Opinión
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Aparecen los que regaron el tepache en la uni

Tras una reunión con la dirección de ICSA, los estudiantes recuperaron la posibilidad de vender alimentos por los pasillos de la UACJ y no depender exclusivamente del monopolio y mal servicio de las cafeterías concesionadas en el campus

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 13 febrero 2020 | 06:00

• Aparecen los que regaron el tepache en la uni

• Están perdidos los pleitos para los tres... hasta ahora

• Tienen a jueza a punto del infarto 

• Que aguanten los morenos dos meses más

No fue necesario el mitin masivo para obtener resultados positivos. Tras una reunión con la dirección de ICSA, los estudiantes recuperaron la posibilidad de vender alimentos por los pasillos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y no depender exclusivamente del monopolio y mal servicio de las cafeterías concesionadas en el campus.

Fue sin duda un éxito para los alumnos de esa institución que beneficiará a la comunidad universitaria de los cuatros institutos y su comunidad superior a las 40 mil personas. En ICSA y en todas partes los estudiantes han creado la costumbre de vender de forma particular alimentos considerablemente más baratos que en los kioscos.

Ahora nos aseguran que un tal Isaac Durán Navarro y un Omar Olivas, coordinador y subdirector de Bienestar Estudiantil, respectivamente, fueron quienes regaron el tepache quizá en alianza con los concesionarios de las cafeterías. 

Anduvieron de pasillo en pasillo amenazando a los “ambulantes” con retirarse del negocio o hacerse acreedores a sanciones diversas (hay una foto en la versión digital de La Columna donde aparece Isaac –de azul cuaderno en mano–) aparentemente a espaldas del ciudadano rector Juan Ignacio Camargo Nassar.

Afortunadamente la sangre no llegó el río. Acordaron los inconformes algunas reglas básicas indispensables junto con la dirección y listo; todos a seguir comiendo rico y más barato. Los “ambulantes” seguirán teniendo sus 100, 200 pesos hasta para la rutera o el Uber.

Hay héroes en el tema, y paradójicamente estudiantes líderes identificados con chairos y con fifís promorenos y propanistas: Jéssica Morales por los primeros, Luis Sigala por los segundos. Quizá no se pusieron de acuerdo pero el resultado fue positivo para todos.

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El destino de miles de chihuahuenses pasa por las manos de uno o varios jueces y/o magistrados en el fuero común. Asuntos civiles, familiares... penales.

Más de 50 jueces permanecen en el ojo del huracán legal en razón de su designación. Así como ellos, otros tantos provisionales. Y encima de todos un sonoroso pleito jurídico y político entre miembros del órgano máximo de decisión del Tribunal Superior de Justicia, su Pleno, integrado por 31 magistrados.

Son dos los magistrados y un consejero de la Judicatura que le soplan al remolino con fuerza de dioses míticos, hasta hoy:

El magistrado Marco Emilio Anchondo tuvo a su cargo un análisis sobre el proceso de selección de esos jueces. Su dictamen fue presentado este martes ante los 31 magistrados. Cuestionó con severidad la designación. Su ponencia fue rechazada. La mayoría de los togados designó a otro magistrado para llevar a cabo nuevo estudio con fecha indeterminada.

La levadura a la harina sobre el tema ha sido colocada desde hace tiempo por el consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta. El martes insistió en las irregularidades que iniciaron desde que fue comprobada la intervención del gobernador Javier Corral en ese proceso a través de la ahora exconsejera, Luz Estela Castro. Ese árbol creció torcido.

El otro magistrado en el torbellino es Jorge Abraham Ramírez. Apoya a Anchondo y a Sotelo pero en una jugada que busca salvar su propia situación personal.

Están por desaforarlo los diputados, acusado de enriquecimiento inexplicable. Es en realidad una bicoca de un par de millones la que le señalan pero Corral lo quiere fuera porque se trata de uno de los grandes duartistas. Seguro lo retirará algunos meses de la magistratura, pero se ve muy ojona para que sea paloma en la cárcel.

Aparte de todo ello, en medio de esas discusiones hay elección de presidente del Tribunal, hoy a cargo de Pablo Héctor González. Busca y logrará la reelección sin dificultades con 29 votos a favor. Pero Anchondo quiere ser presidente y le mueve al avispero, apoyado por los otros dos.

