CEDH: El clavo que falta

Son tiempos en los que la autocontención debiera ser la principal línea de conducta de quienes buscan un lugar en la función pública...

Luis Javier Valero Flores
Analista
domingo, 07 abril 2019 | 06:00

Son tiempos en los que la autocontención debiera ser la principal línea de conducta de quienes buscan un lugar en la función pública y, sobre todo, los que lo pretenden en alguno de los organismos autónomos, que soñamos ciudadanizados, y ese debiera ser el comportamiento de los gobernantes y la clase política.

En los tiempos que corren, quienes intentan descalificar la intención de “ciudadanizar” a porciones importantes de la función pública, de inmediato arguyen que no van a estar conformados por extraterrestres. 

Cuando un buen número de ciudadanos interesados en la construcción de un entramado institucional democrático lograron -logramos- que así ocurriera, se hacía bajo el entendido que se pretendía que los organismos autónomos fueran conformados con ciudadanos apartidistas.

Por supuesto que todos los ciudadanos tienen sus filias y fobias, pero se buscaba que éstas fueran lo más tenues posible, o que no formaran parte importante del desempeño público o privado de quienes aspiraban a integrar esos organismos.

Era claro que los partidos, y especialmente los encaramados en el gobierno, intentaran colmar cada uno de esos espacios.

Hoy estamos en la peor etapa de tal tendencia, los grupos gobernantes, están en un intenso proceso por aumentar la degradación institucional en esta materia.

Lo peor, en amplias capas de la población más interesada en los asuntos públicos y de los simpatizantes de los partidos, o seguidores de los gobernantes, prevalece la idea de que no hay problema, que basta con que los designados tengan capacidad para desempeñar tal o cual posición para que sean ungidos.

Por desgracia, en los días que corren abundan los casos, algunos de ellos extremos, como el de la recientemente nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Mossa, esposa del contratista José María Rioboó, el más cercano asesor del presidente López Obrador en materia de construcción.

La pregunta sobra ¿hay conflicto de interés? ¡Por supuesto que sí!

El colmo es la designación de los integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Priistas y panistas armaron una legislación a fin de entregarle -de manera encubierta- la facultad de esa designación al presidente, en el caso de que le rechazaran a éste la presentación de dos ternas.

AMLO recibió el rechazo de la Cámara de Senadores de las cuatro ternas -para sendos comisionados-. Ante eso, resolvió quitar a uno de los propuestos y envió, de nueva cuenta, prácticamente, las mismas ternas, sabedor de que no alcanzarían la mayoría requerida y, por tanto, le entregarían en bandeja de plata las designaciones.

¿Por qué no integrar, efectivamente, nuevas ternas? 

¿Acaso no hay, en el país, el número suficiente de especialistas en ese tema y, sobre todo, lejos de las querencias partidistas, incluidas las de Morena, para que de ese modo recibieran la aquiescencia de las dos terceras partes de los senadores, que para eso se estableció ese requerimiento numérico, para intentar asegurar el alejamiento partidista de los designados?

Y si en el ámbito federal así inicia el desempeño de Morena como partido gobernante, en los ámbitos del “nuevo amanecer” empeoran las cosas a pasos agigantados.

Ahora el escenario es la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Sería el colmo de lo realizado por el actual grupo gobernante si llegara a resolver que la nueva presidenta sea Irma Villanueva o María Soledad Limas Frescas.

Recordémoslo, no estamos hablando de las capacidades, sino de sus filias o fobias.

¿Cómo alegar independencia al frente del organismo derechohumanista si la primera se desempeña al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano de la Fiscalía General del gobierno de Chihuahua, y si, al mismo tiempo, como ella misma lo reconoce, le guarda especial reconocimiento a la Consejera Luz Estela Castro (es mi maestra, dijo), y ambas son integrantes del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y en momentos en que “Lucha” enfrenta un muy serio cuestionamiento, además de que por sus propias expresiones (las de Castro), en las redes sociales, el gobernador Corral le merece puros elogios?

Por otra parte, María Soledad Limas Frescas, es una connotada militante panista, ocupante de distintos cargos partidarios y públicos, derivados de su militancia blanquiazul, ¿cómo podría ocupar ese cargo, de manera independiente, frente al gobierno de su compañero Javier Corral? ¿Sólo porque ella puede argüirlo?

Pero no es lo único controversial en la designación del nuevo presidente de la CEDH.

En el país se debate, a veces de manera muy ríspida, el aborto y la necesidad de legislar acerca de los matrimonios homosexuales y el derecho de éstos a adoptar. Dos bloques se enfrentan a lo largo y ancho del país, ambos intentan ocupar la mayoría de las posiciones, en todos los aspectos.

Pues bien, una activista en contra del aborto y de los matrimonios homosexuales -Verónica Grajeda- aspira a presidenta de la CEDH, ¿cómo compaginar su activismo y la defensa de los derechos -establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- de quienes se encuentran en esa condición?

Lo que nos mantiene unidos, en la sociedad, pese a nuestras diferencias, o precisamente por ello, es el marco legal que hemos construido; ése lo debemos respetar, sin él sería el caos. 

Puede haber -las hay- distintas opiniones y concepciones acerca del aborto y los matrimonios homosexuales, pero ya hay un marco legal, y las opiniones personales, basadas en las creencias religiosas, son válidas para quienes las poseen, pero no para el resto de la sociedad.

Por otro lado, en el inmenso universo de aspirantes, se encuentran estimados amigos, activos militantes de Morena, férreos defensores del gobierno de la 4T. 

Para ellos vale la misma argumentación, no sería válido, como muchos así lo argumentan, argüir que ellos sí son honestos y que, puestos en ese trance, podrían actuar con plena independencia en algún caso en el que debieran recibir quejas en contra de funcionarios del Gobierno federal (ya sabemos que, por ley, no está dentro de sus facultades, pero en primera instancia sí son autoridad facultada).

Más aún, Óscar Castrejón y Carlos Casas, tienen sobradas capacidades para desempeñar tal cargo, pero desde la óptica planteada al principio, es claro que no cumplen con aquel requisito.

Desde la óptica “ciudadanizadora”, sostenemos, Morena debería ser punta de lanza en la conformación de un nuevo entramado institucional. 

Por desgracia no está ocurriendo así y al no hacerlo “legitima” lo que sí hacen otras fuerzas, en este caso, el grupo gobernante estatal, jefaturado por Javier Corral que, al nombrar en la CEDH a alguna de sus cercanas, estará completando el cuadro que de a poco ha ido conformando con el fin de tener el control de todos los resortes de la vida institucional en Chihuahua, en palmaria contraposición a lo que fue su discurso central a lo largo de varias décadas de quehacer político.

Sí, pues mantendría el control, a través de distintos agentes, en el Poder Judicial del Estado, en el Congreso, en la Auditoría Superior del Estado, en el Ichitaip, además de los funcionarios que dependen directamente de él, en la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General del Estado y en la Fiscalía Anticorrupción (sujeta a su primera prueba de fuego, con motivo de la denuncia presentada por el consejero Joaquín Sotelo).

Esa es la papa caliente, hoy en manos de los diputados. Podrán actuar como ya lo han hecho recientemente, acríticamente, siguiendo sus propias conveniencias personales -que no sus convicciones-, subordinados, la mayoría, a los designios del titular del Poder Ejecutivo.

Así no le sirven al pueblo de Chihuahua.


Disculpas

Una disculpa, no pudimos abordar el tema de la sucesión del 2021. Habrá tiempo.


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