Con casita de 20 millones se entiende todo

• Con casita de 20 millones se entiende todo

• Del PAN le están revocando el mandato

• Subsecretario acabó de administrador de la FGE

• El aviso de que no existe el PES es para el PAN

Un golpe sin duda demoledor contra la autoproclamada pero inexistente decencia del régimen encabezado por el panista Javier Corral Jurado ha sido dejado caer en el momento menos deseado por el gobernador.

Desde el corazón político del estado, que es la ciudad de Chihuahua, fue soltado el trancazo por Fermín Ordóñez, presidente del PRI municipal. 

Está revelando con datos y señales que el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, construye (o reconstruye) una residencia en el fraccionamiento más exclusivo de la capital con un costo aproximado a los 20 millones de pesos.

El funcionario se defendió casi de inmediato pero sin músculo, sin versión creíble. Compró una casa “vieja” que está reconstruyendo con un crédito bancario. No explicó datos sobre los costos de la residencia ni del crédito. Imposible cuadrar números con un sueldo mensual aproximado a los 100 mil pesos y con gastos personales de al menos el doble.

Han sido tres años de libertad y de libertinaje no sólo para Peniche, sino también para el comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, sospechosamente defendidos hasta la ignominia por el gobernador.

Es imposible que no haya corrupción en la Fiscalía estando las cosas como están en la entidad. Violencia por todas partes, control de la delincuencia organizada por cada una de las zonas, particularmente de Cuauhtémoc hacia el noroeste y de Delicias hacia el sur.

Ahora vemos que la operación impune de los poderosos cárteles no es de a gratis.

En la denuncia también hay contaminación política, no podemos pasar por inocentes, Fermín debió contar con todas las líneas de investigación y documentales desde cuarteles blanquiazules. No es resultado de indagatorias propias.

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Si es lo que parece tenemos una revocación política de mandato en los hechos del ciudadano gobernador Javier Corral Jurado. Aquel procedimiento que rechazaron iniciar funcionarios electorales lo está logrando la realidad sin muchos aspavientos y sin costo para el presupuesto público.

Dos de los principales operadores del mandatario y en gran medida beneficiarios de su dejar hacer y dejar pasar a los amigos, o supuestos amigos, el diputado federal, Miguel Riggs y el senador, Gustavo Madero, han puesto distancia del jefe con suficiente claridad como la adoptada por la alcaldesa de Chihuahua, Maru Campos Galván.

Ambos políticos panistas fueron de los que se acuerparon, negociaron y casi lograron la unanimidad para Francisco “Paco” Navarro como nuevo presidente del comité municipal blanquiazul en la capital del estado. Desde luego, el ejército mayor estuvo a cargo de la alcaldesa y precandidata a gobernadora.

Riggs obtuvo con Óscar Díaz una posición para su equipo en el comité municipal, Madero metió de lleno en ese proceso interno a Carlos Olson Sanvicente, al mismo tiempo administrador del Tribunal Superior de Justicia.

Esas intervenciones por supuesto no fueron del conocimiento del gobernador Corral porque no únicamente la alcaldesa ha iniciado un deslinde de tanta barbaridad cometida por el mandatario contra los chihuahuenses y su patrimonio, sino muchos “amigos” y panistas que piensan en su futuro. Han concluido que está por terminar el corrido del jefe de manera contundente y es necesario huir del infierno que se avecina.

Hace dos meses saltó del barco del Gobierno estatal María Eugenia Falomir, “Maru”, esposa precisamente de Madero. Ningún ruego del gobernador fue exitoso para impedir que ella dejara la Dirección de Grupos Vulnerables. Sigue la posición acéfala.

Resumimos: si Riggs y Madero están buscando colocar bajo mejor resguardo su patrimonio político futuro; si en la ciudad de Chihuahua tiene perdido Corral el control total del partido, no le queda ni una secretaria; si en el centro del estado domina también Maru, y si la mayoría de los militantes panistas de Ciudad Juárez acaba de rechazar a su candidato, Rubén Trejo, para entregar la dirigencia a un deslindado de hace mucho tiempo, Joob Quintín, entonces podemos aseverar que es en Acción Nacional donde han revocado anticipadamente el mandato a su exprimer panista, Javier Corral Jurado.

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Hace escasos días regresó al Gobierno del Estado el que fuera subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, Eduardo Fernández Herrera. Nada contento estará su exjefe inmediato, Arturo Fuentes Vélez.

Víctima de la pelea a muerte en el área que maneja las finanzas públicas, Fernández acabó de administrador de la Fiscalía General del Estado, un monstruo enorme en comparación con la mayor parte de las instancias públicas, pero pequeñito si se le mide con Hacienda.

El cargo para el que fue designado –director general de Administración adscrito a la FGE, se llama oficialmente el cargo otorgado el 15 de agosto– debe soportar toda la operación del aparato de procuración de justicia. 

No tiene comparación el presupuesto de la Fiscalía con el gasto global que manejaba Fernández Herrera.

Además esa área siempre ha estado en pugna, y así seguirá, con la parte administrativa de la Comisión Estatal de Seguridad. Ni se diga con el gran administrador de la tesorería estatal, el secretario de Hacienda en turno, pues cada uno prioriza el gasto de acuerdo a sus intereses.

Muchos no entendieron por qué aceptó Lalo Fernández el cargo, si antes había sido subsecretario. Pero además ya había tenido que enfrentarse con un burocratizado en extremo secretario, Arturo Fuentes Vélez, quien ahora también estará por encima de él.

No es un secreto, pues, que los intereses personales, institucionales y hasta económicos de Fernández chocan con los de Fuentes Vélez, lo que hace inexplicable que haya terminado por aceptar ese cargo menor, carnoso, pero menor.

De plano cree eso de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error o la designación es sólo algo temporal.

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El acuerdo hecho en lo oscurito del diputado juarense, Misael Máynez, de Encuentro Social, o lo que queda de este partido, es con el líder de la bancada panista en el Congreso del Estado, Fernando Álvarez Monje.

De ahí que por más resoluciones de los tribunales electorales que niegan la existencia del PES, el Legislativo le sigue dando oxígeno con cargo al erario.

Ayer, ante el reclamo del diputado priista Omar Bazán para que el Instituto Estatal Electoral, el Congreso del Estado o quien corresponda, emita un dictamen que desaparezca esa bancada maltrecha de un partido inexistente, no faltaron los panistas que aconsejaron reenfocar el mensaje.

No es al IEE ni a algún tribunal, tampoco al Pleno del Legislativo al que debe presionarse, sino a Álvarez Monje, quien ha comprado la idea al diputado pastor de que es capaz de regentear cuando menos a dos de sus compañeros.

Tres votos para una mayoría azul achicada son muchísimos. Razón de sobra para proteger a Máynez con recursos adicionales.

Ahora bien, el acuerdo negro con Máynez va más allá de los votos que requiere el albiazul en las coyunturas que le interesan.

Cuestión de buscarle a las relaciones familiares que han tejido el legislador del PES y algunos connotados panistas, que al estilo de los tribunales se intercambian favores y plazas para los suyos, a fin de disimular un poco el nepotismo, que puede olerse a kilómetros de la Torre Legislativa.

En Palacio de Gobierno se vende como vital el amasiato con Encuentro Social, pero en realidad son otros los intereses creados, más allá de los supuestos votos que aporta el pastor de tan mal ejemplo para su rebaño fronterizo.