Arman borrachera antiduartista para Netflix

-Arman borrachera antiduartista para Netflix

-Demuestra porqué lleva como apodo ‘El Diablo’

-Publican edicto después de la orden de aprehensión

-La guerra es por la dirigencia estatal del Verde

Si ayer por la mañana fueron vistos el gobernador Javier Corral y varios funcionarios con cara de “lonche”, fue porque la noche del martes se enfiestaron en la Casa de Gobierno. Tuvieron como invitados a productores que negocian con Netflix un documental de la selectiva Operación Justicia.

Es la camioneta del fiscal general César Peniche la que aparece en la fotografía de la edición digital de La Columna. La imagen es del momento en que arribó al inmueble, donde ahora está instalado el cerebro de los llamados expedientes equis.

Antes había llegado la estrella de las investigaciones, el fiscal Francisco “Paquito” González, tan consentido por el corralismo que algunos ya hasta apodan “el magistrado”; poco después arribó Corral.

La noticia de una fiesta de los fiscales, agentes del Ministerio Público y comandantes de la Policía Ministerial en la capital del estado corrió rápidamente. Fue una cena que se alargó muchas horas con ríos de bebidas espirituosas de por medio.

La razón de juntarlos fue porque les pidieron que posaran por las cámaras de un equipo enorme de producción de video recién llegado a Chihuahua procedente de la Ciudad de México. “Igor” del Castillo se encargó de “los viáticos”.

A varios de los fiscales se les pidió participar en entrevistas en torno a sus investigaciones contra el duartismo, la nómina secreta, supuestas amenazas de muerte recibidas por realizar su labor, etcétera; todo orientado, pues, al marketing

Según les dijeron a los agentes y comandantes, será una producción a manera de propaganda indirecta para ensalzar la gestión corralista y, desde luego, golpear a los opositores que hoy son candidatos. Quien sabe cuánto cueste y si alcance a estrenarse en pleno proceso electoral.

También se incluirán en la producción, para variar, reciclados temas de los lujos con los que vivía César Duarte en esa residencia que, en campaña, Corral se comprometió a vender como plan de austeridad pero que ahora disfruta a sus anchas tal y como lo hacía el antecesor.

A varios de los convocados no les cayó en gracia la fiesta que terminó en emboscada, pues además de que las cámaras les causan alergia no quieren exponer su trayectoria profesional por un proyecto político que murió sin haber cuajado. Pero ya con los tequilas bien acomodados entre garganta, panza y cerebro, ni modo de negarse.

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Ayer siguió disfrutando su extraordinario triunfo judicial contra Javier Corral el notario público número cuatro, Luis Raúl Flores Sáenz, conocido por sus amistades como “El Diablo”.

Un juez federal le otorgó un amparo para mantener abierta la notaría que, también ahí por sus pistolas, ordenó cerrar, o suspender, el gobernador del estado el pasado 24 de marzo.

“Me da mucho gusto que se actúe frente a quienes cometen este tipo de faltas. Es un caso que vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias, por la gravedad de las cosas que están detrás de la actuación de este notario”, dijo lleno de regocijo e inflamado de teatralidad aquel día Corral. Medió boletín oficial y toda la fanfarria correspondiente.

El amparo devolvió al señor notario el oxígeno perdido momentáneamente debido al sofocón sufrido. Ayer andaba como planta despuntando con el calor de primavera tras un invierno crudo. El personal de su oficina también lució radiante. En Palacio los mariachis callaron.

Flores ha sido protagonista de varios episodios que le harían merecedor al Oscar por Mejor Manejo de la Adrenalina si ese premio existiera. Maniobró genial y fríamente en favor de César Duarte cuando fue gobernador, luego operó en favor de Javier Corral todos los secretos del ballezano, y ahora urde en su contra en público y a todo color porque vienen nuevos dueños de Palacio de gobierno. Es un canijo ese Diablo, diríamos como Joaquín Cossío en alguna de sus narco-apologías en cine.

