Opinión

Candidatos ilegítimos

Como consecuencia de la reforma constitucional en materia político-electoral, el IFE, se ‘transformó’ en órgano administrativo electoral nacional

Gerardo Cortinas Murra
Analista

lunes, 08 febrero 2021 | 06:00

Como consecuencia de la reforma constitucional en materia político-electoral, el IFE, órgano administrativo electoral competente para organizar comicios federales, se ‘transformó’ en órgano administrativo electoral nacional (INE) con facultades para organizar, inclusive, comicios locales y municipales.

De igual manera, la homologación de los procesos electorales federales con los comicios locales, trajo consigo una serie de efectos nocivos en el desarrollo de función electoral. Algo así como una especie de Frankenstein electoral. 

La concentración de atribuciones otorgadas al INE permitió acaparar funciones que le correspondían a los órganos electorales locales, entre ellos, la capacitación electoral, la impresión de documentos y producción de materiales electorales y la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos.

El acaparamiento de la fiscalización de precampañas y campañas electorales fue el pretexto perfecto para que el INE asumiera –con el aval del Trife– la facultad de atracción para ajustar –a su antojo– la calendarización electoral.

En ejercicio de esta facultad ‘implícita’, el INE ‘ajustó’ la fecha de término de las precampañas al día 31 de enero del 2021. Lo anterior, para que en el período de intercampaña –cuando los miles de candidatos partidistas, federales y locales, se dedican, forzadamente, a ver películas y series en Neflix– tuviese el tiempo suficiente para revisar los gastos de todos y cada uno de los precandidatos.

Pero no sólo eso, la homologación de los comicios generó otro efecto negativo: los conejeros electorales locales de los OPLEs se convirtieron en simples ejecutores de los acuerdos del INE. Lo que derivó en un engendro político, por la pérdida de su independencia y, por ende, en un gasto injustificado de su estructura interna. 

Ahora bien, una cuestión de suma trascendencia es la siguiente: Los partidos políticos que no designaron precandidatos antes del 31 de enero pasado, ¿tienen derecho a registrar candidatos?

A mi parecer, la respuesta es negativa, por las siguientes razones:

1) La Ley Electoral local (LEY) establece que el IEE está obligado a “garantizar los derechos de las personas con una candidatura” siempre y cuando se cumplan los requisitos contenidos en la legislación electoral.

2) En la LEY se plasma la definición legal de los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular: “conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y las personas aspirantes a dichos cargos…”

3) La LEY consigna la obligación de todos los partidos debidamente registrados ante el Instituto, para “realizar procesos internos para la selección de candidatos y precampañas, para elegir a los ciudadanos que presentarán para las candidaturas a cargos de elección popular, ante los organismos electorales competentes”.

4) Los procesos internos para la selección de candidatos dan inicio con la emisión de la convocatoria respectiva, con la consecuente obligación de los partidos políticos, de informar al IEE cuál será “el procedimiento interno que aplicarán para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate”.

5. El IEE aprobó la siguiente calendarización de las precampañas para diputados locales y miembros de Ayuntamiento: del 9 al 31 de enero del 2021.

Así las cosas, resulta evidente que aquellos partidos políticos que no realizaron, oportunamente, un proceso de selección interna de candidatos están impedidos para postular candidatos. 

En efecto, el partido político que no haya designado a un candidato partidista –a más tardar la fecha electiva interna fijada por el IEE (3 de febrero del 2021)– está imposibilitado para registrar candidato oficial alguno.

 Lo anterior, ya que dichos partidos políticos fueron omisos en dar cumplimiento cabal a su obligación de realizar –dentro de los plazos establecidos por el IEE– los procedimientos de selección interna de precandidatos.