Opinión
OPINIÓN

Armaron decretos para castigar

Los hechos indican que la autoridad estatal buscaba eso, agarrar mal parados a los comerciantes e imponerles los severos castigos monetarios y hasta clausuras definitivas

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 27 abril 2021 | 06:00

• Armaron decretos para castigar

• Defienden Palacio no con diálogo, con policías

• Pierden secretarios hasta la nómina

• Fue un “no, pero casi sí” al magistrado

Sin piedad alguna las células Covid-19 atacaron el sábado a empresas y comercios como plaga, igual que lo hace el propio bicho en la salud de cientos de chihuahuenses.

Desde el primer minuto del sábado las temibles células encabezadas por Gobernación y Coespris del Gobierno estatal se apersonaron en una gran cantidad de negocios. A muchos los multaron por “violar el nuevo decreto de restricciones”.

Los hechos indican que la autoridad estatal buscaba eso, agarrar mal parados a los comerciantes e imponerles los severos castigos monetarios y hasta clausuras definitivas por desatender la semaforización pandémica.

El saldo es oficial, los datos fueron dados por el propio Gobierno estatal: inspeccionados 172 negocios, seis clausurados; mil 167 personas “encontradas en 14 establecimientos”, “levantadas 28 actas por no cumplir con protocolos”, desalojaron y clausuraron un jardín “donde había 60 personas”; le pegaron a Coppel, a Elektra, a 300 puestos semifijos, al Mercado Reforma con un montón de comerciantes, etcéteras por todo el estado.

Hubo muy mala fe y mala entraña de la autoridad estatal. Aun cuando ellos mismos daban a conocer en días previos el crecimiento en contagios y muertes por la pandemia, el viernes durante la tarde anunciaron las medidas restrictivas para entrar en vigor unas cuantas horas después.

E igual lo hicieron el domingo al colocar a Juárez en semáforo naranja; el anuncio fue hecho a las seis de la tarde para entrar en vigor a las doce de la noche; o mejor dicho, al primer minuto del lunes. Todavía ayer andaban ajustados los horarios para venta de alcohol.

Todos esos acuerdos entran en vigor una vez publicados en el Periódico Oficial del Estado, así que una gran cantidad de chihuahuenses no tuvo oportunidad de conocer las nuevas medidas hasta que cayeron las inclementes células Covid reforzadas con policías armados hasta los dientes.

Seguramente muchas de las sanciones son ilegales, pero en esos litigios sale a los comerciantes más caro el caldo que las albóndigas.

No queda otra que la resignación, o la impotencia, frente a decisiones insensibles y separadas completamente del espíritu preventivo contra el virus que las debiera acompañar. Así es Corral, lo que menos le importa son los chihuahuenses.

•••

En las imágenes presentadas en la versión digital de La Columna tenemos a policías de la Secretaría de Seguridad Pública estatal agrupándose para eventualmente intervenir contra manifestantes llegados ayer temprano a Palacio de Gobierno provenientes de la región noroeste, encabezados por la familia LeBaron.

Cumplieron los LeBaron su advertencia de llevar a cabo una marcha desde aquella zona, Galeana-Ascensión-Casas Grandes-Nuevo Casas Grades-Janos- hasta la ciudad de Chihuahua para exigir la destitución de Javier Corral Jurado como gobernador por “narcoterrorista”.

Culpan los protestantes al mandatario y a varios de sus funcionarios de las áreas política y policiaca por la masacre de las familias LeBaron-Langford ocurrida en noviembre del 2019 pero también por la muerte violenta de casi 11 mil personas en el estado durante el actual régimen encabezado por el gobernador panista.

Corral no se ha inmutado por los señalamientos. Ayer en lugar de atender a los manifestantes, ordenó colocar a los policías bajo su mando para evitar que ingresaran a Palacio de Gobierno mientras él, irónicamente, encabezaba una reunión “de seguridad” en las oficinas de Pueblito Mexicano, en Ciudad Juárez.

Ningún funcionario con jerarquía hubo ayer en Palacio de Gobierno para atender la protesta, sólo comandantes policiacos y sus tropas para atacar, reprimir y “preservar el orden” en caso necesario, igual como lo hicieron en Juárez contra quienes, mediante la protesta, buscaron rescatar la avenida Gómez Morín de la maquinaria que inició su destrucción sin permisos municipales.

