Arrecia contrabando con decreto extendido

 -Arrecia contrabando con decreto extendido  

 -Operación manita de puerco al Palacio  

 -Carrusel y golpeteo contra la Centinela  

 -Reto de ambulantes obliga a operativo  

 La extensión de otros tres meses al decreto de regularización de vehículos “chuecos” alista el peor escenario para los distribuidores de autos nacionales, golpeados con bajas en ventas –según cada región- del 13 al 22 por ciento durante el último año en todo el país.

 En la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estaban por denunciar el incremento del contrabando de unidades en los últimos días y el negociazo que para algunos representa, cuando a fines de la semana pasada el presidente López Obrador confirmó las versiones de la ampliación de las que ya muchos hablaban.

 La AMDA tiene documentadas irregularidades de funcionarios del Registro Público Vehicular (Repuve), que van desde la venta de citas para regularización hasta trámites con unidades “fantasma”, que ni siquiera habían ingresado a México y por arte de magia cuando entraban ya tenían sus placas listas.

 El mismo encargado del Repuve por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Manuel Alejandro Holguín, reveló hace días que por diferentes transas había sido cambiado alrededor del 70 por ciento del personal a cargo del trabajo en los módulos de regularización, lo que siempre se mantuvo bajo la alfombra.  

 También la AMDA recopiló información del aumento de cruces de unidades “chuecas” de forma indiscriminada con arreglos bajo la mesa para regularizarlas.

 Nada más falso que el programa sería para las familias pobres que tenían un vehículo ilegal o que el registro sería con fines de seguridad pública. Todo límite quedó hecho añicos con las extensiones del decreto que favorece actuaciones ilegales y delitos.

 La decisión federal no puede dejar de cuestionarse dado que parece apuntar a favorecer una actividad ilícita, en vez de promover la seguridad pública, como argumenta el decreto ampliado en tres ocasiones.

 Los cerca de 200 mil vehículos regularizados en el estado de Chihuahua hasta el último reporte de la semana, se concentraron en los primeros meses del programa.  

 Los mismos registros oficiales muestran que en los días de mayor afluencia, los módulos atendían más de 150 trámites, pero en la actualidad difícilmente eran rebasados los 20 trámites diarios.  

 De ahí que no parece haber razón lógica para extender el decreto, sino otra razón oculta, porque demanda popular no hubo en estas semanas que, hasta antes del anuncio del jueves pasado, eran las últimas para regularizar.

 En fin, no le faltará razón a la AMDA si decide exhibir algo de lo mucho que esconde el proceso de los autos “chuecos”, que está muy lejos de ser una verdadera política de seguridad o de apoyo a la población necesitada.

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 La escasa representación que tiene el Gobierno del Estado en Ciudad Juárez -encabezada por Óscar Ibáñez; la titular del Registro Civil, Karla Gutiérrez; el recaudador, Rogelio Loya; y el director de la Junta de Agua, Sergio Nevárez- ya podría estar en la agenda de los reacomodos que le faltan a la administración estatal de Maru Campos.  

 También existe franca decepción por la falta de institucionalidad partidaria de los regidores en el Cabildo. No trabajan para una causa colectiva, se dice, trabajan exclusivamente para sus causas personales.

 La versión que corre con fuerza entre los panistas los últimos días es que el dirigente estatal del albiazul, Gabriel “Gabo” Díaz, ya fue convencido de que el partido tiene que ir al Palacio de Gobierno y hacerle manita de puerco (otra) a quien sea necesario, para que por fin le den una sacudida a los funcionarios estatales asentados en la frontera.

 No hay muchos detalles de la operación manita de puerco, como le dicen en las mesas de café; no hay pruebas de que exista la tarea, pero tampoco hay dudas, pues la actitud nada atenta, dispersa, poco eficiente y hasta grosera de algunos funcionarios del gobierno del estado se presta a pensar muchas cosas.

 Es decir, los mismos representantes estatales en la frontera dan muchos motivos para considerar como real cualquier rumor que apunte a su remoción.

 Si en los mismos grupos albiazules critican su pobre desempeño, con resultados negativos tanto para el gobierno como para el partido, qué no han de decir fuera del PAN, los demás partidos y los ciudadanos.

 Además, las pocas simpatías que levantan Ibáñez, Loya y Nevárez serían lo de menos en el paquete de argumentos de quienes van por sus cabezas. Hay asuntos más sólidos y preocupantes que la mera percepción generalizada de sus deficiencias, las cuales de por sí son graves.

 Ojalá no haya que esperar mucho a ver si hace efecto la manita de puerco.  

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 Parece estar en grande el carrusel para acercar votantes a la consulta lanzada por el Instituto Estatal Electoral (IEE), sobre el proyecto Plataforma Centinela, que para el fin de semana ya tenía más de siete mil participantes del ejercicio, casi mil por día pese a la escasa difusión.

 Los morenos promotores del intento fallido de plebiscito, el coordinador de los diputados Cuauhtémoc Estrada a la cabeza, no desaprovecharon la apertura de la consulta vía electrónica para mantener el golpeteo hacia el proyecto de seguridad insignia de la administración estatal.

 Los más de siete mil votos dan muestra del operativo para intensificar el pataleo. Nomás hay que ver la otra consulta puesta en marcha por el mismo IEE, sobre reformas a leyes estatales de medio ambiente, que apenas llevaba al mismo corte poco más de 500 votos.

 El sentido de los sufragios todavía es desconocido. Se sabrá hasta pasado el 31 de marzo, cuando cierra la votación, pero por la propaganda en contra y el ataque constante a la Torre Centinela de Juárez, los subcentros regionales en la entidad y los ejes rectores del proyecto en general, no es difícil imaginar el resultado.

 Para enfrentar esos ataques morenistas, de plano se han visto lentos muchos actores políticos que bien podrían salir en defensa de la Centinela, porque saben que tiene beneficios.

 No han aparecido alcaldes, funcionarios de seguridad ni grupos ciudadanos aliados de la administración tanto a defender el proyecto como a apoyar con sus redes la votación. En los resultados podrá conocerse quién operó bien y quién lo hizo mal.

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 Los más radicales pintan el hecho como un abierto reto y una burla a la autoridad municipal, aunque tal vez sólo se trata del natural e histórico descontrol que ha existido en la zona Centro de Juárez desde el inicio de los tiempos.

 El problema de los vendedores ambulantes -que poco a poco han ido recuperando espacios en la 16 de Septiembre, Ferrocarril, La Paz y Velarde, entre otras- da visos de resurgir luego de la barredora aplicada a comienzos del año actual por la administración de Cruz Pérez Cuéllar.

 Aunque fueron sacados del primer cuadro y dotados de más espacios en otros lugares, los ambulantes siguen llegando por montones. Hay días de la semana en que se juntan varias decenas en las calles que habían sido despejadas, aunque hay otros que sólo llegan unos cuantos.

 Esto es señal de que no son los mismos los que llegan a hacer su luchita por subsistir cada día, ni son los que fueron reubicados a principios del año.

 Como quiera que sea, es un reto para la autoridad mantener el orden, sobre todo ahora que también las oleadas de migrantes hacen lo suyo y llenan las calles de vendedores, pedigüeños y basura por montones.

 El reto obliga a un nuevo operativo o a varios más para atacar el descontrol que por siglos ha vivido la frontera en materia de regulación comercial.