Opinión

BRT, antecedentes y transporte público

Ciudad Juárez es un ejemplo del divorcio entre las acciones a favor del crecimiento económico y las correspondientes al desarrollo enfocado en el bienestar de la ciudadanía

Sergio Pacheco González
Analista

martes, 08 septiembre 2020 | 06:00

Como se ha insistido en múltiples ocasiones y desde diferentes ángulos, Ciudad Juárez es un ejemplo del divorcio entre las acciones a favor del crecimiento económico y las correspondientes al desarrollo enfocado en el bienestar de la ciudadanía. Las violencias a las que ha estado sometida son no sólo múltiples, sino recurrentes. Las historias en torno al establecimiento del transporte urbano semimasivo son una muestra de ello.

En los últimos 20 años, se ha pretendido dar respuesta a una necesidad evidente: contar con un servicio de transporte de pasajeros digno, con unidades diseñadas exprofeso para brindar este servicio, que reconozcan y atiendan las particularidades de una zona del país con temperaturas extremas, donde cientos de trabajadores y trabajadoras requieren trasladarse a lo largo de las 24 horas del día de sus casas a sus centros laborales y viceversa, en la que la extensión constante de la mancha urbana que responde a la masiva construcción de nuevos centros habitacionales demanda de la ampliación de su cobertura, demandando también la capacitación de sus operadores a fin de garantizar la seguridad de las personas que les requieren.

Uno de los problemas centrales en esta travesía, es el carácter improvisado y/o autoritario con que se ha actuado desde el ámbito gubernamental para implementar las condiciones de operación de los autobuses de tránsito rápido (BRT), por una parte; y la permisividad que ha caracterizado a las mismas autoridades con relación a los compromisos que asumen de cuando en cuando los permisionarios de este servicio.

Así, en 2001, el entonces presidente del Consejo Municipal, José Reyes Ferriz, con un encargo que no superaba un año calendario, decidió impulsar la construcción de paraderos a lo largo de una ruta que comprendía el bulevar Zaragoza y el eje vial Juan Gabriel. Esta acción de carácter voluntarista pretendía estimular el voto ciudadano a favor de su partido político en las próximas elecciones extraordinarias, lo que supondría, eventualmente continuar con la obra.

Un elemento adicional estaba en juego: contar con el aval y apoyo del Gobierno estatal, hecho que se evidenció cuando, al convertirse en alcalde en el período 2007-2010, realiza una fuerte inversión en la rehabilitación de paraderos y en la adquisición de 50 autobuses. Ambos recursos, como en su primera tentativa, constituyeron en términos reales una pérdida para el erario y una más de las acciones que muestran el ejercicio de la violencia institucional. 

Guardadas las proporciones, la manera en que el Gobierno estatal ha llevado a cabo las primeras obras de la segunda ruta troncal rememora los inicios de la que hoy ocupa el Ecobus, antes Vivebus, bajo los impulsos de Reyes Ferriz.

A poco más de un año de que concluya su mandato la actual administración estatal, se ha iniciado con las excavaciones preparatorias de los paraderos o estaciones a lo largo de la principal vía de acceso y salida de esta urbe fronteriza.

Las voces que han manifestado su desacuerdo con esta obra no han logrado detenerla y no han encontrado respuestas concluyentes para aceptarla y deponer su oposición.

Si bien, a diferencia del primer intento juarense, las atribuciones legales, el apoyo estatal y los recursos económicos se encuentran garantizados en esta etapa, el escenario de un próximo proceso electoral que puede derivar en la elección de un titular del Poder Ejecutivo estatal que provenga de una organización partidaria distinta a la del actual gobernador o incluso que, como sucedió en el caso local, aún proveniente del mismo partido tenga una agenda distinta, pone en riesgo la concreción de la obra.

Otros protagonistas de esta historia son los permisionarios de las líneas de transporte. Lograr acuerdos con ellos, representó en el pasado un dolor de cabeza para el organismo operador y para las autoridades respectivas. Además, su función como rutas alimentadoras implica ajuste de sus recorridos actuales.

En este sentido, llama la atención la publicación en el Diario Oficial del día 5 de los corrientes, del Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua.

Uno de los principios indicados en el artículo 9, puede ser decisivo en los términos de la negociación que se avizora. Este hace referencia a la calidad, la que implica “Cumplimiento de propiedades de eficiencia en los servicios ofrecidos al usuario, en términos de accesibilidad, higiene, comodidad, seguridad, frecuencia de paso, tiempo de recorrido y sustentabilidad ambiental”. Falta para comprobarlo.