Consulta ¿a mano alzada?

Es relevante colocar dos temas que ayudarán a dimensionar la importancia que tiene la toma de decisiones en cuestiones de desarrollo urbano y social: la metropolización y la movilidad urbana. 

De inicio podemos afirmar que el crecimiento de las ciudades ha sido un factor sustancial para el surgimiento del fenómeno de metropolización en nuestro país, fenómeno sumamente actual que en cualquiera de sus modalidades adiciona complejidad al tema de la gobernabilidad. En México, un primer criterio para denominar a una localidad como zona metropolitana es que tenga una población igual o mayor a 500 mil habitantes. Un segundo consiste en reconocer la conurbación de dos o más localidades, esto es, cuando las localidades crecen a grado tal que dan lugar a una continuidad física, tanto así, que sus límites son imperceptibles. La conurbación puede darse entre dos localidades del mismo municipio, localidades de dos o más municipios, entre entidades federativas o hasta binacionales, como sucede entre Juárez y El Paso, considerada como una de las más dinámicas a partir de 1950.

Cuando esto sucede entre localidades de un mismo municipio, el grado de complicación es mayor a que si se tratara de una sola ciudad con población mayor a medio millón de habitantes, pero tiene el atenuante que ambas localidades son gobernadas por la misma autoridad municipal; mas el tema va adquiriendo complejidad cuando se trata de municipios de diferentes entidades estatales, pues ello hace necesario largas y poco sencillas negociaciones entre los gobiernos municipales y estatales para lograr resultados convenientes para las partes involucradas y, de hecho, por la escala la participación de la Federación es inminente. Para 2015, México contaba con 74 zonas metropolitanas que concentraban 75.1 millones de habitantes, el 62.8 por ciento de la población total del país; dentro de éstas, siete casos eran interestatales, es decir, con un grado mayúsculo de complejidad tanto en temas de planeación territorial como administración pública de la zona, cuya magnitud hace necesarias inversiones en megaproyectos que, en la mayoría de los casos, rebasan los alcances de los gobiernos municipales y estatales.

En cuanto a la movilidad, la complejidad para trasladar personas y mercancías en zonas metropolitanas es directamente proporcional a su población, tamaño físico y normatividades aplicables a cada municipio y entidad federativa involucradas. Para nadie es sorpresa que la movilidad es hoy día un tema toral para el desarrollo económico y social de alcance local, regional y hasta nacional. Simplemente, si usted desea desarrollar una zona de la ciudad, o una región de la entidad, o del país, lo primero en que debe pensarse es en su accesibilidad y conectividad.

Por ello es grande el asombro que ha causado lo acontecido el pasado 16 de junio en Gómez Palacio, Durango, cuando de pronto, sin ningún antecedente que pudiera hacer sospechar, se canceló el proyecto del Metrobús en la Zona Metropolitana de la Laguna, que conectaría las ciudades de Torreón, Coahuila, con las de Gómez Palacio y Lerdo, Durango. Tres ciudades y dos entidades que tras largas negociaciones habían consensuado un proyecto que incentivaría la inversión, considerado como motor para el desarrollo social y económico de la población que elevaría la calidad de vida del millón 342 mil 195 habitantes para 2015.

Pero ¿cómo fue que sucedió? Pues bien, entre los grupos que en voz alta exponían sus demandas al presidente había uno que gritaba “No al Metrobús”. De pronto, interrumpió su discurso y dijo “a ver… respiren profundo y con calma, sólo para medir el agua a los camotes: que levanten la mano los que consideren que no hace falta lo del Metrobús”, acto seguido invitó a levantar la mano a quienes consideran que sí es necesario el Metrobús. Viendo que eran más quienes no estaban de acuerdo, sin más afirmó: “No hubo Metrobús”.

Y fue así como se canceló un megaproyecto de alcance metropolitano que ya contaba con recursos asignados: sometiéndolo a una consulta a mano alzada. No hubo razones técnicas, con la opinión de un puñado de personas. Hoy los inversionistas desconfían. Mas, el pueblo manda, se dijo. ¿Vale decidir así? ¿Sin el debido conocimiento y en un simulacro de participación ciudadana?