Buscan a la DEA para ir por ‘El 300’

• Buscan a la DEA para ir por “El 300”

• Va que vuela otra ley a la basura

• Tienen a Domínguez con un pie afuera

• Spots de Bonilla aquí y de Mocken en Chihuahua

Ayer inició en la ciudad de Chihuahua el servicio funerario del Alfa 2 de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Luis Raúl Tarango Ávila, acribillado con cerca de 150 disparos en Parral el viernes.

Hasta ayer por la tarde se desconocía si sus restos serían sepultados hoy o esperará su familia a honores por parte de sus superiores, el máximo de ellos Javier Corral.

El sigilo obedece, igual que ocurrió con los agentes masacrados hace semanas entre Temósachi y Madera, a que los familiares en luto deben sufrir la doble tragedia del oficial asesinado y la pereza del gobernador para la toma de este tipo de decisiones.

En ese tenor duerme también la discusión hacia el interior de los mandos estatales de seguridad, Secretaría de Seguridad y Fiscalía General, sobre la necesidad de solicitar ayuda “extra” para perseguir a los asesinos de Tarango y detenerlos.

Es evidente que los estatales han sido completamente rebasados, particularmente por dos grupos de un mismo cártel, el de Sinaloa, que operan en toda la región de Parral y el sur del estado, a uno de los cuales es adjudicado el crimen de Tarango o Alfa dos y de otros policías ministeriales, empresarios, enfermeros y mucha gente de aquella zona.

Ese grupo delictivo, según la Fiscalía, es encabezado por “El 300”, Antonio Leonel C.M., de doble nacionalidad –mexicano-estadounidense–, con ligas de mando directas de Sinaloa.

Las fuerzas de seguridad estatales buscarían para desactivarlo apoyo de la DEA. No pudo la Sedena con el coronel Roque Ruiz al frente y menos el Estado.

Corral mismo podría hacer este día el anuncio... o cuando regrese a trabajar. Hoy es Día de las Madres e inhábil para las respetables mamás pero el gobernador toma parejo. De pena ajena pero es así siempre.

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Se había advertido desde hace semanas que no tenía futuro la corralista Ley de Administración de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos. Luego llegó la anulación de su articulado toral por duplicar la extinción de dominio y pasar sobre la presunción de inocencia.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, al mando de Rosario Piedra Ibarra, triunfó sobre las pretensiones dictatoriales de Javier Corral en la batalla que se libró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ese triunfo jurídico y político ha llevado a la interpretación simplificada de que la CNDH actuó para beneficiar al exgobernador César Duarte. De eso, ahora, reniegan los derechohumanistas, dado que consideran errada dicha apreciación.

Lo que aclara la gente de la ombudswoman es que nada hay más alejado de la realidad. Si bien la ley hecha por Corral tenía como principal destinatario a su pesadilla preso en Miami, dejarla con vigencia era un peligro para cualquier persona que se viera en líos con la justicia.

Fuera gobernador Corral u otro, dejarle la norma a modo vulneraba la seguridad no sólo de cualquier político opositor al poder en turno, sino a cualquier empresario o ciudadano que fuera considerado presunto responsable de cualquier delito.

Aunque le duela a los partidos y gobernantes, pues, la CNDH debía actuar para ponerle límites al poder que el Ejecutivo se había arrogado mañosamente.

Dejarla era un atentado a la seguridad jurídica de las personas. Así, aunque les duela y no lo entiendan algunos, debe ser y será el papel de la comisión nacional.

Debe entenderse que a partir de la reforma en derechos humanos de 2011 el país pasó del lesivo “eres culpable hasta que demuestres lo contrario” a la moderna presunción de inocencia sobre todo acto jurídico.

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Así como se había dicho sobre la inconstitucionalidad de esa Ley de Bienes, ahora se habla de otra norma estatal que podría irse a la basura. No será novedad que sea la siguiente noticia surgida del máximo tribunal del país.

Está siendo litigada por la misma CNDH la Ley de Transporte, aprobada en un madruguete en marzo de 2020, justo al comienzo de la emergencia sanitaria.

