Opinión

Avanza Loera en pinza con los profes

No es de quienes envían comunicados de prensa de a montón pero su activismo proselitista es tan intenso como el tamaño de su pretensión, hacerse de la gubernatura en la elección del primer domingo de junio próximo

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 13 febrero 2021 | 06:00

-Avanza Loera en pinza con los profes

-Pierde Corral hasta el respeto en Palacio

-Apenas citarán a deudores de Pensiones

-Evidencian la inutilidad de los síndicos

No es de quienes envían comunicados de prensa de a montón pero su activismo proselitista es tan intenso como el tamaño de su pretensión, hacerse de la gubernatura en la elección del primer domingo de junio próximo.

Juan Carlos Loera, el abanderado de Morena, anduvo concretando el jueves alianzas con líderes sindicales magisteriales de varios gremios con peso político importante, como Conalep, Colegios de Bachilleres y las universidades tecnológicas.

Al interior de esos gremios operan importantes segmentos de centro izquierda y de izquierda moderada que por tradición han mantenido alianzas con el PRI.

Hoy las cosas aparecen bastante complicadas en el Revolucionario Institucional y todos esos líderes están valorando aceptar los acuerdos con Loera de la Rosa y Morena; ideológicamente aparecen más cerca de los guindas que del PAN, el otro partido encumbrado en las encuestas como posible ganador.

Además de Conalep, Bachilleres y universidades tecnológicas, Loera de la Rosa ha logrado ya avance importante en sus negociaciones con otros sectores magisteriales influyentes del estado, de hecho los más importantes.

Por una parte, prácticamente ya tiene en la bolsa los acuerdos con el Partido Nueva Alianza, cuya estructura es modesta pero sólida, y por la otra ha obtenido avances hasta del 80 por ciento con las secciones Octava y 42 del SNTE, que es mucho decir.

Durante muchos años el PAN ha buscado posicionarse al interior de esos poderosos gremios, característicos en otro tiempo como principales operadores en territorio del PRI, pero su tendencia es también hacia la izquierda, o lo menos, centro izquierda.

Eso ha facilitado también ahí las cosas a Loera, listo para poner la firma en las negocias.

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¡Muerto el rey, viva la reina!

Así gritan desaforadamente para sus adentros funcionarios altos, medios y bajos en Palacio de Gobierno que son divertidos testigos de la metamorfosis inversa sufrida por Javier Corral Jurado comparado con la vida de una mariposa.

Resulta que una empresa beneficiaria a manos llenas de Corral, el Canal 28 de Televisión, con sede en la ciudad de Chihuahua y repetidoras en distintos puntos del estado, incluido Juárez, olfateó oportunamente los vientos de cambios en el Gobierno estatal y empezó a dar entrada para entrevistas a personajes de verdad incómodos al patrón.

Ahí se sentía el gobernador dueño de sets y conductores. Se preguntaba a sí mismo y se contestaba. Era como un guajalote con ínfulas de pavorreal. No había más verdad ahí que la suya. Paró en seco más de una vez a su entrevistador y dueño del Canal, Sergio Valles cuando esbozaba la mínima crítica. Era grotesca la subordinación.

Valles calculó los tiempos, las circunstancias y de repente abrió su espacio a una entrevista con Maru Campos, la perseguida candidata del PAN a la gubernatura. Pecado capital. Horror. Traición.

No ha vuelto Corral a “su casa televisora”. La tiene castigada.

También sancionó con el látigo de su desprecio a varios grandes empresarios que fueron durante cuatro años sus grandes aliados y les retiró la palabra porque decidieron brindar su apoyo a Maru.

En Palacio de Gobierno aguantan la risa solo mientras llegan los nuevos jefes. La inmensa mayoría de ellos ya juró bandera con Maru.

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Apenas cayeron en la Dirección de Procesos de Investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) las denuncias de Pensiones Civiles del Estado por la falta de aportaciones al fondo de parte de las instancias gubernamentales.

De entre una docena de generales que existen en la SFP, las denuncias que hasta hizo públicas el director de PCE, Alberto “Tito” Herrera, terminaron en manos de María Antonia Arreola Valenzuela, una de tantas directoras generales que laboran al lado de la secretaria Mónica Vargas Ruiz.

