Con alias de H-2 y El Padrino... jefes del Ejército

-Con alias de H-2 y El Padrino... jefes del Ejército

La caída del general exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, llamado “El Padrino” en la acusación de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, debe llamar a repensar la confianza que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha puesto en el Ejército.

Justo en el momento en que se hablaba en México de la “nueva” dependencia operativa aunque no orgánica de la Guardia Nacional -que quedaría supeditada a las fuerzas armadas- llegó la detención que seguramente anhelaba la autoridad estadounidense.

Antes el país vecino había tratado de acusar y perseguir a varios altos mandos militares mexicanos. Los principales habían sido Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa en los años 80 con Miguel de la Madrid, y Jesús Gutiérrez Rebollo, zar antidrogas de Ernesto Zedillo. El primero fue benefactor de Rafael Caro Quintero, acusado, entre mil cosas más, de la muerte de un agente de la DEA; el segundo era protector de Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”, cuando el Cártel de Juárez era dominante.

Con ninguno había podido el gobierno norteamericano. Ninguno cometió tampoco “el error” de pisar suelo gringo.

Hasta ahora los estadunidenses se han apuntado “un triunfo” que pone en duda las administraciones presidenciales de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pues “El Padrino” fue secretario con uno y Oficial Mayor de la Defensa con otro. Eso independientemente del caso Genaro García Luna.

Los cuadros que heredó Cienfuegos hoy soy generales con mando en secciones del Ejército, escuelas, regiones, zonas y batallones militares por todo el país. Si bien el secretario actual, Luis Crescencio Sandoval, no fue recomendación de su antecesor, según lo aseguró López Obrador, él a su vez formaba parte de su estructura como subjefe de Operaciones del Estado Mayor.

A esa estructura entregó el presidente la confianza para operar no sólo acciones administrativas (Banco del Bienestar, Migración, Aduanas, Puertos Marítimos, Aeropuerto Felipe Ángeles, etc.), sino el modelo de seguridad del país que en este sexenio experimentó con la Guardia Nacional.

La corporación se integró con los oficiales de la extinta Policía Federal, pero sus mandos vienen del mismo Ejército que durante años, por más de cuatro décadas, ha estado bajo sospechas fundadas de corrupción.

La Guardia Nacional despacha, tiene sus bases, sus centros operativos fijos y móviles, en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Es casi imposible distinguir a un grupo de otro, salvo por los vehículos oficiales que se dividen entre el verde olivo y el impecable blanco de las nuevas camionetas. Son los mismos. Son militares.

Son aquellos del fallido operativo calderonista Todos Somos Juárez, que arrojó más de ocho mil muertos en unos cuantos años en esta frontera; los mismos acusados de desaparecer gente en Ojinaga durante administraciones pasadas; los mismos de la Operación Conjunta Chihuahua, que trajo a la entidad la mayor ola de violencia, que en este sexenio parece reeditarse debido a la complicidad de gobiernos, mandos de corporaciones y criminales.

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Chihuahua es epicentro nacional de la violencia, en buena medida por la inexistencia de un gobernador de facto, pero también por el rumbo equivocado que ha tomado la seguridad que se administra a nivel federal. Abona a ello un indecoroso papel que han jugado las Fuerzas Armadas y otras corporaciones.

Independientemente de la dinámica de los cárteles en el territorio estatal, protegidos por años de acuerdos bajo la mesa de los jefes militares y policiacos, la Guardia Nacional representa todo lo que no se debe hacer, todo lo que ya no quiere la población.

Esa Guardia Nacional infiltrada por el Ejército, cuya reputación hoy se pone de nuevo en entredicho, es la que mató a la joven madre de familia Jessica Silva y dejó gravemente herido a su esposo Jaime Torres, la noche del 8 de septiembre pasado.

Esa Guardia Nacional es también la responsable de herir a una mujer el 7 de octubre en Gómez Farías, en otro incidente.

Tanto el titular de la corporación, Luis Rodríguez Bucio, como Alfonso Durazo, han catalogado de simples accidentes lo ocurrido con los militares que forman parte del polémico cuerpo de seguridad en el que basa su estrategia de combate al crimen.

La investigación que hizo la Fiscalía General del Estado, tal como lo dio a conocer su titular, César Augusto Peniche, identificó en ambos casos, con la evidencia suficiente, a los soldados de la Guardia que atacaron a los chihuahuenses. Asimismo, evidenció que hubo manipulación de la escena del crimen en el primero y más conocido de los casos. Razones jurídicas no faltaron para una detención.

Sin embargo, la investigación inexplicable o muy explicablemente entregada a la Fiscalía General de la República quedó estancada. Hasta la fecha no han sido puestos a disposición de un juez los elementos responsables de las lesiones y el asesinato, cuando desde el momento mismo, en flagrancia, era lo procedente.

El cuestionamiento al Ejército de ayer y de hoy con la captura de Cienfuegos, que tiene múltiples implicaciones, debe obligar al presidente López Obrador a repensar qué tanta confianza y poder habrá de darle a las Fuerzas Armadas para conducir al país.

Tal vez es el momento para que el jefe del Ejecutivo federal sea prudente y entregue a la justicia, por ejemplo, a esos militares que se excedieron en Chihuahua. No sólo es el alto mando militar el cuestionado, es toda la institución. Está visto y documentado que los militares no son lo que quisiéramos que fueran.

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Políticamente la detención de Cienfuegos Zepeda tiene muchas implicaciones. Es el segundo integrante de un gabinete presidencial que cae tras el proceso que siguió Estados Unidos contra el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y otros tantos extraditados del Cártel de Sinaloa, el de Jalisco y el que ahora está en boca de todos, el del “H-2”, Juan Francisco Patrón Sánchez.

Contiene el suceso muchos mensajes para los expresidentes Peña Nieto y Calderón Hinojosa, que no deben dormir tranquilos por las evidencias que alcanzan a sus respectivas administraciones.

Pero no sólo contiene historia la escandalosa captura de un exsecretario de la Defensa Nacional. No sólo puede verse como un añorado desquite de la DEA, que como las mejores venganzas la ejecutó en frío, a 35 años de la muerte del agente Enrique “Kiki” Camarena, a manos de criminales que despachaban tanto fuera como dentro de las instituciones mexicanas.

No es, pues, sólo un mensaje para que tiemblen los expresidentes y otros exsecretarios que seguramente la autoridad federal estadounidense debe tener en la mira.

La detención también debe verse como una cachetada con guante blanco a la administración de López Obrador. Su general secretario Sandoval, su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo (de quien formalmente depende la Guardia Nacional, aunque en los hechos sea una institución militarizada) y su fiscal general, Alejandro Gertz Manero, no han mostrado resultados exitosos en la lucha contra el crimen. Sus decisiones agravian más a la ciudadanía que a los criminales.

Estados Unidos -pese a sus ambiguas relaciones con mandos militares y jefes policiacos mexicanos- manda decir que su gobierno sí combate la corrupción mexicana ligada al crimen organizado, como no se ha hecho en el sexenio actual. Sea del nivel que sea.