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Opinión

Claves para entender la Reforma Político-Electoral

A lo largo de los últimos tres años, México ha dado un vuelco rotundo en materia política y electoral

Andrea Chávez
Analista

jueves, 12 mayo 2022 | 06:00

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A lo largo de los últimos tres años, México ha dado un vuelco rotundo en materia política y electoral con el propósito de avanzar hacia paradigmas más participativos en los que las mayorías sociales aumenten su incidencia en la toma de decisiones.

La falta de certezas políticas que caracterizaron nuestro pasado más reciente, tras los fraudes y las parcialidades de los organismos electorales, fue el caldo de cultivo para una profunda demanda popular que, por años, ha buscado reformar el sistema político electoral a fin de que se ciña al contexto y necesidades actuales, garantizando la representatividad y la pluralidad de un pueblo tan diverso como el nuestro. 

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Hace unos días, el presidente López Obrador presentó una propuesta de reforma a la Constitución para dar cauce a esa petición: fortalecer los mecanismos de participación y representación de las y los ciudadanos, garantizar la imparcialidad con la que deben llevarse a cabo elecciones y consultas, y el ahorro radical en el gasto de los partidos políticos.

Propongo discutir la propuesta bajo tres distintas temáticas, que he de explicar a continuación:

1. Austeridad y presupuesto:

La aprobación de esta propuesta se traduciría en un ahorro anual de hasta 24 mil millones de pesos. Esto derivado de acciones para garantizar que ningún consejero electoral gane más que el presidente; prescindir del aparato burocrático existente en los organismos públicos locales electorales (OPLES) y Tribunales locales, que nunca dan certeza a los procesos electorales; y regulando el financiamiento de los partidos, locales y nacionales. Es decir, que éstos solamente reciban financiamiento en temporadas de contienda electoral, ya que, año con año, los partidos reciben sumas millonarias de dinero que podrían tener mejor provecho para el bienestar de las y los mexicanos. No puede haber partidos ricos con pueblo pobre. 

Con miras a hacer efectiva la participación de todas y todos los mexicanos, el dinero ahorrado también se invertiría en un sistema de votación electrónico que brinde seguridad y legalidad al voto, para que las y los mexicanos residentes en el extranjero hagan valer su voluntad en todos los procesos electorales federales y locales, así como en los mecanismos de participación ciudadana, que ya son derechos constitucionales.

En Chihuahua, el financiamiento asignado a los partidos locales asciende a 167 millones 981 mil 846 pesos. Con esa cantidad podría beneficiarse a más de siete mil adultos mayores con su Pensión para el Bienestar o emplear a 2 mil 600 jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Además, el costo de los órganos políticos locales electorales en el estado asciende a más de 415 millones de pesos. Eso, considerando que Chihuahua tiene muchos menos habitantes que otras entidades federativas.

En resumen: reducir burocracias y limitar el financiamiento de los partidos políticos sólo a los períodos electorales.

2. Imparcialidad y árbitro electoral:

Es de vital importancia para la existencia de la democracia en nuestro país que tanto los consejeros del propuesto Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) –institución que sustituiría al INE– como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se elijan mediante el voto popular. Para ello, los nuevos consejeros se elegirían de veinte nombres propuestos por cada uno de los tres poderes; en el caso de los magistrados, serían diez.

No es posible que aún tengamos un árbitro electoral que, además de ser el más caro del mundo, traiciona la voluntad de la ciudadanía orquestando fraudes, censurando ejercicios de derechos constitucionales y eligiendo bando, atentando contra los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad.

En resumen: un árbitro imparcial, emanado de la voluntad popular, que no sea juez y parte en una elección.

3. Nuevo modelo del Poder

Legislativo:

Finalmente, la iniciativa del presidente contempla una reducción considerable de representantes en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales y en los Cabildos. En el caso del primero, se propone una reducción de 200 diputados para quedar con 300, que serían electos a través de listas postuladas, un nuevo método de elección que garantiza la más pura de las representatividades. En el caso de la Cámara Alta, se propone se mantengan 96 de los 128 senadores, tres por cada entidad federativa, eliminando la lista nacional.

En el caso de los Congresos locales se propone la reducción de 459 diputados en el país. En Chihuahua, de aprobarse la iniciativa, pasaríamos de tener 33 diputadas y diputados a tener 20, considerando la cantidad de habitantes en nuestro estado según el último censo. Y también existiría una reducción considerable de regidores en los cabildos para reducir la robustez y el exceso en los órganos de representación de la administración pública.

En resumen: cuidar el presupuesto público y lograr que si el pueblo entrega un 40% de los votos a un partido, ese partido tenga un 40% de los diputados y diputadas, ni más ni menos.

Ojalá, en esta ocasión, los grupos parlamentarios de oposición sí lean la propuesta, atiendan a los foros del Parlamento Abierto y, de encontrarse inconformes con algún punto de la propuesta, lo debatan abierta y públicamente fundamentando su postura con argumentos.

De otro modo, al igual que ocurrió con la Reforma Eléctrica, seguiremos pensando que el PRI y el PAN sólo responden a intereses privados, nacionales y extranjeros, ajenos al pueblo de México al que dicen representar.

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