Con edictos, buscan atrapar tiburones

-Con edictos, buscan atrapar tiburones

-Traban acuerdo alterno los de Morena

-Entre tumbos la nueva Jucupo

-En el 13 de mala suerte se quedó Chihuahua Seguro

No lo hallaron ni con instrucciones específicas dadas al exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Hugo Mendoza, y ahora lo buscan mediante públicos edictos de notificación.

Así anda el nuevo amanecer y sus “expedientes x” u “Operación Justicia para Chihuahua”.

Es el caso del exsecretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado hasta noviembre del 2014, Octavio Legarreta Guerrero, a quien le han fincado cargos por corrupción en tres diversos expedientes.

No tenemos mayores detalles sobre los hechos de los que es acusado pero indudablemente tiene que ver con el trasiego de ganado que supuestamente pasó del gobierno a manos del exgobernador, César Duarte.

La Secretaría de la Función Pública cumple como mero trámite la publicación de edictos sobre ese y otros muchos prófugos del duartismo pero no creemos que vaya a tener éxito si los inculpados burlaron con suficiente éxito a los policías ministeriales que los anduvieron rastreando.

Es quizá esa razón por la que el gobernador Corral ha decidido tomar personalmente en sus manos los “x” y dictar órdenes como agente del Ministerio Público, como policía, juez, y hasta como jefe carcelario. En el Cereso ya se le murió un detenido por Covid.

Durante los dos últimos meses ha sostenido el gobernador al menos 12 reuniones con unos y otros integrantes del equipo de los “x” que operan en la antigua Casa de Gobierno, donde tuvieron sus despachos José Reyes Baeza y Duarte Jáquez.

El propio director operativo de los “x” ya parece fastidiado con el mismo cantar del patrón Corral. Necesita más detenidos para sumarlos como testigos contra Duarte cuando sea extraditado de los Estados Unidos y traído a Chihuahua pero los más buscados, como Legarreta, no hacen caso ni con policías ni por edictos.

Buen pretexto para desentenderse de otros temas, de todos los temas que debieran merecer igual o mayor atención en el ejercicio de gobierno.

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El coordinador de los diputados locales de Morena, Miguel Ángel Colunga, no fue gratis a exponerse a la sesión del Congreso del Estado en La Boquilla, el pasado jueves. Aprovechó la visita a la región después de haber salido por piernas abucheado por los productores agrícolas.

Al término de la sesión legislativa y mientras los panistas, principalmente, se quedaron a la comida en la presa tomada desde el pasado 9 de septiembre, Colunga tuvo discreto encuentro con dos de los líderes que han promovido las manifestaciones.

El diputado, acompañado de su coordinador de Asesores, Hugo González, así como del secretario del Trabajo de Morena, Osmand González, se reunió con Salvador Alcántar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riesgo (Aurech) y con el alcalde de Rosales, José Ramírez Licón, también dirigente del Módulo 6.

Alcántar es de los afectados con la drástica decisión de congelar sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ramírez es de los promotores más activos de la izquierda en la zona sur. Ambos son viejos aliados de la 4T y de sus liderazgos locales.

En Camargo y alejados de los reflectores, Alcántar y Ramírez pactaron la forma de comenzar a desactivar parte de las protestas. Lo harían sobre todo porque han notado el descarado manejo político de un conflicto que inició con un reclamo legítimo y se ensució con la manipulación electorera.

El coordinador morenista ofreció a cambio interlocución con el gobierno federal y, en línea con el superdelegado Juan Carlos Loera, buscar soluciones con Gobernación y la Comisión Nacional del Estado, alejados de los intereses que ha protegido y alentado el gobernador Javier Corral, así como otros liderazgos panistas que no han dejado pasar la ocasión de llevar agua a su molino.

El acuerdo alterno morenista desalentaría en mucho las protestas. Deberá notarse si funcionó o no la fuerte intervención política en la megamarcha convocada para mañana en el centro de Delicias.

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La Junta de Coordinación Política (Jucopo), que desde hace dos semanas debió haberse integrado, sigue sin ser conformada por los diputados locales. La razón más que evidente es el quiebre profundo y distracción que representa el conflicto por el agua.

Como la Ley Orgánica del Congreso del Estado establece que un partido no puede presidir al mismo tiempo la Legislatura y la Jucopo, ésta última legalmente ya no existe como tal. Esto se debe a que el año actual encabeza la directiva la panista Blanca Gámez Gutiérrez y Fernando Álvarez, el coordinador albiazul, presidía el órgano colegiado que le da conducción a los acuerdos políticos.

El pretexto del conflicto del agua como freno a la labor legislativa se ha ido agotando. Es cierto que muchos diputados representan regiones o intereses relacionados en el conflicto del agua, pero también es verdad que los legisladores poco o nada pueden hacer para solucionarlo.

Es más, el que se involucren diputados locales de todos los partidos en marchas y protestas, sesiones convocadas en la zona sur, en reuniones de todo tipo, sólo profundiza el problema. Hay que estar ciego para no darse cuenta que el papel del legislador, en casos como el actual, no representa algo favorable como sí puede serlo si se concentra en los asuntos camerales.

La politización lejos de ayudar en la búsqueda de soluciones ha hecho lo opuesto, ha generado una problemática mayor que como se sabe ya derivó en la muerte de una persona y en daños incuantificables a la infraestructura hidráulica.

Entonces ya es momento de que los diputados comprendan que mantener semiparalizada la labor legislativa, sin conducción política, terminará por afectar a todos. En cuanto al conflicto del agua sólo dejará ganancias electorales a unos cuantos, si es que no termina por revertírseles.

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Trece es un número que por superstición es considerado de mala suerte. Por tradición aún la conservan muchísimas personas.

Pues ese es el número en que se quedó el programa Chihuahua Seguro. Desde el 11 de junio en que se estrenó, nunca se suspendió, hasta que de pronto la semana pasada dejó de transmitirse.

El pretexto fueron los acontecimientos de La Boquilla, con el desafortunado homicidio de Jessica, que poco tiene de imprudencial, cometido por la Guardia Nacional.

Desde ese momento, jueves 10 de septiembre, el malogrado programa salió del aire. Se necesitaba mucho hígado para estar presentes en un asunto donde el Estado y la Federación se lavan las manos.

Antier tampoco se transmitió y por las vísperas se cree muy difícil rescatar ese formato de pseudo informe de seguridad, que terminaba siendo un reporte meramente policiaco, con personas detenidas violentando el principio de debido proceso.

No es lo mismo que sea un medio de comunicación auténtico quien informe a que sea la corporación policíaca quien exhiba públicamente a los presuntos responsables de un delito. Terrible y draconiano mecanismo de linchamiento.

No hay condiciones de coordinación para que se sienten Estado y Federación en ese tema de seguridad. Las inolvidables alabanzas mutuas entre las Fiscalías Estatal y General, la Quinta Zona y la Guardia Nacional, quedaron en el pasado. Las lanzas están rotas por el momento y ni para cuándo se arreglen.