Opinión
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Chihuahua en la historia brutal de Ingrid

El suplicio de padres y madres que buscan a sus hijas no tiene fin en Chihuahua ni en el resto del país

Tomada de Reforma

LA COLUMNA
de El Diario

domingo, 16 febrero 2020 | 06:00

El suplicio de padres y madres que buscan a sus hijas no tiene fin en Chihuahua ni en el resto del país. Tampoco cesa el dolor ni la indignación por terribles homicidios ante los cuales cualquier thriller policiaco palidece y en los que subyace, inexplicable en pleno siglo XXI, una misoginia criminal en aumento y un gobierno por mucho rebasado.

Ingrid Escamilla ha venido de nueva cuenta a llamar la atención nacional e internacional. A elevar, desde su atroz muerte, la voz contra el imperio de la violencia hacia la mujer que se niega a desaparecer, y que en 20 años se ha recrudecido en vez de amainar.

Fue esta joven, recién graduada de maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, amante de las mascotas, reina de belleza en su natal Necaxa, prototipo de lo que no debería estar ocurriendo en el país. 

Durante los últimos 10 años han fallecido en México cerca de 28 mil mujeres víctimas de violencia de género, el denominado feminicidio, que sin razón alguna y sobre las rodillas fue ahora puesto en duda, después de años de lucha por su incorporación a los códigos punitivos, como un tipo penal específico.

Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República (FGR), se ha envuelto innecesariamente en una polémica al respecto que rebotó hasta Presidencia de la República.

Sus expresiones en favor de retirar el concepto de feminicidio debieron ser retiradas en medio de un escándalo nacional, coronado con el contexto del brutal asesinato de Ingrid.

Si los agentes del Ministerio Público y la Policía investigadora son incapaces para acreditar en las carpetas de investigación alguno de los elementos que componen el delito de homicidio por razón de género, es responsabilidad de ellos, de una autoridad, que quiere ir a las facilitas y evade la tarea científica de indagaciones forenses profesionales.

Y si en el país la violencia de género en todas sus dimensiones es una realidad cotidiana, en Chihuahua y Juárez resulta escalofriante, más aun en el abandono institucional y de las organizaciones que antes activas y críticas –con sus honrosas excepciones– han cedido en la presencia social, que demanda, exige un alto, con medidas persecutoras y sancionadoras de delitos, de la mano de acciones afirmativas en concientización y educación que construya sociedades sin agresión de ningún tipo por razón de género.

Acá llevamos más de 20 años generando historias de terror con asesinatos masivos de mujeres en Campos Algodonero, el Cerro del Cristo Negro, Lomas de Poleo, Lote Bravo, y muy recientemente en el Arroyo El Navajo. En la ciudad de Chihuahua y otros puntos del estado son también decenas de casos individuales de asesinatos, de desapariciones sobre todo de muchachas muy jóvenes. La crueldad como característica.

Chihuahua tardó años, que parecieron siglos, en tipificar el feminicidio en su Código Penal, que llegó a finales de 2017. Incomprensiblemente tardó 12 meses el régimen de Javier Corral en legislar al respecto, cuando es una situación que ya conocían desde la campaña, en cuyas filas militaban dirigentes sociales especializados en la materia. 

El 2018 develó con crudeza los altos índices de homicidios que se cometían en la entidad, con una tasa de 2.34, la segunda más alta a nivel nacional, que en 2019 tuvo un descenso, pero se mantuvo muy por encima de la negra estadística en 1.53 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La tasa de homicidios de mujeres en general es de las más elevadas en el país; al 2016 es el cuarto lugar con 8.8, sólo que en el descarte de investigación no son considerados feminicidios, lo que en términos de la CNDH, en su solicitud de alerta de género para la entidad –que se encuentra arrumbada en un cajón–, resulta insuficiente a la luz de los criterios internacionales con los cuales deben ser analizados. Esto resulta violatorio a derechos humanos.

De manera infortunada nada ha cambiado desde la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos conocida comúnmente como Campo Algodonero: sólo en los últimos cinco años, a nivel nacional más de tres mil mujeres han sido asesinadas por razón de género, y Chihuahua, en la materia, no es la excepción con 84 homicidios, contados únicamente desde noviembre de 2017, fecha en que inicia la contabilidad macabra.

