Diario
Opinión
martes, 31 marzo 2020 | 06:00
• Atiende problemas urológicos, no Covid-19
• Así como llegaron se fueron los mordelones
• En ‘cuarentena’ la tesorera de Morena
• Estrés financiero paraliza a Fuentes Vélez
La oficina del tercer piso en el edificio localizado en la Aldama y Tercera de la ciudad de Chihuahua, luce más muerta que un panteón.
Es el despacho del secretario de Salud del Gobierno del Estado, el médico Jesús Enrique Grajeda Martínez, que anda muy ocupado en la conocida como “priva”, que es la consulta y atención particular de pacientes. ¿Y la pandemia global que amenaza de enfermedad y muerte a los chihuahuenses? Bien, gracias.
No es una, sino bastantes las quejas de personas que buscan al funcionario y no lo encuentran en la arrinconada oficina.
El gobernador ni cuenta se ha de dar de sus escapadas para trabajar en un hospital privado donde tiene su consultorio y no deja ni un momento, ni aun con una epidemia que enfrentar. Anda en las mismas o peor.
El mensaje promocional que publicamos en nuestra edición digital no tiene desperdicio alguno. Lo transcribimos textual.
“En caso de tener algún problema urológico contáctanos por mensaje y te avisaremos si es necesaria la atención en el consultorio u hospital. Dr. Jesús Grajeda Martínez-Urólogo. Hospital StarMédica, Chihuahua, Chih. Consultorio 503”.
Al calce aparecen dos números telefónicos donde se otorga la atención personalizada a los pacientes del galeno secretario.
Ya sabe, estimado lector, si no lo encuentra en el Centro de la ciudad con seguridad podrá localizarlo sobre Periférico de la Juventud, en la zona fifí de Chihuahua, atendiendo a los pacientes que pagan mínimo dos mil pesos por consulta con especialista.
De Ciudad Juárez ni pensar que venga. No es negocio.
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Sólo unas cuantas horas duró el improvisado e irrelevante operativo sanitario de los agentes estatales de la Policía Vial en el puente Libre y el kilómetro 30. Salieron con la puntada de que fue un ensayo.
En realidad los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado cumplieron el tiempo necesario para que les tomaran la foto y se retiraron. Así de simple, sin mayores resultados ni explicaciones, pasando incluso por encima de la ley, pues aparecieron armados en jurisdicción federal.
Nomás llegaron la tarde del sábado y el domingo para hacer quedar mal a las autoridades federales que se prestaron al infantilismo en tiempos de pandemia.
También hicieron mosca en las instalaciones aduanales del kilómetro 30 de la carretera Panamericana, con la entrega de trípticos –llenos de obviedades sobre la pandemia del coronavirus– a los automovilistas. Fotos del antes y el después en la versión digital de La Columna.
El operativo planeado desde la capital del estado realmente no tenía pies ni cabeza. Distrajo sin motivo alguno a unos 30 elementos de la Policía Vial, que sólo tiene jurisdicción en Chihuahua, Ahumada y Ojinaga, donde la autoridad de tránsito no ha sido entregada a los municipios.
Se hizo por mero afán de protagonismo de los mandos de la corporaciónes: el secretario, Emilio García Ruiz, y su comisionado estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio. De otra forma no se explica que hayan usado patrullas y decenas de agentes para una labor que no es propia de una corporación de seguridad, no al menos en la fase actual de la pandemia.
La epidemia de la violencia, que sí deben atender las corporaciones policiacas, sigue incontenible. El aumento en las ejecuciones ha seguido imparable durante los tres primeros meses del 2020.
Ante ello, los responsables de la seguridad en la entidad han optado por seguir el ejemplo de su jefe ,el gobernador Javier Corral, quien no desaprovecha distractor alguno.
Así está la labor policiaca en la frontera y en todo el estado, de distractor en distractor. Lo de hoy es el coronavirus, cómo no aprovecharlo.
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Ya llegó a Morena-Chihuahua la notificación formal que borra de un plumazo del organigrama a la expriista Martha Laguette Lardizábal. Se acabó su empoderamiento en el partido a nivel estatal logrado durante la dirigencia nacional de Yeidckol Polenvsky. También ahí quedará el empresario que aspiraba a gobernador por Morena, pariente de Laguette, Miguel González Lardizábal.
El pequeño problema que tiene la dirigencia estatal de Martín Chaparro es que hasta la fecha, independientemente del nombramiento político, la secretaria de Finanzas es la que tiene la firma autorizada en bancos para hacer efectivos los cheques.
Así que está destituida pero todavía no se hacen los cambios necesarios en las cuentas bancarias para que la decisión cobre efectos prácticos. Por eso todavía algunos días, quizá semanas, la excandidata y exdiputada local permanecerá de forma virtual en su oficina. Estará en cuarentena obligada, aunque no propiamente por la pandemia.
En ese tiempo podrán los morenistas ponerse de acuerdo para designar un nuevo tesorero o tesorera. No es cualquier cosa el procedimiento, pues casi hasta el que limpia, abre y cierra las puertas debe ser designado por el Consejo Estatal.
Aunque es así de compleja una eventual designación de cargos directivos, no se esperan mayores problemas para el relevo. No hay muchos que le sepan al manejo del dinero partidista y tengan capacidad probada para hacerlo.
Tampoco es probable que haya algún tipo de imposición, pues la determinación amarrada a nivel nacional es únicamente relevar a la pieza de Polevnsky en la entidad, sin dedicatoria especial para quien llegue a sucederla.
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Con una deuda muy superior a los 50 mil millones de pesos (realmente cerca de los 60 mil), Chihuahua es el único de los estados que permanece en rojo en el semáforo de alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La presión sobre las finanzas estatales que representan los créditos no ha cedido tras dos reestructuraciones fallidas promovidas por el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.
En parte ha sido porque los gastos superfluos no se han contenido pese a la paralización de la inversión; también en parte se debe a la demostrada adicción del corralismo a los créditos de corto plazo, ahora también en observación por la ligereza con la que se han contratado.
Por si ello fuera poco, entre el viernes y sábado pasados la calificadora de riesgo crediticio Standard and Poor’s comenzó a revisar a la baja las calificaciones de México, Pemex, empresas grandes, aseguradoras, financieras y otras mexicanas.
La baja se explica por la previsión de un pronunciado impacto en la economía a causa de la pandemia del Covid-19 y la guerra del petróleo, combinación que será letal para miles de empresas y empleados. Pero además S&P Global Ratings advierte otra baja en la calificación del riesgo crediticio mexicano en los próximos 12 a 24 meses, como resultado de políticas financieras y económicas no efectivas.
Las deudas de los estados y otros instrumentos están muy ligados a la calificación del soberano. La degradación de uno, pues, implica la revisión a la baja de los demás y por ende activa las alertas de los intereses que cobran los bancos.
A nivel estatal las finanzas muestran ya ese estrés, pues la sola mención de que deberán pagarse un cuarto o un medio de punto más de intereses sobre la montaña de deuda, es una bomba. Agudizaría la crisis no al grado de la insolvencia total, pero sí obligaría a contratar más créditos.
Es este estrés el que tiene en la indefinición a Fuentes Vélez para elaborar un plan de contención o apoyo ante la crisis que tiene enfrente.