Opinión

Candidata bajo sospecha

Maru Campos no puede ser gobernadora de Chihuahua, no porque no obtenga el voto de los electores, sino porque, si gana, su caso personal entraría en un enorme conflicto de interés que la ley prohíbe

Francisco Ortiz Bello
Analista

domingo, 30 mayo 2021 | 06:00

Es una práctica común en nuestro país, que una empresa en proceso de reclutamiento de nuevo personal solicite una carta de no antecedentes penales a quienes deseen aplicar a alguna vacante, como una forma de asegurarse que los nuevos empleados no han tenido en su historial laboral o personal, juicios en su contra por la comisión de algún delito ya sea imprudencial o doloso y, en caso de tenerlos, conocer con certeza y detalle cuáles fueron y la sentencia o condena que obtuvo por tales delitos.

De hecho, cuando un aspirante a alguna vacante dentro de una empresa presenta una carta de no antecedentes penales positiva, es decir que sí tiene registros de sentencia o sentencias en su contra, prácticamente en automático es desechada la solicitud de empleo, aunque en muchas ocasiones esos delitos sean imprudenciales o culposos (accidentes viales, lesiones y otros similares), ya que difícilmente el área de recursos humanos entrará al análisis del tipo de delito cometido, aunque existan excepciones, pocas pero las hay.

Esta práctica generalizada en la iniciativa privada ha sido combatida ferozmente desde distintos frentes, sindicatos, agrupaciones obreras, asociaciones de derechos humanos, con el argumento de que resulta discriminatoria para el solicitante de empleo, violando su derecho al empleo digno, porque aún y cuando cuente con antecedentes penales la ley establece el derecho a la rehabilitación de quienes han cometido delitos, facilitando su reinserción dentro de la sociedad sin tachas ni cuestionamientos, una vez que cumple su condena.

También argumentan que al solicitar ese documento de manera indiscriminada a todo aquel que solicita empleo, se atenta contra la presunción de inocencia de la que goza constitucionalmente cualquier ciudadano, presuponiendo o sospechando que puede tener antecedentes penales.

El caso es que se trata de una práctica común difícil de erradicar por la utilidad que tiene para las empresas, ya que de alguna forma es un filtro que impide la llegada de personas con no muy buenas costumbres, previendo así afectaciones al patrimonio o finanzas del negocio.

Incluso, para la contratación de colaboradores en cargos de alta responsabilidad, ya sea en la toma de decisiones o manejo de recursos financieros, adicionalmente a los requisitos comunes, la mayoría de las empresas realizan algo que denominan estudio socioeconómico o algo similar, y no es más que una investigación a fondo de la persona que solicita el cargo.

Este estudio socioeconómico incluye una visita domiciliaria en la que el trabajador o trabajadora social corrobora muchos detalles, además de la existencia física del domicilio, como calidad y cuidado del mobiliario, vehículos, composición familiar y calidad de la relación, también acuden físicamente a los dos últimos empleos que el solicitante declaró en su aplicación, hablan con exjefes y excompañeros de trabajo y realizan una investigación detallada y a profundidad de los hábitos, costumbres y conducta del solicitante de empleo. Algunas empresas incluyen en este estudio un análisis también profundo y detallado de la situación financiera de la persona.

Lo cierto es que nadie, o prácticamente nadie, quisiera contratar a una persona que tiene o ha tenido pendientes con la justicia, sobre todo en el caso de delitos dolosos o patrimoniales, porque tiene que ver precisamente con las costumbres, principios y valores de integridad y honestidad de quienes pretenden trabajar para una empresa.

Todo el análisis previo se refiere a la iniciativa privada y sus procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal. Las cosas en el gobierno, la llamada función pública, son bastante diferentes. Mucho más estrictas y rigurosas, por cierto.

Y qué bien que así sea, sobre todo en el caso de servidores públicos que tienen a su cargo o bajo su custodia el manejo y administración de recursos materiales, financieros o humanos, así como la toma de decisiones de gran trascendencia para el ámbito social colectivo, para todo un país, para todo un estado o bien, para toda una ciudad.

