Casi llora porque no le autorizan escoltas

-Casi llora porque no le autorizan escoltas

-El buen doc andaba rebasado por todos lados

-Es histórica la metida de pata contra Duarte

-Naturalita Amparo para coordinar en Cabildo

Nos relatan fuentes al interior de Palacio de Gobierno que hace unos días, casi al punto del llanto, Javier Corral Jurado reconoció ante miembros de su gabinete de seguridad que sería imposible obtener respuesta positiva del Congreso del Estado para mantener su escolta de policías pagados con dinero público después de concluir la administración.

Pretende el angelito que los chihuahuenses le sigan pagando policías que lo vigilen por cuatro años más, a partir de dejar el cargo.

Ah, y junto con él, que también sean objeto del mismo privilegio el fiscal General, César Peniche; el secretario General de Gobierno, Luis Fernando Mesta y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz.

Que les paguen, sí, pero custodios en el Cereso cuando sean internados ahí por todo lo que han quedado a deber a Chihuahua debido a su ineptitud y corrupción.

La falta de vergüenza de Corral no tiene comparación, en febrero pasado envió al Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública Estatal en busca de ese objetivo.

Dice en términos gruesos la justificación:

“Debido a la compleja situación que enfrenta el país en general en materia de seguridad pública, se plantea establecer una forma de protección temporal a las personas que en su momento brindaron su servicio a la ciudadanía enfrentando a las estructuras delincuenciales y combatiendo los actos ilícitos de éstas; de ahí que se considera una obligación del Estado proporcionar de manera transitoria los medios necesarios para el cuidado de personas al momento en que concluyan sus funciones”.

Más: “El Estado proporcionará seguridad y protección personal a la persona Titular del Poder Ejecutivo, a la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública y a la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, previa solicitud de parte y autorizada antes o después de concluidos sus nombramientos”; es decir, a los cuatro aludidos.

En noviembre del 2016, apenas un mes después de arrancar su administración, Corral giró instrucciones nada menos que a Peniche para retirar los escoltas a los exfiscales, Carlos Manuel Salas y Jorge González Nicolás, desde entonces salen estos muy poco a que les pegue el sol juarense justo por falta de seguridad.

La rueda de la vida giró. Ahora Corral y compañía quieren de vuelta el esquema de escoltas evidentemente por el pánico que les provoca que cualquier hijo de vecino les arroje al menos un huevazo.

El Congreso ha resistido la presión. Corral Jurado casi llora, como han llorado los deudos de mas de mil personas que han sido asesinadas durante su régimen.

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Al buen doc Carlos Ponce Torres se le botaron las tuercas de la gobernabilidad en los escasos tres meses al frente de la Presidencia Municipal.

Presumimos que por ese motivo regresó Armando Cabada de la licencia que tomó para participar en la campaña electoral por una diputación federal, la que prácticamente ya tiene en sus manos bajo las siglas de Morena. Tomará posesión en septiembre.

Lo anterior significa que Cabada estará dos meses más al frente de la alcaldía. Luego la cederá al ganador de la elección del pasado 6 de junio, al morenista Cruz Pérez Cuéllar.

Ocho semanas se pueden ir volando dependiendo de algunas condiciones. Raúl Ávila, el jefe de la Policía Municipal, quiso aventarse sus meses de Hidalgo ante la ausencia de jefe con carácter; los de PASA agravaron la problemática en la recolección de basura y no hubo quién le fuera a la mano al Gobierno estatal por el maratón de obras tiradas, ni al federal por los apagones de energía eléctrica.

Dos meses, pues, sin autoridad municipal hubieran sonado a siglos. Pérez Cuéllar se nota entrón y nada dejadito, pero falta ratito para que llegue. Los juarenses necesitan, en caridad de Dios, un representante en el municipio para que el Estado y la Federación al menos no abusen de la ciudad y sus habitantes.

Hablamos la semana pasada de un bordo reductor de velocidad colocado atrás del Hospital 6 del IMSS. Entre el nosocomio y Plaza Las Américas. Duró la obra a medias casi un mes. Un simple bordo.