Es hasta este momento, luego de más de un año de que Herrera demandó la intervención de la Función Pública, que se valora citar a declarar a los titulares de 18 organismos estatales. Y únicamente a los que forman parte de la administración centralizada, porque sobre los autónomos no tiene jurisdicción la dependencia que dizque combate la corrupción.

Este proceso de llamar a declarar a funcionarios estatales, que no reportaron por angas o por mangas las contribuciones al fondo de PCE, fácilmente podría llevarse uno o dos meses.

Pero está tan mal enfocado que, en primer lugar, la Función Pública pretende conocer apenas la discrepancia entre las cifras de Pensiones y las que muestran las dependencias que cotizan a su fondo, porque se supone que ya en muchos casos los adeudos fueron subsanados.

En segundo lugar está la inocultable realidad de que el gran deudor de PCE es la Secretaría de Hacienda, cuyo titular, Arturo Fuentes Vélez, es la cabeza de la Junta Directiva de Pensiones; es él y nadie más el que ha retenido los presupuestos de las demás dependencias que le deben al organismo.

Enfocar las investigaciones en detalles irrelevantes es señal de que se pretende perder el tiempo para no llegar a conclusión alguna en lo que termina la administración estatal.

Porque los datos de las aportaciones no pagadas a Pensiones por la parte patronal, es decir todas las dependencias estatales, no llevaría más de un día de cotejo de los estados financieros. Así las cosas, la SFP únicamente pateará el bote a la espera de que acabe el apocalíptico quinquenio.

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No es toda la responsabilidad del Instituto Estatal Electoral (IEE), pero tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata.

Dispuso el Instituto Nacional Electoral que los órganos electorales locales debían implementar un programa de resultados electorales preliminares y que éste debía ser auditado.

Ahí es donde empieza el problema. Pudo haber convocado el OPLE a cualquier institución de educación superior a fungir como ente auditor.

Pero en lugar de ello integró un equipo multidisciplinario para realizar dicha tarea con cargo presupuestal al órgano electoral.

Tradicionalmente el PREP, como se le denomina a la captura de resultados electorales preliminares, era auditado por el mismo órgano electoral, tratando de obtener la confianza de los partidos.

Pero ahora intervendrá un ente, como se le llama, para hacer esa función, cuando se trata de un acto que debe reunir fundamentalmente la confianza de los actores políticos, partidos y candidatos.

Ahora estamos enfrente de una actividad que tendrá un costo y que al final requiere obtener la confianza política.

Esfuerzo que hace aún más engorroso y burocrático el proceso electoral, basado en la desconfianza generalizada, con más candados inútiles que la puerta negra.

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Con la síndica de Juárez y el de Chihuahua, Leticia Ortega y Amín Anchondo, se evidencia a la perfección la inutilidad de los cargos que ejercen ambos.

La morenista juarense está en la enorme lista de aspirantes a la candidatura a la Presidencia Municipal por su partido, mientras que el propanista de la capital pierde el día en coqueteos tanto con Movimiento Ciudadano como con Morena.

Ortega Máynez va sin posibilidades a una aventura que lleva punteros muy claros, pero le hace la lucha en defensa del género; además, desde luego, levanta la mano para ser considerada en las negociaciones posteriores de los grupos morenistas.

Anchondo Álvarez, por su parte, quedó dolido porque en el PAN, el partido que lo postuló hace tres años, ahora le cerró las puertas para su reelección porque es visto como uno de los traidores corralistas. Ahora busca, y con eso llena su agenda cada día, opciones de participación hasta con Morena.

En ambos casos las sindicaturas como tales, que tienen la función de fiscalizar los gobiernos municipales, están sin cabeza aunque sus titulares sigan cobrando puntualmente cada quincena. Todo el personal y los recursos andan enfocados en las “campañitas” de una y otro, como antes lo estuvieron en la mera autopromoción de los mismos.

Nomás para eso sirven las sindicaturas, porque estos casos bien se pueden traspolar a casi todos los municipios de la entidad. Ningún político es profesional o imparcial en la función revisora, que además realizan otros tantos entes públicos.