Chistoretes y presiones presidenciales

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador es un bromista involuntario, aunque en abono a él, cree lo que dice. Ahora se le ocurrió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se convierta en un call center para que en lugar de deliberar con la ley en la mano, haga una encuesta telefónica para decidir las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán. 

La suerte de Morón no le importa al presidente, quien en las últimas dos semanas sólo ha mostrado preocupación por las candidaturas en Guerrero y Nuevo León. Clara Luz Flores, su candidata norteña, no atraviesa por los problemas de Salgado Macedonio, al haber cumplido en tiempo y formas legales la presentación de sus gastos de precampaña. Salgado Macedonio es un delincuente a diferencia de Morón, quien sí entregó sus gastos, pero su partido no los presentó a tiempo.

Aunque hay de ilegalidades a ilegalidades, el INE aplicó la norma vigente a raja tabla, impulsada por cierto por López Obrador y la izquierda. La decisión fue impugnada ante el Tribunal, como lo establece la ley, donde Vargas elaboró un proyecto para regresar la decisión final al INE, mediante argucias como la invención de que Salgado Macedonio había presentado sus gastos de campaña extemporáneamente, en clara omisión de su responsabilidad. 

Esa ponciopiloteada fue el banderazo de salida de la cruzada pública contra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova. En paralelo, consejeras y consejeros fueron sometidos a enormes presiones de emisarios de Palacio Nacional para que cambiaran su voto y repusieran la candidatura a Salgado Macedonio. En los últimos días se les hostigó políticamente e incluso amenazaron con abrirles causas penales, acompañadas de denuncias mediáticas.

La mano dura de Palacio Nacional fue utilizada para tratar de revertir una candidatura que hasta el último momento López Obrador se dio cuenta que, en efecto, estaba en riesgo. Su vocero presidencial y operador político, Jesús Ramírez Cuevas, llevaba semanas alertando a López Obrador sobre lo que estaba provocando la candidatura de Salgado Macedonio.

López Obrador soslayó las advertencias porque pensaba que las motivaciones de Ramírez Cuevas obedecían a su animadversión hacia el presidente de Morena, Mario Delgado. Cuando el análisis de otros colaboradores mostró los riesgos de esa candidatura, López Obrador exigió resolverlo, pero la presión no les alcanzó.

La primera votación que canceló la candidatura de Morena fue de 7 a 4, y en la segunda se cerró a 6-5. La presión fue resistida en el INE, donde se anclaron al aspecto legal de la sanción y no estiraron la ley a contentillo de López Obrador. Se buscó un mayor consenso para ampliar el número de votos por el proyecto de cancelación, bajo la lógica que ante los ataques de López Obrador, una muestra de debilidad sería un error, sin lograrlo. Obtuvieron, cuando menos por ahora, impedir el inicio de la colonización del INE, y evitar que una institución más de segunda generación democrática, fuera aniquilada.

Para López Obrador y Salgado Macedonio, la batalla está lejos de estar perdida.