Opinión

Construyendo políticas públicas de seguridad ciudadana

Como ciudad fronteriza somos conscientes de que la seguridad ciudadana es una de las preocupaciones centrales de nuestra sociedad

Antonio Salas Martínez
Analista

lunes, 22 marzo 2021 | 06:00

Para que la problemática de la inseguridad reciba la atención gubernamental necesaria, requiere identificarse de forma clara como parte integral y de solución prioritaria en la agenda de gobierno, en acuerdo  con actores sociales organizados y  ciudadanos con un interés real de intervención en el diseño e implementación, así como la evaluación de las acciones de las autoridades responsables. 

Como ciudad fronteriza somos conscientes de que la seguridad ciudadana es una de las preocupaciones centrales  de nuestra sociedad, y debe serlo también de los gobiernos que asumen el compromiso de garantizarla. Concebida la seguridad bajo el enfoque de un  bien público, porque la debe disfrutar cualquier ciudadano y ningún integrante de la comunidad puede ser excluido  para su uso; resulta esencial establecer criterios de gobernanza y construir políticas públicas exitosas que aseguren que la problemática que detona  la inseguridad está bien definida y reconocida y que la estrategia ofrece una respuesta basada en evidencia y necesidades reales. 

Las estadísticas presentadas por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana pueden ser guía e insumos de lo que deben atender los lineamientos y estrategias contenidos en la política pública en materia de seguridad ciudadana.  El año 2020 cerró con 1,427 homicidios dolosos, 19 feminicidios, 723 robos a casa habitación (44 de ellos con violencia), 2,381 robos de vehículos (375 de ellos con violencia), 972 robos a negocios (94 de ellos con violencia). Estos indicadores, entre otros, obligan a diseñar acciones de gobierno que inhiban la comisión de delitos y con esto se logre garantizar el ejercicio de los derechos y el bien común, no como un fin, sino como una garantía para la convivencia ciudadana en un Estado de Derecho. 

Un elemento fundamental para el correcto diseño de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana es la participación social, lo que permite crear un modelo de responsabilidad colectiva en la definición de ejes y estrategias, como rasgo sistemático y distintivo de acciones exitosas de gobernanza. El involucramiento de actores sociales y ciudadanos en la construcción de las acciones de gobierno en materia de seguridad, legitima su estructura a través de una lógica que evita construir basándose únicamente en creencias, teorías o construcciones ideológicas; sino que se construye sumando estrategias de los ciudadanos emanadas de su convivencia y articulación en sociedad como seres humanos. 

Los actores sociales que deben incidir en el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana son las Universidades a través de sus grupos de investigación que han abordado de forma robusta y profunda el problema, las Cámaras Empresariales que han padecido en sus agremiados alguna manifestación de violencia e inseguridad,  los Colegios de Profesionistas  que en su ejercicio han sido capaces de dimensionar recomendaciones y soluciones de blindaje social y prevención. 

Debemos considerar el conocimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil que han participado en un gran número de acciones de prevención y de cohesión social para inhibir la inseguridad y han vivido la experiencia de trabajar directamente con población vulnerable y expuesta, lo  que les permite proponer acciones que los gobiernos deben considerar en sus estrategias de seguridad.

Se deben considerar las experiencias globales exitosas  cuando construyamos a través de procesos locales donde logremos una genuina articulación entre las autoridades municipales con el protagonismo social. Si atendemos las recomendaciones del Banco Interamericano de Desarrollo en materia de seguridad, las propuestas deben de estar dirigidas en realizar acciones de manera estratégica que aseguren  la prevención estructural donde se creen las condiciones para limitar  la probabilidad de conductas violentas, trabajando  para que las juventudes en situación de riesgo tengan oportunidades para evitar siendo víctimas y agentes de la violencia social. En esta acción es muy importante considerar la adecuada configuración del espacio público en un espacio de interacción y encuentro para la ciudadanía.

Las propuestas de  prevención deben considerar anticiparse a los hechos, comprendiendo y abordando las causas y los factores de riesgo asociados a ellos. El BID asegura que la prevención   reduce las probabilidades de convertirse en víctima potencial por medio de la reducción de oportunidades, logrando que el crimen violento se haga más difícil, más riesgoso o menos ventajoso. 

De manera consciente y  como ciudadanos juarenses comprometidos debemos participar con gusto y convicción involucrándonos en las construcciones de planes de desarrollo local en materia de seguridad, sumando experiencias y definiendo objetivos cuyo cumplimiento generará bienestar y desarrollo para nuestra Heroica Ciudad Juárez. 

Debemos dar seguimiento a la implementación de las políticas construidas, así como  evaluar los resultados de las mismas, lo que permitirá perfeccionar las líneas de acción de quienes sean los responsables de su operación. Esto nos demuestra que el proceso de involucramiento en las políticas de seguridad ciudadana es permanente y no solo es una etapa única, sino que requiere de continuidad y esquemas de mejora continua, pero sobre todo de compromiso ciudadano.