Efectivamente Corral ya casi se va y a Flores le queda todo el tiempo restante de su vida como notario. A eso le tira. Por eso derrocha adrenalina. Le podrán quitar el aire aun con otro trancazo pero no tirarlo.

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Con letras muy muy pequeñitas, más que las letras chiquitas de un contrato bancario, ayer la Secretaría de la Función Pública estatal, hizo publicar un edicto que revela nombres de más involucrados en la supuesta corrupción descubierta en la Coordinación de Comunicación Social del gobierno del estado durante 2017 y 2018.

El edicto incluye a José Guadalupe Ávila Morán, quien por ese tiempo fungía como administrador de Comunicación Social. Al frente de la dependencia se ubicaba Jesús Antonio Pinedo.

El texto es un acuerdo elaborado por la Dirección General de Investigación y Evolución Patrimonial y la Dirección de responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Función Pública, originado en el expediente número 1/2021, relativo a la presunta responsabilidad de los mencionados en diversas irregularidades.

Ha sido bastante sonado el caso porque involucra varios millones de pesos, añejas amistades, relaciones empresariales, noviazgos al amparo de contratos publicitarios y severas contradicciones morales, éticas y políticas de quien encabeza el gobierno estatal, Javier Corral Jurado. Todo en un solo paquete.

Habían surgido los nombres de Pinedo y una administradora, Araly Cristina Paulina Licón Atilano, pero no el de Ávila Morán, ligado estrechamente a un grupo empresarial gasero con sede en Ciudad Juárez.

Esos empresarios fueron antiguos patrocinadores de campañas electorales corralistas. Ávila permanecía en calidad de “prestado” para el manejo administrativo de Comunicación Social, hoy da la impresión que no sólo hay rompimiento sino que le andan pisando la cuerda.

Es al menos extraño ese nombre y hasta el edicto de “emplazamiento para una audiencia inicial” en la Función Pública si en el Poder Judicial sigue en marcha el expediente 2460/2020 que contiene inclusive posibles órdenes de aprehensión contra varios involucrados, se supone que al menos no contra Ávila.

Raro, bastante raro.

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La pelea entre las parejas que conforman Brenda Ríos-Alex LeBaron y María Ávila-Alejandro Gloria tiene de fondo la disputa por la dirigencia del Partido Verde Ecologista. Qué revelación, ni modo que sea por un proyecto electoral que se sabe fracasado.

Tras las denuncias oficiales que hizo públicas la candidata a gobernadora contra el matrimonio del diputado local y la hoy exdirigente estatal del PVEM, los militantes aclaran el fondo de la pugna.

Ríos Prieto pidió el relevo de Ávila de la dirigencia, que se dio dándole una cartera menor en el Comité Ejecutivo Nacional del Verde. La nombraron coordinadora de candidaturas migrantes básicamente para quitarle el control del partido en Chihuahua.

Eran dos los objetivos de la abanderada: llevar los hilos de una eventual negociación con el equipo de la candidata panista Maru Campos y tener como consolación la dirigencia una vez terminado el proceso electoral. Así sería desplazada la dupla Ávila-Gloria por la pareja Ríos-LeBaron.

El proyecto verde se pondría al servicio de la alianza PAN-PRD. Nada oficial, pero una realidad de facto. Habría posiciones estatales y municipales de por medio, tal vez hasta el fuero mediante alguna plurinominal.

Sin embargo, era Ávila quien pretendía seguir manejando los hilos de esa coalición de hecho y la negociación de las ganancias, por la cercanía que tiene con Campos desde que eran diputadas, reforzada por ser objetivo de la misma causa que les ha iniciado el Estado.

Obviamente la pareja Ríos-LeBaron quería todas las canicas que no estaban dispuestos a entregar los que ya tienen casi 15 años con los hilos del Verde.

Antes de las denuncias penal y electoral presentadas ayer por la candidata a gobernadora parece que había posibilidad de arreglo; ahora es lo menos probable.