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Opinión
viernes, 25 junio 2021 | 06:00
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Ciudad de México.- Que sea autónomo, pero que también esté dispuesto a los caprichos. Eso es lo que le gustaría al presidente Andrés Manuel López Obrador del Instituto Nacional Electoral o cualquier otro de los organismos sobre los que no tiene injerencia y que se oponen a sus deseos: “El INE tiene que utilizar sus recursos, que son muchos, es un presupuesto de más de 10 mil millones de pesos. Es de 20 mil millones, pero la mitad se les da a los partidos, que eso también hay que corregirlo, pero para el aparato son 10 mil millones de pesos. Es el organismo electoral más costoso del mundo...”, dijo la mañana de este lunes sobre la postura del instituto para realizar la famosa consulta de juicio a expresidentes anunciada para el próximo 1 de agosto, un ejercicio completamente innecesario que, además, va a acostarnos dinero que podría ser utilizado para sufragar otros gastos, tantos causados por la pandemia.
Está de más analizar la pregunta que deberá responder quien participe, lo que hay que subrayar es que, lejos de ser una consulta cercana a la justicia, luce como una estrategia personal para la venganza. El mandatario no ha dejado de estar en campaña desde hace tres años, lo sabemos, esto es una confirmación más: le dice a su base que aquellos a quienes señala como responsables de tantas carencias serán castigados a través de este proceso. Sin embargo, el presidente pasa por alto que un juicio a expresidentes no se resuelve a través de una consulta, de hecho, ni siquiera a través de una reforma constitucional.
Leticia Bonifaz explicó en El Universal en agosto pasado: “Si quisieran incorporarse nuevas disposiciones con estándares más altos para ellos, las mismas no serían aplicables a los seis expresidentes que hoy viven, (tres del siglo XX y tres del XXI). Por el principio de no retroactividad, las nuevas reglas aplicarían para quienes, en el futuro, adquirieran ese carácter”. También recuerda que el artículo 109 constitucional es donde se dicta el camino para el procedimiento penal contra un exfuncionario acusado de enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Es decir, la ley ya contempla procesos para castigar hasta en el orden administrativo. López Obrador lo sabe, por eso se encarga de promover la famosa consulta de juicio a expresidentes como si se tratara de una promesa de campaña: “yo no voy a participar en la consulta ni voy a votar porque se enjuicie a los presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete...”, dijo en Palacio Nacional respondiendo al recorte en el presupuesto que el INE anunció para este ejercicio, para el que se considera la instalación de 91 mil casillas con mil 500 boletas cada una, con un gasto total de más de 890 millones de pesos, 110 millones menos que lo programado previamente, dinero que no tendría que gastar el instituto en un circo como este.
El presidente se escuda en la llamada democracia participativa, esa puerta que abre la posibilidad a los ciudadanos para tener mayor peso en la toma de decisiones de un gobierno. Sin embargo, asuntos como el castigo a exfuncionarios, no se resuelven a través de una consulta pública porque, como recuerda Bonifaz, la ley ya contempla esos procedimientos. Las consultas tendrían que utilizarse para otros fines, como el escuchar la voz de la mayor cantidad de personas para conocer sus opiniones respecto a ciertos temas y, a partir de ahí, ponderar la generación de políticas públicas que beneficien a todos y que no coarten los derechos de nadie. Es por eso que estos últimos tampoco deben consultarse, como el mismo presidente ha sugerido respecto a pendientes como el aborto. La democracia participativa es un gran foro en el que se abre el micrófono para más voces, pero no es una vía y menos un fin, es solo una herramienta auxiliar. Ahí está la trampa, la consulta de los expresidentes es un truco, no un acto de justicia, porque, si fuera esto último, el mandatario se aseguraría de que en un futuro él también pueda ser blanco de este, su propio juego…
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