Los dos magistrados y el consejero fueron muy lejos en sus posturas, tanto que se han quedado solos y con fuertes saldos negativos; en particular Sotelo, que está a punto de recibir el golpe de la destitución presumiblemente por flojera y acoso, y el propio Ramírez, con el aspecto penal en su contra. Anchondo concluye su período en dos años, lo cual debilita su aspiración.

La actual incertidumbre en el Poder Judicial, entonces, no debiera existir al menos en esa magnitud. Es evidente que el estruendo mediático no ha sido exitoso para los principales actores aunque riesgoso para la credibilidad de los chihuahuenses en su Poder Judicial.

Prácticamente las cartas están echadas para los jueces cuestionados (no pasará nada con ellos) aunque sus padrinos y madrina hayan mordido la manzana prohibida. Los magistrados y el consejero tendrán muy poco tiempo ya para dar un golpe de timón a sus estrategias e impedir los desenlaces en su contra que parecen ya inevitables.

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El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche, retiró a los agentes del Ministerio Público Salvador Ponce Acosta y Manuel Lara Rangel la facultad previamente delegada de promover el desafuero de la jueza juarense Rocío Ivette González Lara.

Los elementos de la Fiscalía Zona Norte fallaron al tramitar la solicitud de procedencia contra la juzgadora. La Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, encabezada por la panista exfuncionaria de la FGE Georgina Bujanda, los regresó por donde llegaron, pues pidieron retirarle el fuero sin presentar un mínimo de elementos de prueba.

El caso ha quedado oculto entre el proceso para desaforar al magistrado duartista Jorge Ramírez Alvídrez, cuya audiencia ante la comisión ya está programada dentro de una semana.

Pero en los tribunales estatales asentados en Juárez es tema de todos los días la causa penal emprendida contra González Lara (Carpeta de Investigación 37-2019-12966). Se maneja como un ruidoso secreto entre los fiscales.

A la jueza se le conoce por ser dura con los agentes del MP que llegan sin preparación a las audiencias, o sea casi todos. Sus regaños eran cosa de todos los días hasta que comenzaron a asustarla.

El año pasado debió pasar varias semanas, meses en realidad, incapacitada por estrés, cuando comenzó la Fiscalía del Estado a investigarla. Primero de forma sigilosa, luego ya más abiertamente, aunque no ha hecho públicas las acusaciones.

Todavía es hora que no se saben los pecadillos que pretenden imputarle a la mujer (se dice que tiene bastantes), que cambiaría de lugar en una eventual audiencia, del escritorio de la cabecera al banquillo de los acusados.

El que se cayera el asunto de su desafuero mal tramitado podría parecer un respiro para la juzgadora. Sin embargo, los “detallitos” de la Fiscalía han hecho que todo se mantenga oculto, sin que se sepa si ya desistió la autoridad de procesarla y por qué, o si se echó para atrás sólo para tomar vuelo.

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En la sesión extraordinaria del consejo Estatal de Morena, convocada para pasado mañana, se van a ratificar los resolutivos del Consejo Nacional celebrado el pasado 26 de enero.

No quiere presumir el profesor Martín Chaparro, dirigente estatal, pero dicen que tiene amarrada prácticamente la unanimidad de los 90 consejeros citados al encuentro, quienes ya de plano le dieron la espalda a la presidenta nacional Yeidckol Polevnsky.

El consejo morenista estatal no será el único que sesione en estos días. La chihuahuense Bertha Luján ha logrado aceitar la maquinaria para que uno por uno en los 32 estados del país hagan lo propio.

A partir de esas reuniones correrá un plazo de dos meses, como máximo, para que se concrete la salida de Polevnsky y se instale formalmente el dirigente provisional Alfonso Ramírez Cuéllar.

Luego comenzarán los cambios en cascada en las dirigencias estatales del partido. En el caso de Chihuahua esa será otra historia porque la renuncia de Chaparro sigue sobre la mesa y no hay acuerdo para la sucesión, por ahora.

Esto quiere decir que ya se da por hecho cuál será la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde finalmente se resolverá la legitimidad de Ramírez Cuéllar. Al menos es el escenario que más ha permeado en la percepción de los militantes.

Esos 60 días serán los que deban aguantar los morenos con dos dirigentes nacionales. Es el plazo estimado entre el tiempo que le llevará al Instituto Nacional Electoral revisar la controversia en primera instancia, para luego dar paso a la actuación del Tribunal, que parece tener ya una línea trazada.