Puede verse en la edición digital de La Columna la carátula de la acción de inconstitucionalidad promovida por el organismo nacional de derechos humanos, recurso que fue admitido por la Suprema Corte y se encuentra por ser enlistado para su discusión.

En este caso son tres artículos los impugnados, pero la CNDH considera que violan la Constitución, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y hasta el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales.

La Ley de Transporte, pues, pasa por encima de la máxima norma nacional y hasta de los ordenamientos supranacionales, que se consideran en un mismo nivel que la Constitución.

Se estiman violados los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la no discriminación, al trabajo y al principio de legalidad.

Algo deberá ocurrir también con los diputados obsequiosos del corralato que le aprobaron loquera tras loquera a Corral operadas desde la Secretaría General y de la Consejería Jurídica del Gobierno.

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Una “volada” se le suele decir a la nota falsa o que puede representar una verdad a medias, pero no se confirma y se reconfirma, como marcan los cánones del manejo informativo, sino que convenientemente se pone a circular como si fuera una realidad.

Con una de esas “voladas” trató de defender lo indefendible el líder estatal de Morena, Martín Chaparro Payán. El tema fue la tragedia de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, construida en la administración del ahora secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

El también candidato suplente a la Presidencia Municipal de Juárez difundió mensajes en grupos de chat, con la captura de pantalla (la imagen en la versión digital) de una supuesta instrucción panista que pide aprovechar la muerte de la veintena de personas para atacar al Gobierno morenista.

No dice quién da la instrucción de usar la peor tragedia del Metro en la capital del país para el golpeteo ni da mayores datos. Y podría ser real, la clase política es capaz de rebajarse al peor nivel en cualquier caso, independientemente del color.

Los morenistas a los que llegó la información hasta se enternecieron de los afanes de Chaparro ante algo en lo que los chairos deben callar. Porque ni modo que alcen la voz con la exigencia de justicia y castigo a la supuesta corrupción que derivó en tan lamentable accidente.

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Las lealtades de la directora de Desarrollo Social, Laura Domínguez Esquivel, siempre han estado en entredicho. No podía ser diferente ahora que las campañas la obligaron a definirse por uno de los varios proyectos que chocaron en la gestión municipal.

La candidatura a diputado federal plurinominal del otrora independiente Armando Cabada vino a echarle a perder los planes prácticos a la funcionaria municipal.

Si hubiera logrado ser candidato a gobernador Cabada, ella, así lo ha confesado a quienes narra sus penas, ya sería candidata a diputada. Pero el viraje al morenismo le echó a perder la jugada.

Ahora, a espaldas del que fuera su jefe en la alcaldía independiente, coqueteó con el equipo de Javier González Mocken y no tuvo éxito; luego buscó la cercanía con la candidata a gobernadora del PAN, Maru Campos, a quien la une la coincidencia de haber sido diputadas.

Volteó, pues, a donde sea, menos a apoyar el proyecto morenista en el que van Cruz Pérez Cuéllar y también Cabada. Con ellos va la cargada de la antes independiente administración, pero la expriista finge que no lo sabe. Eso la tiene con un pie afuera junto con otros desleales.

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La mayor prueba de la complejidad de la organización centralizada de las elecciones la dio el Instituto Nacional Electoral (INE) durante la semana pasada.

Fue reportada a la Junta Local que encabeza Alejandro Scherman y a los órganos técnicos en la capital del país la difusión de spots de radio y televisión de los candidatos a las presidencias municipales, pero con un mal tino que salían candidatos de una ciudad en otra.

Específicamente en Juárez se pautaron en estaciones promocionales del candidato del PAN a la alcaldía de Chihuahua, Marco Bonilla, y en la capital se trasmitieron los del abanderado por Juárez, Javier González Mocken.

Así los pautó el INE y los concesionarios no podían moverle a la pauta so pena de hacerse acreedores a sanciones, por más increíble e innecesario que fuera ver a un candidato a alcalde de la frontera pidiéndole el voto a los habitantes de otra ciudad.

La corrección se tardó casi tres días. Así de veloz es la enorme burocracia en la central electoral del país, lo que hace necesario repensar el sistema y el proceso de toma de decisiones, que concentra en México hasta los detalles más locales.

Autonomía, sí; pero también alta eficacia.