Así pues, desde  agosto de 2008 se firmó el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL). En dicho acuerdo, el Gobierno federal se comprometió a crear un “Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza”. Por su parte, los gobiernos estatales se comprometieron a crear o fortalecer un centro de control de confianza en su entidad.

También asumieron la tarea de evaluar en un plazo de seis meses a los mandos policiales y al personal de unidades antisecuestro. Y los municipios del país adquirieron la obligación de sujetar a evaluación permanente y a controles de confianza al personal de la policía municipal y de centros de readaptación social bajo su competencia.

En sus orígenes, esta política de seguridad iba enfocada principalmente a las corporaciones policiacas, pero conforme ha ido transcurriendo el tiempo se ha visto la conveniencia de aplicarla a diversos cargos o mandos medios, altos y superiores en todas las estructuras de gobierno, principalmente en aquellas de mayor sensibilidad por la naturaleza de sus funciones.

Con base en ese acuerdo, en México el Control de Confianza, se rige bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez y lealtad, para todos los cargos y posiciones evaluadas. Y su labor principal en el ámbito público es que tiene a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y competencias profesionales que se aplican para el ingreso y permanencia de los servidores públicos.

Las pruebas o exámenes de control de confianza en el sector público consisten en Evaluación del Entorno social y situación patrimonial, Evaluación Psicológica, Evaluación Poligráfica, Evaluación Médica y Evaluación Toxicológica, con las que se tiene un acercamiento bastante real a la persona evaluada y sus circunstancias presentes y pasadas, lo que disminuye en muy buena medida la posibilidad de contratar perfiles inadecuados para los cargos de responsabilidad.

Con todo este análisis yo me pregunto ¿quien aspira a gobernar un estado no debería acreditar un examen de control de confianza? Yo pienso que sí, dada la alta responsabilidad que representa gobernar un estado, los gobernados merecemos la certeza y seguridad de que al menos, cumple con ciertas características mínimas de confiabilidad. Entonces, me vuelvo a preguntar ¿Por qué en la actualidad no se les aplica ese control de confianza?

Y lo pregunto porque dentro de una semana, justamente, tendremos la oportunidad de ir a las urnas para elegir, entre otros cargos, al próximo gobernador del estado de Chihuahua, y en ese punto los chihuahuenses tenemos un serio problema, o bueno, algunos chihuahuenses.

Resulta que el Partido Acción Nacional decidió postular a la candidatura por el gobierno estatal a María Eugenia Campos Galván, quien actualmente y desde antes del inicio del proceso electoral, enfrenta procesos penales en su contra, por los delitos de cohecho pasivo, uso indebido de atribuciones, cohecho activo y alteración del proceso en uno de los juicios. Serias acusaciones por las que ya un juez la vinculó a proceso en el caso de cohecho pasivo, y está por recibir la formulación de cargos y segunda vinculación por el otro caso.

Esa decisión del PAN, incomprensible e inexplicable, obligó a militantes y simpatizantes blanquiazules a apoyar a su candidata, aunque muchos de ellos tengan en estos momentos un serio conflicto de conciencia. Y no se trata de dudar de la inocencia de Maru, el principio de presunción de inocencia consagrado en la constitución la protege, sin embargo, para el cargo que pretende desempeñar su conducta debería estar fuera de toda duda, intachable, inmaculada. Pero no es así.

La señora Maru Campos, más allá de tecnicismos jurídicos, es una mujer que tiene pendientes con la justicia de Chihuahua, así, simple y llanamente, tiene pendientes con la justicia, y antes que pretender ser gobernadora del estado, debería arreglar esos pendientes, porque en el eventual caso que obtuviera el triunfo y rindiera protesta como gobernadora de Chihuahua, inmediatamente se presentaría otro gran conflicto: Como jefa directa del Ministerio Público, ¿cuál sería su primera instrucción en las acusaciones que hoy hace la FGE en su contra? ¿Retirar la denuncia? ¿Archivar los expedientes?

Maru Campos no puede ser gobernadora de Chihuahua, no porque no obtenga el voto de los electores, sino porque, si gana, su caso personal entraría en un enorme conflicto de interés que la ley prohíbe. Así de simple.