OPINIÓN

Calladitos ante una aplanadora llamada AMLO

La propuesta para incrementar ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16 y desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal es el más ominoso signo de la intentona totalitarista del régimen de López Obrador

LA COLUMNA
de El Diario
lunes, 22 abril 2019 | 06:00

• Calladitos ante una aplanadora llamada AMLO


• Una síndica lleva chismes hasta Gobernación


• Alistan renuncia de un pájaro de cuenta


• Durazo agenda para abril... o para mayo


La propuesta para incrementar ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 16 y desaparecer al Consejo de la Judicatura Federal es el más ominoso signo de la intentona totalitarista del régimen de Andrés Manuel López Obrador.

Pero curiosamente el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, los dos mayores contrapesos a la gestión federal, no han puesto en marcha alguna de sus estrategias para repetir estado por estado y ciudad por ciudad una postura firme e inteligente contra la propuesta de reforma al Poder Judicial.

Por el memorándum para desactivar la reforma educativa le pusieron altos decibeles a la protesta. Valía la pena por el olvido presidencial de que nadie ni nada puede estar por encima de la ley.

Pero al menos en los círculos políticos ha llamado la atención que el sector privado parece ausente ante una probable reforma que llevaría a 6 ministros más a la Corte, con lo que López Obrador avasallaría o tendría mayoría en el máximo tribunal del país.

Tendría al sistema de justicia federal a sus pies, para hacer y deshacer en la interpretación constitucional, tarea reservada a los togados que en gran medida deberían su cargo al presidente.

Pese a ello y las voces de alarma que han lanzado los opositores políticos, disminuidos al mínimo en todos los partidos, la iniciativa privada, tal vez entretenida con los múltiples distractores que salen en cada mañanera, no se ha organizado para reclamar este salto en el tiempo hasta 1994.

Los involucrados en el sistema de justicia quieren llamar la atención sobre este punto, porque la reforma lopezobradorista busca incluso pasar por encima del Sistema Nacional Anticorrupción, aún incompleto por la falta de un Tribunal de Justicia Administrativa, que podría quedar en mero proyecto por la sala especial en la materia que busca el nuevo régimen.


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El superdelegado Juan Carlos de la Rosa acompañó a la síndica de Cuauhtémoc, Petra Alicia Meraz, y a la regidora morenista Jazmín Vega, a una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

No fueron a ver la crisis de los migrantes, de los desaparecidos, de la violencia, el crimen o de la todavía nonata Guardia Nacional, cuya avanzada llegó a la tierra manzanera en vehículos de la Defensa Nacional y la Policía Federal. No, nada de eso.

Fueron a llevar el chisme de que el el alcalde morenista Carlos Tena Nevárez, quien trae pleito casado con Loera de la Rosa y el delegado regional Óscar Leos Mayagoitia, le quitó la gasolina oficial a la síndica y con ello comprometió su dedicada labor fiscalizadora de la administración municipal.

Los 600 pesos diarios destinados al combustible de Petra y los agentes de la Policía Municipal a su servicio, que usan vehículos de la corporación para proteger a la síndica, le fueron retirados porque se negó a mandar la unidad destinada a su uso para rotularla con los logotipos oficiales.

El atorón a la síndica lo provocó ella misma, además, pues había quejas de que los agentes asignados a su cuidado, por supuestas amenazas recibidas hace algunos meses, eran usados de choferes y mandaderos para cuestiones personales de la funcionaria.

Como no hubo acuerdo al interior del Municipio y tras algunos desplantes que le hizo a Tena Nevárez, no encontró mejor apoyo que dentro del mismo partido en el poder, pero en otro grupo.

Y el asunto escaló hasta Gobernación, poco antes de los días santos.

Ni duda cabe que los chismes son las prioridades de la cuarta transformación.


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El director de Ganadería del Estado, Enrique Estrada Gutiérrez, es famoso por puros escándalos.

El funcionario fue alcalde de Cusihuiriachi, pero terminó su gestión lleno de señalamientos por malos manejos y enriquecimiento inexplicable. En su período se hizo de ranchos, ganado y otras propiedades que sin el cargo público quizás no hubiera conseguido.

Sus cartas credenciales azules le bastaron para que, lejos de investigarse su actuación como presidente municipal, lo llamaran al cargo de director en la Secretaría de Desarrollo Rural, donde ha estado protegido por los dos que han sido sus titulares, Rubén Chávez Villagrán y René Almeida Grajeda.

Luego vino su expulsión de la Asociación Ganadera Local de Cusihuiriachi, el 23 de febrero pasado.

Fue echado de la agrupación de ganaderos junto con sus hijos Carlos Esteban Estrada Ledezma y Carlos Juan Estrada Gutiérrez. A ellos los expulsaron por un litigio interno que violaba los estatutos de la organización, mientras que al funcionario lo corrieron porque junto con otro expresidente, Manuel Erives Parra, traía señalamientos de desfalcos y malos manejos financieros, para variar.

Así de paradójico, el director de Ganadería del Estado, echado de una asociación de ganaderos a la que pertenecía y hasta se jactaba de controlar.

Luego vino su abierta y descarada intervención en la elección de dirigente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, en la que trató de sacar adelante a Jorge Kosturakis sobre Eduardo Prieto.

Su indebida participación en un proceso en el que como autoridad estatal debería mantenerse ajeno, quedó evidenciada con aquel audio, conocido días después de la elección, en que le pedía a un delegado de la UGRCH votar a favor de Kosturakis.

Ello le valió, por fin, la apertura de una investigación por parte de la Función Pública, que involucra también al secretario Almeida, que tan buen récord llevaba hasta que Estrada Gutiérrez lo metió en problemas, dado que hacía las llamadas a su nombre para presionar el voto contra quien finalmente ganó la elección ganadera con una amplia mayoría.

Ahora se habla de que es inminente la renuncia del pájaro de cuenta que es Estrada, como forma de parar cualquier investigación.


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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, confirmó una gira por Juárez. Está pendiente la fecha aunque de mayo no pasa, a decir de los que conocen su agenda.

El funcionario federal está metido de lleno en el diseño operativo de la Guardia Nacional que estará a su cargo, a cumplir con las letras chiquitas de la ley que le da vida, para llegar no sólo a Juárez sino a una decena de ciudades prioritarias del país en materia de seguridad, con anuncios concretos.

Nada sencilla es la tarea, pues deberá distribuir con inteligencia el nuevo aparato de seguridad, que constará en una primera etapa de 35 mil policías militares, 8 mil policías navales y 16 mil policías federales y de la Gendarmería Nacional –cuerpo que se quedó a medias– que habrán de integrar la Guardia en su primera etapa.

De esos 59 mil elementos que van a llegar a relevar a los 36 mil federales actualmente desplegados, falta ver cómo se van a repartir en el país.

Luego, según los expertos de la materia, vendrá el reclutamiento de 21 mil 170 nuevos elementos para la Guardia, que serán formados especialmente para esta corporación; y para los próximos tres años dicho cuerpo está proyectado para crecer a 120 mil efectivos, luego a 150 mil en 2023.

La labor de Durazo de los próximos días, pues, es definir las divisiones de atención que tendrá la Guardia Nacional y su reparto territorial.

A partir de entonces es que se definirán fechas de visitas a varios estados y ciudades, para llegar a reuniones concretas de trabajo, sin nada de protocolos.

Prometen avisar con tiempo de su gira por esta frontera, donde los reclamos por la ola de violencia no cesan, dado el impacto social y económico que tiene la inseguridad, por demás conocido.