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Opinión

Asesinato en Cajeme

A tres semanas de las elecciones, Abel Murrieta, aspirante a la alcaldía de Cajeme, fue asesinado el jueves a plena luz del día mientras hacía proselitismo

Raymundo Riva Palacio
Periodista

lunes, 17 mayo 2021 | 06:00

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Ciudad de México.– A tres semanas de las elecciones, Abel Murrieta, aspirante a la alcaldía de Cajeme, fue asesinado el jueves a plena luz del día mientras hacía proselitismo, en uno de los cruceros más transitados de Ciudad Obregón. Murrieta era muy respetado en Sonora, donde fue procurador durante dos gobiernos, y también el abogado de la familia LeBarón en el caso de la masacre contra nueve de sus miembros en 2019 en Bavispe. 

Le dispararon 10 balazos, dos de ellos a la cabeza, y sus asesinos huyeron en una camioneta blanca X-Trail, donde lo esperaba un tercer participante en el atentado. Autoridades federales revelaron que fueron dos tiradores, uno con una camiseta de color gris y otro con una de color blanco, con gorra de beisbolista de color negro ambos, que se aproximaron caminando al cruce en donde se encontraba Murrieta, cerca de las cuatro de la tarde con 40 minutos, mientras la camioneta en donde escaparon, se empezó a acercar al punto de extracción 10 minutos después.

La identificación de la camioneta y los perfiles de los asesinos permitieron a las autoridades federales establecer la primera línea de investigación del crimen, que apunta la autoría intelectual de Isidro Meza Flores, más conocido como El Chapo Isidro, que trabajó bajo las órdenes de Joaquín El Chapo Guzmán, y de quien se desprendió para formar su propia organización, Los Mazatlecos, hasta vincularse con el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que rompieron con el Cártel de Sinaloa en 2008.

Meza Flores tiene una disputa añeja con Los Salazar que operan junto a los hijos de El Chapo Guzmán, y dominan el narcotráfico en Sonora. No había relación entre Los Salazar y Murrieta, de acuerdo a lo que han establecido las autoridades, pero sí vínculos circunstanciales. A Los Salazar se le atribuye el asesinato del reportero del periódico El Imparcial de Hermosillo, Alfredo Hernández, que investigaba sus nexos con el Cártel de Sinaloa en 2005, y como procurador de Sonora, Murrieta investigó aquel crimen que todavía sigue sin resolverse. 

Ciudad Obregón figura en las estadísticas del crimen, pero no está Caborca, el municipio de mayor crecimiento de violencia el año pasado, con un incremento en homicidios dolosos de 387% con respecto a 2019. La plaza, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa, como el resto de Sonora, está ahora en una disputa interorganizacional entre Los Salazar y Caro Quintero, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha incrementado su influencia de Bavispe, donde asesinaron a los miembros de la familia LeBarón a Agua Prieta, una importante ruta del fentanilo.

La violencia en Sonora y en el país es incontenible. La estrategia de seguridad diseñada por Alfonso Durazo, primer secretario de Seguridad Pública federal y hoy candidato a gobernador de ese estado, fue un fracaso. En dos años y medio de gobierno de López Obrador, según la consultora TResearch, el total de homicidios dolosos -83 mil 311 hasta el 14 de mayo-, sumaron 19 mil 563 más que durante toda la Presidencia de Enrique Peña Nieto, 37 mil 975 más que en todo el gobierno de Felipe Calderón, y superaron por 59 mil 299 a los registrados durante toda la administración de Vicente Fox. 

Se desconoce qué motivó el ataque en Cajeme, quedando en el aire la pregunta si El Chapo Isidro quiso calentar la plaza controlada por Caro Quintero a través de Los Antenas para debilitarlo en su lucha por todo Sonora. En cualquier caso, el asesinato de Abel Murrieta no es un recordatorio de lo que vivimos, sino una ratificación de cómo el país se ha dejado a merced de los criminales. 

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