Chihuahua seguro

Cualquier sociedad, de cualquier comunidad, ciudad, entidad o país, siente que tiene una buena calidad de vida en relación directa a como percibe su seguridad, la integridad física y material de su persona, de sus familiares y amigos, así como de sus bienes patrimoniales. En la medida que esta percepción de seguridad aumenta, mayor es la calidad de vida que tienen. 

La calidad de vida es uno de los índices de mayor relevancia al medir el desarrollo de cualquier sociedad, porque permite y facilita que el individuo dedique íntegramente todas sus capacidades productivas y creativas en mejores condiciones, o más propicias, para su realización plena. Y como ya señalamos, la seguridad es uno de los pilares más importantes de la calidad de vida.

Pero ¿qué es ese concepto tan abstracto de calidad de vida? De acuerdo con la página web oficial del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, INCMNSZ, del gobierno de México, la calidad de vida se define así:

“Al hablar de calidad de vida, nos referimos a un concepto que hace alusión a varios niveles de la generalidad, desde el bienestar social o comunitario hasta ciertos aspectos específicos de carácter individual o grupal. Por lo tanto, calidad de vida tiene diferentes definiciones desde el aspecto filosófico y político hasta el relacionado a la salud.

“A través del tiempo se ha intentado poder plantear una definición que abarque todas las áreas que implica el concepto de calidad de vida puesto que combina componentes subjetivos y objetivos donde el punto en común es el BIENESTAR individual. De los últimos, esos se pueden agruparse en 5 dominios principales: el bienestar físico (como salud, seguridad física), bienestar material (privacidad, alimentos, vivienda, transporte, posesiones), bienestar social (relaciones interpersonales con la familia, las amistades, etcétera), desarrollo y actividad (educación, productividad, contribución) y bienestar emocional (autoestima, estado respecto a los demás, religión). Sin embargo, es importante comprender que la respuesta a cada uno de estos dominios es subjetiva y tan variable gracias a la influencia de factores sociales, materiales, la edad misma, la situación de empleo o a las políticas en salud”, fin de la cita textual.

Como podemos apreciar la seguridad integral del individuo es un elemento transversal a los cinco ejes que componen la calidad de vida, de ahí su relevancia e impacto en la percepción de la ciudadanía, también, a través de esos mismos cinco ejes se puede evaluar adecuadamente la calidad de vida de una comunidad, de una ciudad, de un estado o de un país.

Bueno, pues la seguridad pública es nuestro tema hoy, entendida como la percepción que tiene la sociedad de que la integridad física de su persona, de sus seres queridos, y sus bienes materiales está a salvo, está segura. Es por ello que índices tan preocupantes como el de homicidios violentos (ejecuciones) alteran sensiblemente esa percepción, aunado a otros eventos o índices delictivos como es el robo de autos, el robo de negocios, el robo a casas habitación, etcétera.

En días pasados, poco antes de concluir la administración de Javier Corral Jurado, la directora de Ficosec Zona Norte, Diana Chávarri Cazaurag presentó un informe que esa organización elabora con datos oficiales de la misma Fiscalía General del Estado y del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en el que se concluye de manera contundente y objetiva que los homicidios violentos aumentaron en los últimos cinco años.

No obstante, lo serio y bien documentado de este informe, como fue costumbre en Corral por cinco años, se atrevió a desmentirlo y a descalificar sus resultados, lo que por supuesto ameritó una respuesta en el mismo sentido de Ficosec.

En la nota del 7 de septiembre de mi compañera Hérika Martínez Prado, titulada “Juárez, más insegura y peligrosa con Corral”, se consigna lo siguiente:

“Durante la administración de Javier Corral Jurado, Ciudad Juárez pasó del número 37 a ser la tercera ciudad más peligrosa del mundo, aumentó su tasa de homicidios dolosos de 30.1 a 84.3 por cada 100 mil habitantes e incrementó la impunidad del 86.5 al 95.3 por ciento, señaló el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec). Lo anterior de acuerdo con el ‘Balance de la administración de Javier Corral Jurado’, en el que se concluye que las capacidades de prevención del delito y de investigación del Estado de Chihuahua están muy por debajo de las necesidades de dar con los perpetradores y hacer justicia para las víctimas directas e indirectas”.