Hasta ayer fueron “reanudados” los trabajos justo al regreso de Cabada. Como ese detalle está rebosante la ciudad, muchas obras con las que se quiso lucir Javier Corral, no las supervisó adecuadamente y han quedado en calidad de batidero, y otras más que, efectivamente, corresponden al Municipio; otras a la Federación...

Inaceptable que a los usuarios del transporte público los traigan en operación ratón loco con supuestos camiones Bravobús que nomás existen en la imaginación de Corral.

Alguien debe frenar tanta locura. Si es la autoridad municipal, que lo sea, pero que ponga manos a la obra.

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Ni un peso ha sido recuperado para el erario por parte de la suntuosa e ineficaz Secretaría de la Función Pública. Su titular, Mónica Vargas, no tuvo de otra más que admitir ayer el fracaso de la Operación Justicia en su vertiente administrativa que tiene a cargo.

No hay sentencias en firme en 75 casos de responsabilidad administrativa iniciados contra exfuncionarios del sexenio pasado; además, 37 casos deberán reponerse porque se hicieron mal, se basaron en una norma abrogada que violentó todas las garantías de los acusados.

Vargas Ruiz y su antecesora, Rocío Stefany Olmos, participaron en infinidad de foros presumiendo los logros que estaban únicamente en la mente de su jefe, el gobernador Javier Corral.

Es evidente que ahora, tras el fracaso de cinco años de una Operación Justicia falsa y costosa, quieren Vargas Ruiz y Corral lavarse las manos; dicen que le tocará a la siguiente administración continuar con la lucha anticorrupción, que al estar basada en una norma no vigente ya puede darse por perdida.

Así querrán decir, en el futuro, que el nuevo gobierno no dio seguimiento a los casos, cuando lo real es que al reponerse todos los casos a estas alturas del quinquenio apenas alcanzará el tiempo para dictar superficiales acuerdos de inicio de investigación. No tendrán futuro en los tribunales.

Se fueron cinco años de enormes presupuestos de la SFP para nada. Indudablemente esas omisiones y negligencias en la Función Pública deberán tener consecuencias.

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La ingeniero Nancy Beltrán, nombrada por Armando Cabada como titular de Educación en el último tramo del ayuntamiento moreno-independiente, podría estar con un pie fuera de la administración municipal a la que ya le quedan escasas semanas.

Dentro del gabinete cabadista se habla de que la funcionaria jugó en dos bandos en el casi concluido proceso electoral.

Tanto ella como el coordinador de Mantenimiento, Ignacio “Nacho” Téllez, operaron a favor del abanderado panista, Javier González Mocken, a quien hasta la fecha tratan de “jefe” o “jefazo”, por el buen trato que les dio en su conocido paso por la administración municipal.

Dada esa cercanía, se fueron con la idea de que superMocken sería el ganador de la contienda. Perdieron igual que otros apostados en los proyectos contrarios a la línea oficial.

Lo gracioso es que los considerados traidores ruegan por una cita urgente con el alcalde electo, Cruz Pérez Cuéllar, o hasta con el propio Cabada Alvídrez, para jurarles con la mano sobre la Biblia que ellos y todos sus familiares votaron por Morena. Igual ocurre con titulares de Desarrollo Social, Desarrollo Urbano y Comercio, este último trabajando para los soñadores naranjas.

Al menos Pérez Cuéllar ha sido muy selectivo en las reuniones que tiene, pues sabe que el 90 por ciento de los que lo buscan llegan con el currículum por delante.

En fin, si hay cambios en estos días de forma brusca y repentina la explicación puede ser esa, por la ingenuidad de tratar de jugar en dos bandos.

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Es altamente probable que el grupo panista de regidores para la administración que inicia en septiembre quede conformada por Austria Galindo, Joob Quintín, Alma Arredondo, Enrique Torres y Amparo Beltrán.

Desde ahora se perfila la última como la coordinadora. Ya tiene el voto de Quique, el de Alma; y por supuesto, el de la nueva nomenclatura de la administración estatal que tomará protesta en septiembre y cuyo objetivo político primordial es reforzar al PAN en Juárez. Ven en la disciplina, experiencia y seriedad de Amparo tres buenos puntos a su favor.