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Ingrid Escamilla era una jovencita originaria de una pequeña comunidad en Puebla, que había pasado con éxito una licenciatura en Administración de Empresas y dirigía sus estudios hasta culminar un posgrado.

Su pareja le doblaba la edad. Convivían en un pequeño departamento donde él compartía habitación con su hijo, producto de un matrimonio fallido. Era la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México; comunes los gritos e incluso los golpes hacia ella.

Ningún vecino hizo nada. Todos callaron. No pensaron que el ingeniero, ésa era su profesión, fuera capaz de hacer algo más. 

Hace unas semanas la Policía intervino porque –según versiones difundidas– Ingrid trató de suicidarse desde el techo de los departamentos, que eran para ella una especie de prisión, donde no le eran permitidas las visitas ni amistades.

Fue acuchillada después de una pelea, desollada y descuartizada. Sus restos fueron a parar a la cañería y algunos depositados como basura.

El homicida aceptó su crimen, sorprendido cuando terminaba su infeliz tarea. Había llamado a su exesposa, confesando el asesinato y pidiendo que pasara a recoger a su hijo.

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El Caso González y otras, conocido como Campo Algodonero es un referente trágico de la violencia homicida contra la mujer en Chihuahua. Jóvenes como Ingrid fueron privadas de su libertad, violentadas sexualmente y torturadas cruelmente, como estableció en su determinación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los casos llenan hemerotecas.

Es increíble pero estos hechos ocurridos a finales de la década de los noventa no fueron los únicos. Gobiernos fueron y vinieron, y los sangrientos homicidios continuaron y continúan ocurriendo. Hasta las madres, como Marisela Escobedo, han tenido que pagar su cuota de sangre por exigir justicia. Su hija Rubí falleció en similares circunstancias; Marisela fue asesinada impunemente en las puertas de Palacio de Gobierno.

En el caso del Campo Algodonero, las víctimas tenían entre 15 y 20 años. Todas humildes, estudiantes y trabajadoras, que salieron de su casa y ya no regresaron, hasta que semanas después fueron localizadas tiradas como objetos. Luego fueron revictimizadas. Sus familias deambularon entre una autoridad y otra, sin tener respuesta. La investigación fue defectuosa y sin cuidado alguno.

Al final decidieron ir a los tribunales internacionales y 10 años después tuvieron una resolución, en la cual se ordenó la reparación integral del daño.

El Estado mexicano era responsable por la ausencia de condiciones de seguridad para las mujeres y las deficientes indagaciones. Pero nada de eso puede regresar con vida a las jovencitas en la plenitud de su existencia.

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Infortunadamente el panorama es desalentador, casos van y casos vienen, pero hay resistencia de la autoridad a dar pasos firmes y sin titubeo en la protección plena de los derechos humanos elementales de la mujer.

Está por cumplir nueve meses la solicitud de alerta de género para que se adopten en Chihuahua medidas excepcionales, bajo vigilancia permanente de carácter institucional y de organizaciones civiles nacionales e internacionales, pero no hay noticia alguna. No los mueve ni el caso Ingrid ni los ríos de sangre derramada por mujeres chihuahuenses.

Quienes protestaban en la calle, ahora en las oficinas públicas simplemente callan por conveniencia política y de nómina. Justifican el trabajo de la actual administración estatal, sin observar que es a todas luces insuficiente e ineficiente. Poco pueden hacer los municipios si el Estado no va a la cabeza.

Por ello toma relevancia el grito lanzado esta misma semana desde el mezzanine del Congreso del Estado, exigiendo respuestas inmediatas y llamando traidor a quien se comprometió desde la promesa electoral a ser un acompañante firme en la lucha contra la violencia de género.

En el colmo y como si hiciera falta enrarecer aun más el ambiente, fue presentada la propuesta federal de eliminar el feminicidio, que coincide con el lamentable asesinato de Ingrid, coctel explosivo que desencadenó olas de protesta que han invadido lo mismo el Zócalo que las principales plazas del país.

Mientras el llanto no cesa, 10 hogares mexicanos se enlutan todos los días con feminicidio, en una ruleta rusa en la cual no sabemos dónde caerá la desgracia, tragedia que incentiva propuestas desesperadas como la pena de muerte, ante la ausencia de soluciones.