Y es en estas dos últimas líneas del párrafo anterior en donde está la clave de todo, porque un sistema de administración de justicia (competencia estatal y federal) que carece de capacidad para investigar, perseguir, juzgar y castigar a los delincuentes, en automático se convierte en perverso estímulo para la delincuencia, porque la impunidad (delitos no castigados) es combustible puro que impulsa el crecimiento explosivo de todos los índices delictivos.

En una entrevista que le hice a Diana Chávarri, directora de Ficosec Zona Norte, el pasado miércoles en el programa de Radio Panorama a las 11, por 860 Líder Informativo, informó de cifras verdaderamente alarmantes.

En Chihuahua solo 1 de cada 10 delitos se denuncia, es decir, la cifra negra de delitos es del 90 por ciento, lo cual es verdaderamente grave y preocupante porque refleja muy claramente la falta de confianza de los chihuahuenses en sus autoridades judiciales o de procuración y administración de justicia, pero también es eslabón del círculo vicioso delito-no castigo-impunidad-delito.

Por otro lado, la tasa de impunidad que es un nuevo indicador que ha implementado Ficosec recientemente, también es motivo de alarma, ya que de cada 10 de todas las denuncias que sí se presentan, ni siquiera uno llega ante un juez y solo un tres por ciento llega a sentencia. Estamos en la vil calle en ese tema.

Con esas cifras es muy fácil entender por qué estamos como estamos, y por qué a pesar del importante avance que hubo durante los últimos cinco años en materia de seguridad pública municipal, reconocido por Ficosec, estos avances poco o nada representan ante el aletargamiento del sistema de administración y procuración de justicia estatal y federal, que se han convertido en verdaderas incubadoras de delincuentes.

Agentes y mandos de la Policía Municipal se quejan recurrentemente que han detenido al mismo delincuente hasta cuatro o cinco veces en el lapso de un mes ¡al mismo! Claro, ese malhechor se burla de los policías que hacen su trabajo y claramente amenaza su integridad y seguridad físicas.

De ese tamaño es el reto que tiene frente a sí, el nuevo gobierno de Maru Campos en el Estado, y de Cruz Pérez Cuéllar en el Municipio, sin dejar de lado al delegado del gobierno de México en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, todos ellos juntos, en perfecta sincronía y coordinación deberán hacer su mejor esfuerzo para “tapar” los hoyos que tiene el sistema de justicia federal y estatal, incrementar el estado de fuerza de las corporaciones policíacas (todas), de acuerdo con la ONU, una ciudad debe tener el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, lo que nos arroja un déficit de elementos policiacos en Juárez de entre 500 y 800 elementos, por la enorme dispersión geográfica de la ciudad.

Pero, sobre todo, Cruz debe continuar con el importante avance que se logró en estos últimos cinco años en el Municipio de Juárez, en cuanto a capacitación, equipamiento, implementación de tecnología de vanguardia y dotación de infraestructura adecuada a la Policía Municipal, si Pérez Cuéllar no lo hace estará tirando por la borda un muy importante esfuerzo e inversión de más de cinco años y varios cientos de millones de pesos, pero lo más grave, estará condenando a los juarenses a regresar a escenarios de inseguridad poco deseables.

Sin duda alguna la seguridad pública es un tema pendiente, un gran tema pendiente, y sí, cae principalmente en el terreno de las autoridades de los tres niveles de gobierno, pero también en la ciudadanía que debe denunciar los delitos de los que son víctimas, no se puede exigir algo sobre lo que la autoridad no tiene conocimiento. Nuestra seguridad es tarea de todos, o nos ponemos las pilas o no saldremos de este problema.