El diálogo y las explicaciones claras no han sido características de Corral ni de su régimen, menos dar la cara frente a errores, negligencias o falta de resultados. La autocrítica ni pensarla.

En lugar de ello, la imposición por las buenas (pero imposición), o por las malas, aunque haya reacciones de enojo social y protestas; para enfrentarlas ahí está la Policía estatal que será recordada por eso, por la represión violenta, no por combatir la inseguridad.

•••

A los equipos panistas de los candidatos a alcaldes, diputados federales y locales –la mayoría afines a la abanderada María Eugenia Campos– se han sumado a una velocidad acelerada funcionarios de casi todas las dependencias estatales.

El gabinete estatal de la Zona Norte contabiliza como pérdidas políticas a más de medio centenar de empleados dependientes de Desarrollo Social, Hacienda, Junta Municipal de Agua y Gobernación.

Aunque esté en riesgo su permanencia en la nómina, ya se integraron a labores de campaña a favor de la candidata a la gubernatura. Han cambiado de camiseta por más vigilancia, amenazas y órdenes en contra de la “vicegobernadora” Leticia Corral.

En el resto del estado más personal de dependencias ha comenzado a operar a favor de Maru, aunque eso cause molestias al Palacio de Gobierno.

Funcionarios altos y medios de la Secretaría General de Gobierno, de Hacienda, Desarrollo Municipal y Social, Desarrollo Rural, Salud, Obras Públicas, Educación y otras, ya le dieron la espalda a sus jefes, que al menos en apariencia dicen seguir del lado de Javier Corral en su autodestructiva pelea.

En suma, han perdido los secretarios hasta la nómina. En especial Luis Fernando Mesta, Arturo Fuentes Vélez y Ramón Galindo Noriega. De organismos descentralizados y hasta los autónomos ni qué decir.

Era lo obvio que pasaría por mero instinto de supervivencia política: dejar de apoyar las instrucciones autoritarias de un régimen que acaba de la peor manera y ponerse del lado correcto, del lado que si bien no les garantiza su permanencia en el puesto, al menos les da esperanza de que así sea.

Esa es la molestia que abruma ahora al jefe del Ejecutivo últimamente. No porque los empleados le den la espalda, sino porque no sabe quiénes de sus secretarios le siguen siendo leales y quiénes, aunque lo digan, en realidad permiten que las estructuras a su cargo operen a favor de Maru.

•••

Tras la sesión de ayer del pleno del Tribunal Superior de Justicia, cualquier malpensado podría creer que hubo algún acuerdo o negociación entre el magistrado presidente Pablo Héctor González y la defensa del suspendido Jorge Ramírez.

La resolución de los magistrados que conforman el Poder Judicial, en torno a la suspensión favorable al duartista dictada por el Segundo Tribunal Colegiado, podría decirse que fue moderada, nada radical y equilibrada. De ahí que hasta tuviera facha de un acuerdo político previo.

El Tribunal del Estado determinó que no podría restituir en su cargo a Ramírez y tampoco pagarle como magistrado, debido a que desde agosto del año pasado ocupa su lugar de forma provisional Alejandro Garnica Jiménez.

Así, el presupuesto aprobado alcanza para pagar a uno de los dos como magistrado, no a ambos. Eso hace material y jurídicamente imposible cubrir los haberes que se establecen en la decisión judicial dictada en medio del juicio de amparo promovido por Ramírez.

Sin embargo, los magistrados locales se sacaron una respuesta medianamente favorable a su compañero suspendido al establecer el mínimo vital de 30 por ciento de su sueldo y el servicio médico, en tanto no concluya el juicio de amparo. Fue señal de buena fe de parte los juzgadores locales.

Fuera de que hubiera o no algún tipo de acuerdo, la realidad es que la decisión impulsada por González Villalobos fue para aprovechar la rendija que dejó la justicia federal en la suspensión a favor de Ramírez.

Debía cumplirse tal mandato judicial “salvo que existiera causa justificada...”. Consideraron causa justificada tanto el gasto como el proceso judicial que se mantiene vigente contra el magistrado.

De cualquier forma respondieron con un “no, pero casi sí” a Ramírez y a la justicia federal, que seguramente había previsto algo similar y por eso dejó tal rendija abierta.