Bienvenidos los tribunales especializados en género

En 2008 Chihuahua fue punta de lanza nacional al ser el primer estado en cambiar el sistema de justicia penal a una modalidad oral y garantista, en aquel momento fueron varias las voces que se oponían, principalmente aquellas que ya se habían infiltrado y enquistado en un sistema arbitrario, donde el mismo Ministerio Público era juez y parte, acusaba, emitía orden de aprensión y sujetaba a proceso, decidía la prisión preventiva o decidía no ejercer la acción penal todo de forma unilateral, arbitrariedad que abonaba a la corrupción. Con el nuevo sistema de justicia penal todo esto es decidido por un juez, donde ambas partes tienen derecho a la contradicción y argumentación, un actor clave en ese proceso fue el Lic. César Cabello. Chihuahua lo hace de nuevo y se perfila para ser el primer estado en el país en instalar los tribunales especializados en violencia de género.

En justicia no podríamos llamar a los tribunales especializados en violencia de género como un paso a la vanguardia en los derechos humanos de las mujeres y niñas, sino como el cumplimiento de una de las deudas adquiridas incluso desde 1979, refiriéndonos específicamente a las convenciones para la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, en las cuales incluso desde hace 40 años se expuso la necesidad de crear tribunales competentes y otras instituciones públicas con procedimientos justos y eficaces para combatir las violaciones sistemáticas que se cometen contra las mujeres.

No faltará quien invoque el artículo 13 de la Constitución el cual señala: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”, pero la especialización de los tribunales no es cosa nueva, por ejemplo en la CDMX existen juzgados de arrendamiento, es decir son tribunales especiales para atender un problema grave, específico y que requiere de una especialización en el tema, el artículo se refiere a tribunales creados exprofeso para el caso a juzgar y no para la problemática general.

Si bien se han ido creando y fortaleciendo instituciones que atienden el fenómeno de violencia contra las mujeres, como los institutos nacional, estatales y municipales de las mujeres, los centros de justicia, las comisiones para prevenir y erradicar la violencia y fiscalías especializadas, esto por lo que respecta a los poderes ejecutivos de los tres niveles, por su parte los legislativos han ido incorporando cuerpos normativos como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y sus paragones estatales, así como las reformas constitucionales que han convertido a los tratados y convenciones sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano en obligatorios, todo lo anterior resultado de luchas palmo a palmo de los movimientos feministas, tanto para crearlos como para sostenerlos; por su parte el Poder Judicial más allá de la creación de protocolos y departamentos de especialización se ha mostrado conservador en la creación de nuevos instrumentos e instituciones con facultad jurisdiccional.

El planteamiento principal para los tribunales especializados en violencia de género es la unificación de las materias penal y familiar, pues resulta gravoso, revictimizante y constituyen barreras jurídicas, por ejemplo en el caso de la violencia intrafamiliar donde luego de juicio penal en contra de un agresor la víctima deba iniciar ante diversos tribunales procesos de divorcio, incidentes de pensión alimenticia, custodia, convivencia, disolución de la sociedad conyugal, órdenes de restricción o medidas cautelares que por la dificultad y gasto que significa así como la necesidad de volver a acreditar los hechos en muchas de las ocasiones la víctima es convencida de regresar a las espirales de violencia.

Un solo tribunal que pueda resolver todas las problemáticas que surgen de la violencia de género en los ámbitos penal y familiar, de forma pronta y completa como establece el artículo 17 de la Constitución, pero además con perspectiva y equidad como lo establecen los instrumentos internacionales adoptados por el estado mexicano, que proteja de la manera más amplia a las personas en mayor vulnerabilidad.

Ya existen en diversos países tribunales especializados en violencia de género, países como Argentina y EU ya cuentan con estudios importantes basados en la experiencia del funcionamiento y sus retos a futuro, incluso Guatemala cuenta con este tipo de instituciones. En Chihuahua autoridades y sociedad civil organizada, así como actores con vasta experiencia y reconocimiento nacional encabezan este proyecto, como el juez Heber Sandoval e Imelda Marrufo, señal que los tribunales especializados en violencia de género van por buen camino.