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Opinión

Cereso No. 3: crónica de una fuga anunciada

Ese día el saldo fue de 17 personas muertas, 10 de ellas policías de seguridad y custodia penitenciaria, decenas de heridos, 30 internos evadidos, múltiples actos delictivos y una comunidad paralizada por el terror

Deirdré Bazán
Analista

domingo, 15 enero 2023 | 06:00

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Los terribles hechos ocurridos en Ciudad Juárez el 1 de enero nos permiten afirmar que, parafraseando a Don Gabriel García Márquez, nunca hubo una fuga más anunciada. Ese día el saldo fue de 17 personas muertas, 10 de ellas policías de seguridad y custodia penitenciaria, decenas de heridos, 30 internos evadidos, múltiples actos delictivos y una comunidad paralizada por el terror. 

Ese suceso solo podría ser superado cuantitativamente por el motín del Centro Preventivo y de Reinserción Social Topo Chico en Nuevo León, ocurrido en febrero de 2016, en el que tras una riña entre grupos rivales y el posterior amotinamiento, hubo un saldo de 49 internos muertos, algunos de ellos calcinados; o bien, por la fuga ocurrida en octubre de 2019 en el Centro Penitenciario Aguaruto en Sinaloa, de donde lograron escapar 51 personas.

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Evasiones como las citadas evidencian que el sistema penitenciario de diferentes entidades presenta serios problemas: sobrepoblación, autogobierno, equipamiento insuficiente, corrupción, indiferencia social y abandono gubernamental, por señalar solo algunas de las más recurrentes.

Sin embargo, no todos los Centros de Reinserción Social son iguales. Más allá de la división entre el sistema federal y los 32 sistemas estatales, o entre aquellos con población femenil o varonil, los penales del país muestran diferencias sustanciales en la forma en que se administran, el presupuesto que se les asigna, las condiciones de internamiento, el modelo de reinserción social que se aplica, y, sobre todo, en el nivel de permisividad y riesgo que representan.

Para confirmar lo anterior podrían revisarse los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de manera anual elabora un Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el que se evalúa a los centros estatales (Ceresos), a los federales (Ceferesos) e incluso a las prisiones militares. El organismo verifica el cumplimiento de diversos indicadores y señala las deficiencias persistentes o las mejoras efectuadas a partir de los resultados emitidos en los diagnósticos anteriores.

Además de calificar individualmente a los penales y asignarles colores rojo, amarillo o verde para identificar su nivel de observancia, el diagnóstico de la CNDH señala riesgos específicos que, por lógica deberían atenderse con prioridad.

Los diagnósticos del 2011 a la fecha han ubicado los Ceresos del estado de Chihuahua en la escala intermedia o amarilla, con algunas honrosas excepciones en el nivel verde: el Cereso femenil No.1. en Aquiles Serdán y el Cereso No. 4 en Parral. En cuanto al Cereso No. 3 en Ciudad Juárez, las calificaciones obtenidas en los últimos cinco años son las siguientes: 7.12 en el 2017; 6.85 en 2018; 6.95 en 2019; 6.17 en el 2020 y 6.79 en el 2021; el promedio en ese quinquenio fue de 6.77. 

En relación con esas evaluaciones, en mayo de 2022 el Gobierno estatal emitió un boletín en el que afirmaba que “El Sistema Penitenciario de Chihuahua obtuvo la mejor calificación en el país dentro del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2021 realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), considerado el promedio más alto en los últimos 10 años con un 7.77 por ciento”. 

En consecuencia, puede afirmarse que el titular de la Fiscalía General del Estado estaba al tanto de los hallazgos de ese mismo informe en relación con el Cereso No. 3: hacinamiento; insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a derechos humanos; sobrepoblación; deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; presencia de actividades ilícitas; deficiente integración del expediente técnico jurídico; deficiente separación entre procesados y sentenciados; insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación, e insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.

No se atendieron a cabalidad los hallazgos detectados sobre el Cereso más riesgoso de la entidad. Como consecuencia, el jueves 11 de agosto de 2021 ocurrieron una riña y motín que desencadenaron ataques en diversas áreas de la ciudad, y que dieron cuenta del enorme poder delictivo de algunas organizaciones. En esa ocasión perdieron la vida 11 personas, mujeres, hombres y niños que realizaban actividades cotidianas cuando acontecieron los hechos, ordenados desde el interior del centro penitenciario, de acuerdo con informes de las autoridades.

Después de los funestos hechos debieron tomarse las medidas pertinentes, hacer investigaciones, reubicar de inmediato a los internos y remover al personal responsable, incluyendo a los titulares, quienes por supuesto estaban al tanto de lo que ocurría al interior del penal; sin embargo, se dejó pasar. Esa primera y última llamada no se tomó con la seriedad que ameritaba, lo que refleja cuando menos, negligencia y omisión.

Solo cuatro meses después se dio la fuga que debió preverse tras ese “jueves negro”, pero se necesitaron otras 17 personas muertas, 30 evadidos, una ciudad conmocionada y nuevamente estigmatizada a nivel internacional, para que se tomaran cartas en el asunto. 

Haciendo un paréntesis, llamó mucho la atención que tras la fuga pasaron al menos 12 horas antes de que algún funcionario estatal de primer nivel se pronunciara sobre los hechos. Andaban pues, muy dormidos o de vacaciones.

Tras una serie de comunicados oficiales con información inexacta y la publicación de fichas penitenciarias incompletas, que solo evidenciaron el descontrol sobre el Cereso, con el apoyo del Gobierno federal finalmente se trasladaron a otros centros a 191 internos con perfil de alto riesgo. También se separó del cargo al director del penal y varios días después se anunció el cese del director general del sistema penitenciario del estado de Chihuahua, ambos nombrados en la actual administración estatal. 

En la búsqueda del deslinde de responsabilidades, el Gobierno del Estado se pronunció en el sentido de que el Gobierno federal no otorgó el apoyo suficiente y que la coordinación en este tema no había sido la adecuada, lo cual es impreciso. Por citar solo un ejemplo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuenta desde hace años con un mecanismo en el que de manera sistemática se comparten buenas prácticas, se realizan evaluaciones conjuntas sobre los riesgos, se definen áreas de oportunidad y se establecen protocolos homologados en materia penitenciaria, como lo es la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que, por cierto celebró su XXVI Asamblea Plenaria el 17 de noviembre de 2022 y contó con la participación de representantes de los sistemas penitenciarios de las entidades federativas, incluido el de Chihuahua.

Un asunto tan delicado como el que hoy se comenta exigía la completa responsabilidad que finalmente asumió el gobierno estatal, pero a la par demanda una atención dedicada y permanente a las condiciones laborales de los elementos de custodia penitenciaria, requiere del nombramiento de personal especializado y con el conocimiento técnico y experiencia necesaria, y, sobre todo, obliga a dejar de lado la improvisación y el abandono histórico en que ha permanecido todo lo relacionado con Ciudad Juárez.

Como se ha sostenido anteriormente en esta columna, el tema es más que complejo; sabemos que conformar centros penitenciarios dignos, en los que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que implementen modelos que incidan en su efectiva reintegración social, es una tarea titánica que requiere voluntad política, presupuesto y corresponsabilidad.

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