Chihuahua 2021: ambiciones sucesorias defraudan la ley

Por principio de cuentas, y conforme al credo democrático que profeso, todo el tiempo y en cualquier lugar se debe respetar...

Jaime García Chávez
Escritor
domingo, 06 octubre 2019 | 06:00

Por principio de cuentas, y conforme al credo democrático que profeso, todo el tiempo y en cualquier lugar se debe respetar la libertad de hacer política con todas las herramientas al alcance de la mano y que provengan de la ley constitucional. Incluso cumplidos los prerrequisitos, la misma desobediencia civil se puede levantar contra las tiranías, los despotismos y los autoritarismos. Por una hiperlegislación electoral, aquí en México se supone que para campañas electorales hay tiempos exactamente delimitados; se piensa, por los que ven esta perspectiva, que así se encuentra la equidad en la contienda, en la contradicción.

Por más discrepancia que se pueda tener con esto último, la ley lo define y, como es obvio, la ley debe respetarse, de lo contrario se da pábulo a la simulación y a la lenidad. Podemos tener en presencia transgresiones flagrantes a la ley, evidentes ante la razón, pero como están bien maquilladas nada se puede hacer, y entonces reina la permisividad, aunque la vigencia del derecho se pisotee.

En la democracia norteamericana, prácticamente después de que asume un presidente, todo mundo da por sentado que buscará la reelección y eso es ya una inveterada costumbre que nadie toma a mal. También los opositores asumen todo el tiempo que les sea posible para plantear sus alternativas y sus ambiciones y nadie lo objeta. Es una tradición, es una realidad, y forma parte de la cultura de un sistema democrático más que bicentenario, independientemente de los peros –y hay muchos– que se le opongan, sobre todo si nos hacemos cargo de cómo viejos cánones se fueron erosionando con el resultado de que hoy Donald Trump ocupa la Casa Blanca, con gran preocupación en todo el mundo, pues es el planetarca, además.

Aquí en México el proceso electoral tiene una fecha precisa de arranque, cuando lo decreta el órgano electoral y, con esa misma lógica, los registros de candidaturas y el comienzo de las campañas también tienen fecha de partida y de caducidad. Pero aquí no es ni cultura ni tradición, el exceso legislativo es tan complicado que en su esencia lleva las posibilidades de su transgresión. Y eso es, ni más ni menos, lo que vemos hoy en el estado de Chihuahua en la perspectiva del 2021, cuando se elegirán gobernador del estado, legisladores locales, ayuntamientos, sindicaturas, en concurrencia federal con la elección de diputados.

Lo que tenemos aquí en presencia es una sucesión adelantada que sólo tiene una explicación, si la buscamos en el derecho, en lo que se llama “fraude a la ley”. Desde tiempos remotos, en el derecho romano, y luego se recogió esto en el Digesto, está la máxima de Paulus que reza: “Obra contra la ley el que hace lo que la ley prohibe; y en el fraude, el que salvadas las palabras de la ley elude su sentido”. La primera parte es obvia, la segunda tiene mayor complejidad, pues precisamente ahí se inscribe una primera e inteligente definición de lo que es el fraude a la ley, que no es otra cosa que simular estar en los presupuestos de la norma, aunque lo que se busque es evadir su esencia, lo que prescribe.

Quién puede negar que en Chihuahua ya se desataron las ambiciones por la gubernatura. Quizá quienes ya vertebran campañas, adviertan que hay carencia de gobernabilidad en la época del “golfbernador” Javier Corral, pero ni así se legitiman. Ya buscan financiamientos, crean equipos, contratan periodistas, realizan enroques gubernamentales, cabildean con los hombres del poder, del dinero y la religión. En fin, transgrediendo la ley ya andan a toda marcha en actividades prácticamente proselitistas, brincándose de paso las propias normas y tiempos que los partidos políticos establecen en sus documentos básicos, en particular estatutarios. Todo sea por alcanzar el poder, y por esa vía, al final, lo único que se privilegia son proyectos personales, facciosos o de cenáculos. Y si la ley estorba, peor para la ley.

En todo esto, ni los órganos administrativos ni los jurisdiccionales juegan rol alguno. Quizás por un gran déficit de la misma ley y por la existencia de normas imperfectas que no previenen sanción alguna ante su violación, que sucede a los ojos de todos, y a ciencia y paciencia de quienes en esta materia debieran tener gran injerencia. La democracia mexicana, al parecer, fue abundante en leyes. Esto ya lo trató Saavedra Fajardo en el Siglo de Oro español, cuando refirió que la multiplicidad de leyes es algo que lastima a las repúblicas, que muchas leyes se olvidan y en ese olvido no pueden respetarse, por lo que se desprecian y se ignoran. En contraparte, afirma que la sencillez de la ley produce su admiración y respeto. Luego entonces, cuando hay muchas leyes hasta se contradicen unas a otras y hacen nacer diversas interpretaciones u opiniones maliciosas. El reciente caso Bonilla es más que aleccionador, pues electo para dos años, el gobernador electo de Baja California quería cinco.

Quiero decir que en esto hay lo que se llama coloquialmente “china libre”, y vale para todos, mientras no haya respeto por el derecho. Pero es mucho más grave el fenómeno cuando los pretendientes del cargo de gobernador son funcionarios en la administración pública o electos para un puesto cuyo desempeño desprecian por tener sus ojos clavados en otro. Cinco casos son paradigmáticos aquí en Chihuahua: tres alcaldes en activo: Armando Cabada, alcalde “independiente” de Ciudad Juárez; Alfredo Lozoya, alcalde independiente de Parral, y María Eugenia Campos, alcaldesa panista de Chihuahua; y el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar, y el superdelegado del Gobierno federal, emanado también de Morena, Juan Carlos Loera de la Rosa.

Esta quintilla no pierde oportunidad para buscar su posicionamiento en pos del alto cargo. Le restan, con alto costo, tiempo y recursos públicos a una función que debieran desempeñar de manera inexcusable. Además, son lo que en el argot popular se llaman “chapulines”, y algunos los hay que no saben caminar y ya quieren correr. Saben que el tiempo legal no les favorece, que la ley lo veda, lo prohibe para tareas electorales. Pero porfían, porque al parecer el hueso es muy jugoso, recurriendo a un lenguaje que además no contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática, pues es un idioma embozado y fuertemente teñido de simulación. Dicen que están entregados a la función pública, pero andan a la caza de acumulación de fuerzas y los vemos todos los días.

Hagamos un breve catálogo: realizan majestuosos cumpleaños con “miles” de gentes, y lo que es creíble en la intimidad familiar se ostenta como demostración de fuerza. Hay alguno que en recuerdo de su pasado político anclado en el feudalismo hasta quiere matar moros y organiza cruzadas. Las carnes asadas están a la orden del día, y no se diga comer burritos en algún restaurante popular. También los hay que no pierden la oportunidad de obtener una “selfie” con algún notable de la política, aunque se trata de un enemigo declarado de la sociedad, develan placas y bustos, cortan listones, invaden territorios fuera de competencia. En otras palabras, para ellos la sección que más les gusta ahora es la de Sociales.

Son prácticas que, sin más, constituyen un fraude a la ley. Porque, quién podría demostrar que no se trata de un cumple, un bautizo, unos quince años, unos funerales, y toda la parafernalia imaginable con la que se puede revestir una campaña política ante la lenidad de las autoridades y la negación a lo esencial del derecho.

Esta avaricia política terminará por romper el saco.