en un complejo de valores, sentimientos, atributos, percepciones y creencias. En este caso concreto, la consulta ciudadana si bien cumple con las formalidades propias del juego del derecho, se inserta sobre todo en un modelo de legitimidad política en la toma de decisiones públicas. Por más ambigua que haya quedado la pregunta, proviene de una faena discursiva en la que convergen esfuerzos por legitimar ulteriores decisiones legales y políticas en el marco de una democracia participativa y no solamente bajo la óptica del elitismo de un conjunto de jueces o actores políticos encumbrados en las más altas esferas del poder.

Reducir la complejidad sociopolítica de la temática del ejercicio de participación ciudadana al pobre eslogan de que “la ley se aplica no se consulta” es colocarse en el reducido plano del limbo de la legalidad, en un país que tiene que atreverse a consolidar su memoria histórica y hacer frente a los demonios de su pasado más reciente. Es un acto político, sí, lo es, no se trata de una mera manifestación de formas jurídicas o de la aplicación de la ley en forma aséptica. De ser así, no tendría mucho sentido la consulta. Es un evento que trasciende al derecho, por supuesto que sí. Y ese, es quizás, uno de sus principales méritos. Sus consecuencias e implicaciones más importantes tampoco serán jurídicas. Elementos de legitimidad política son los que están en juego. No es mero legalismo.

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