Apunta reflector al ‘Jefe Chito’ en muerte de estatales

• Apunta reflector al ‘Jefe Chito’ en muerte de estatales

• Hay vacunas pero nomás contra el Covid

• Cocinan trampa para audiencia de Maru

• Amparo a duartista en la cancha del Congreso

Abundan en la Policía Estatal los mandos con perfiles oscuros, perversos y siniestros; y no todos son de los que llegaron comisionados de la extinta Policía Federal con Emilio García, sino que tienen años en la corporación especializándose en trabar alianzas con la delincuencia.

Los hay otros que además de lo anterior dominan el arte de nadar de muertito; hacen como que trabajan y buscan no meterse en líos, así signifique estar de rodillas ante los criminales.

Entre ambos perfiles es ubicado “El Jefe Chito” Hermosillo, encargado del destacamento de la Comisión Estatal de Seguridad en Ignacio Zaragoza, en pleno epicentro de la guerrilla entre un cártel y los agentes estatales.

Porque la batalla en la zona del noroeste del estado, que abarca Zaragoza, Gómez Farías, Madera, Nuevo Casas Grandes, Temósachic y demás de la región, no es solo entre cárteles, sino también entre policías estatales y un grupo delictivo en específico.

Van uno a uno desde hace meses. A cada ataque de un bando, el otro responde de forma virulenta semanas después, y así se la han llevado entre emboscadas y venganzas, con saldo de espanto en cada caso.

Lo extraño es que del bando de los estatales es el “Jefe Chito” quien permanece incólume junto con su destacamento. Ni detenciones, ni bajas, ni lesiones menores siquiera reporta. Manda reportes de dos o tres operativos para taparle el ojo al macho y ya.

Dos sangrientas coincidencias han puesto a Hermosillo en la mira de los propios mandos de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular Emilio García ha optado por hacer oídos sordos y cerrar los ojos ante lo evidente. Nada raro en él, que disfruta del sueldazo y los arreglos sin despeinarse.

En diciembre en el tramo Guerrero-Madera y el pasado 31 de marzo en los límites de Temósachic y Madera, casualmente los ataques de criminales a policías estatales fueron justo después de que se había separado el personal del destacamento de Zaragoza.

Los atacantes dejaron pasar cerca de dos horas para que el grupo de Zaragoza estuviera lejos, luego emboscaron al resto de los estatales, que responden y se reportan al destacamento en Madera.

En ambos casos la gente de “El Chito”, para variar, sin un rasguño siquiera. Vaya, ni se regresó la tropa del destacamento a apoyar dado que ya iban demasiado lejos cuando supieron de las refriegas.

Para los estatales es muy claro que Hermosillo no solo sabía, sino que pudo haber dado luz verde a los criminales para la última masacre. También en otro ataque anterior.

De ese tamaño es la situación en aquella zona; y con distintos actores igual en casi todo el estado.

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Los niños deben recibir vacunas para la prevención de enfermedades complejas entre recién nacidos y los primeros 18 meses de edad.

Es vital su inmunización de forma planeada para protegerlos el resto de sus vidas de difteria, tétanos, tosferina, hepatitis, poliomielitis y neumococos, padecimientos que, junto con otros cuya vacunación se hace después, han sido casi erradicados en los países más desarrollados.

Pero en la actualidad hay un grave problema porque esas vacunas en general no se encuentran disponibles en el sector público y tampoco en el mercado privado. Hay una crisis generalizada de vacunas en Chihuahua por la que no ha dado respuesta el secretario de Salud, Eduardo Fernández.

Son ya meses de retraso los que se acumulan con esta falta de los biológicos y lo único que ha hecho la autoridad estatal es culpar a la federal, cuando la planeación de las dosis y su adquisición debe hacerse en conjunto.

Pediatras y especialistas de la capital del estado, Delicias, Juárez y Cuauhtémoc han hecho varias advertencias de las consecuencias que puede traer la falta de vacunas en la generación que apenas está naciendo en la entidad.

Si el Covid ha resultado desastroso, un brote de enfermedades que se consideraban erradicadas o cuando menos bajo control, podría significar una crisis peor en los años que vienen.

Así que no es posible que con el pretexto del Covid solo haya vacunas para esta pandemia y se hayan olvidado de todas las demás.

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La defensa de Maru Campos, encabezada por el exprocurador estatal de justicia, Francisco Molina Ruiz, saca los días por las vísperas. Espera las mismas trampas de la audiencia pasada en la siguiente diligencia contra la candidata a la gubernatura, que sigue firme a realizarse el viernes de esta semana.

Con la previsión de que la abanderada de la alianza PAN-PRD acuda puntual a la cita con el juez, tal vez en persona de hecho, se espera que la Fiscalía Anticorrupción, representada por Carlos Esparza y Guadalupe Luján, esconda parte del expediente con el que formulará la acusación.

Además, es posible que también los fiscales “desaparezcan” dos testigos que Molina Ruiz también pretende interrogar y que, como la vez pasada, parece que se han vuelto ilocalizables.

Con ello está colocada de nuevo la trampa de la Fiscalía contra la candidata y a partir de la falta de testigos habrá de administrar nuevamente los tiempos, básicamente para restarle días de campaña a la panista.

Las armas de la defensa deberán, por lo tanto, enfocarse en la participación del municipio de Chihuahua al que la justicia estatal le reconoció papel de víctima en la acusación formulada por el ministerio público.

Lo que sustente la autoridad municipal podría ser el gran revés para la parte acusadora. En una de esas ni siquiera hay delito qué perseguir. Y pasará a segundo plano el hecho de que apliquen la misma táctica de la vez pasada de esconder a los testigos.

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Ni el presidente Pablo Héctor González Villalobos ni el resto de quienes integran el Tribunal Superior de Justicia o el Consejo de la Judicatura, tienen la facultad de nombrar, remover o cambiar a los magistrados estatales. Eso es potestad del Congreso del Estado.

Por eso es que el amparo al duartista Jorge Ramírez, magistrado en suspenso de la Primera Sala de lo Penal, se encuentra en la cancha del Legislativo.

Son, en primer lugar, los diputados los destinatarios del juicio de garantías; le siguen el fiscal César Peniche y Javier Corral, en ese orden; el Tribunal Superior debe esperar a un resolutivo de los legisladores antes de cualquier cosa.

Es el Congreso el que se prestó a una jugada política que no pasó por alto: dentro de la Comisión Jurisdiccional que preside la panista Georgina Bujanda se hizo un dictamen en contra del desafuero que pedía Corral, pero en sesión plenaria los diputados cambiaron el sentido y dictaron la procedencia.

Sobre el desaseado proceso legislativo es que tiene alcances el amparo. Lo demás que vino después (detención, liberación, nueva detención, vinculación a proceso, suspensión administrativa y hasta brazalete geolocalizador) es accesorio.

Esto tiene en aprietos a la disminuida mayoría panista que coordina Fernando Álvarez Monje, pues la Comisión Jurisdiccional, aunque la preside una albiazul, está en contra de seguir con el juego para ahorcar a Ramírez, igual que prácticamente todos en dicho órgano de dictamen legislativo.

Del otro lado, con Corral hasta que se hunda el barco, está la presidenta del Congreso, Blanca Gámez, Álvarez Monje y tres o cuatro diputados más, dispuestos a responder al juez de amparo tal como se lo dicten del Palacio de Gobierno.

El caso anticipa una fractura todavía mayor para la bancada albiazul. Como si le hicieran falta factores externos para hacerse añicos entre sus integrantes.