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Opinión

Ciudadanos de primera. Sí señor

En los casos de los municipios más poblados del estado –Ciudad Juárez y Chihuahua-, el recurso es algo robusto. Por ejemplo: en la frontera se destinaron 252 millones de pesos en 2022, y en Chihuahua se consideran 198 millones de pesos para este 2023

Manuel Narváez
Analista

lunes, 16 enero 2023 | 06:00

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Este domingo 15 de enero estrené mi voto en el presupuesto participativo destinado para mi municipio.

Es la primera vez que acudo a ejercer este derecho contemplado en el artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadana, con el fin de hacer efectiva esta herramienta democrática y ser parte activa de mejoras del entorno en que vivo.

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Hace algunos años, a principios de este siglo, escuché a algún candidato a la alcaldía de Chihuahua capital, impulsar que la ciudadanía se hiciera presente en la toma de decisiones con respecto al presupuesto anual que ejerce el ayuntamiento.

El propósito es decidir qué tipo de proyectos deseamos apoyar para que en ejercicio fiscal del año en que se vota –2023 en este caso- se haga realidad.

La legislación en la materia contempla que el cinco por ciento del total del presupuesto anual para cada ayuntamiento, sea decidido de manera directa por la ciudadanía.

En los casos de los municipios más poblados del estado –Ciudad Juárez y Chihuahua-, el recurso es algo robusto. Por ejemplo: en la frontera se destinaron 252 millones de pesos en 2022, y en Chihuahua se consideran 198 millones de pesos para este 2023.

En ambos casos existen casos concretos de proyectos que fueron votados y concluidos, entre obras de pavimentación, recarpeteo, construcción de centros comunitarios, equipamiento de esos, alumbrado público, techumbre en escuelas, etc.

En este ejercicio, el ciudadano elige entre tres o cinco proyectos, como fue en Juárez el año pasado, y ahora en Chihuahua, respectivamente.

Los proyectos más votados son los que se llevan al cabo, por eso la importancia de la población para decidir cuáles son los beneficios que desean para su entorno.

En el proceso participan también los niños, lo cual me parece una medida acertada toda vez que desde pequeños los involucra en las decisiones importantes de su comunidad.

Dicho ejercicio es observado y avalado por el Instituto Estatal Electoral, en coordinación con los ayuntamientos.

Esta herramienta de participación ciudadana sí me gusta porque a través de ella se motiva al ciudadano a incidir en la obra pública; esto, sin menoscabo de que el porcentaje debe ser más generoso.

Aunado a la participación efectiva, el propósito es objetivo y positivo, porque se pretende construir, y no utilizar estas herramientas democráticas para alimentar egos o desperdiciar miles de millones de pesos en pleitos dogmáticos.

El año pasado la participación en Chihuahua fue de poco más de 20 mil personas, y considerando que el peso de la difusión solo recae en las autoridades municipales, resulta imperativo que los legisladores locales se inmiscuyan, ya que los proyectos están divididos por distrito electorales.

No se olvide que los diputados locales reciben unos 240 mil pesos anuales para montar oficina de enlace, los de mayoría relativa y los plurinominales como David Óscar Castrejón que, en vez de servir a los chihuahuenses, es parte de una facción híbrida destructiva (Morena/PAN) al servicio de Javier Corral y Juan Loera.

Igualmente, los diputados federales reciben al menos 360 mil pesos anuales, y los senadores 720 mil pesos en el mismo período, por concepto de apoyo para sus oficinas “ciudadanas”. 

Ese dinero en vez de ser usado para informar del desempeño legislativo y gestionar recursos para el estado, además de no comprobar el gasto, lo dilapidan en precampañas políticas ilegales como las de Claudia y Marcelo.

Definitivamente, felicito a los ciudadanos responsables que acudieron a ejercer su derecho y orientaron el presupuesto participativo de Chihuahua, como a aquellos que lo hagan en su momento en Juárez.

Asimismo, considero urgente transparentar el nivel de participación de los diputados locales, y exigirles cuentas claras a los legisladores federales por los ingresos adicionales que reciben para apoyo de oficinas de enlace o gestión legislativa.

Por último, democrático y justo sería que el Ejecutivo federal entregue a las entidades federativas un porcentaje similar al de los ayuntamientos como presupuesto participativo, para que seamos los ciudadanos los que decidamos el destino de esos recursos.

De esta distribución justa, al menos recuperaríamos algo para reparar los horrendos tramos de carreteras federales e invertir en seguridad. 

Es cuanto.

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