Opinión

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Anda un lobo entre empresarios de Juárez

Entre dos y cuatro millones de dólares es la cantidad conocida que un supuesto empresario de Juárez birló a un par de emprendedores locales

LA COLUMNA
de El Diario

viernes, 19 noviembre 2021 | 06:00

-Anda un lobo entre empresarios de Juárez

-Serán cuatro meses entre primera y segunda dosis

-Fiscales están cómodos sin peces gordos

-Último intento del Impuesto Sobre Nómina

Entre dos y cuatro millones de dólares es la cantidad conocida que un supuesto empresario de Juárez birló a un par de emprendedores locales que sorprendentemente cayeron en el engaño al estilo del escándalo que envuelve hoy en Chihuahua a la financiadora Aras y sus decenas, decenas, cientos de millones de pesos en la mega estafa.

Hasta hoy el caso juarense, o pudiera ser que los casos juarenses, hayan sido mantenidos bajo cierto sigilo por pena y conveniencia de los afectados, pero ya están en tribunales bajo sendas demandas penales.

Aparece como principal involucrado un individuo de apellido Durán que opera con extraordinaria habilidad en los fraccionamientos más exclusivos de la ciudad, como el Campestre, Campos Elíseos, Misión de los Lagos y todo lugar donde hay pesos, no centavos; millones, no miles.

El esquema es casi idéntico al utilizado por Aras y otras empresas, hasta fibras, enlazadas entre sí para alargar hasta el infinito la cadena del fraude.

Prometen grandes negocios en propiedades que solo poseen en papel, reciben las inversiones, las meten en gastos de las supuestas propiedades y terminan declarando pérdidas. Para cuando el inversor se da cuenta del robo ya perdió más del 50 por ciento o el total de su dinero.

Esa es una clásica en fraudes de su tipo, pero también está la otra, la más conocida que sigue atrayendo desde las personas más humildes y esperanzadas en incrementar rápido sus ahorritos hasta los más expertos en negocios a pesar de tantísimas experiencias negativas ocurridas por todo el mundo.

Esa clásica es la de ahorros también en efectivo con promesas de increíbles tasas de interés hasta del 10 por ciento mensual cuando en los bancos apenas llegan al seis por ciento anual si bien les va.

Así sacó Aras a los incautos cientos de millones en Chihuahua y otros estados del país y así golpeó tranquilamente el supuesto financiero de Juárez a varios empresarios locales con cerca de 20 millones. Es lo que conocemos, pero nos aseguran que hay más casos a punto de estallar en los órganos judiciales.

Esperemos los robos no sean generalizados.

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Las primeras y segundas dosis de Pfizer aplicadas contra el Covid en Juárez para distintas edades, no menores, fueron inyectadas entre julio y agosto de este año, pero rezagados en segunda dosis se quedaron miles, el Gobierno federal calcula que unos 65 mil.

Para todos ellos sigue vigente la promesa del Gobierno federal de que pronto habrá los biológicos en su totalidad, pero la controversia ahora es el tiempo que ha transcurrido entre la primera y la segunda dosis.

Los expertos han considerado de manera generalizada que para el caso Pfizer deben transcurrir un promedio de tres semanas entre una y otra inyección si se pretende una efectividad del 100 por ciento.

Aquí estamos hablando que la diferencia alcanzaría los cuatro meses si damos por hecho que la vacunación llega en 15 días, o los primeros días de diciembre. Juan Carlos Loera hasta se ha olvidado de Maru Campos y Pérez Cuéllar para cumplir esa promesa.

No es grave el problema, lo han dicho las propias autoridades sanitarias, porque la efectividad si bien no alcanza el 100 por ciento tampoco desaparece en ese mismo lapso, de ahí la importancia en esa segunda dosis tanto por salud de los inoculados como por el ahora famoso certificado de vacunación solicitado para ingresar a otros países.

Por las vísperas de los últimos inesperados tumultos para alcanzar “al menos” la primera dosis de la válida AstraZeneca queda claro que los rezagados de Pfizer en la segunda dosis finalmente fueron convencidos de su importancia y permanecen más que atentos a las jornadas correspondientes.

Doble o triple preocupación para Loera como operador máximo responsable de que la vacuna efectivamente llegue.

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Si el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, en verdad quiere procesar peces gordos del desastroso quinquenio corralista, debería reforzar su equipo de ministerios públicos que parecen cruzados de brazos en el caso, por ejemplo, del exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Los abogados del exfuncionario, sostenido cinco años por Javier Corral pese a la ineficiente gestión financiera, mantienen frenados los intentos de los fiscales por llevarlo a juicio.

Es más, en el mundo de los litigantes dicen que Fuentes Vélez lleva ventaja en la búsqueda de un amparo que lo proteja de la intención de procesarlo, pese a que en la justicia local hace más de un mes la Fiscalía tuvo autorización para darle reversa a una decisión de no ejercicio de la acción penal.

En suma, Fuentes Vélez estaría cerca de un amparo que lo proteja de sus mentiras, pues quedó acreditado que reportó en los estados financieros la entrega de más de 100 millones de pesos al Ficosec, que en realidad los estuvo jineteando.

Como se sabe, los fondos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana que debieron entregarse, el exsecretario los retenía a discreción.

A su gusto y conveniencia, con el pretexto de la eterna crisis corralista, así administraba las finanzas incluso de los organismos autónomos, pero nadie protestó por la vía penal como sí lo hicieron los empresarios a los que les cobran una sobretasa fiscal para sostener al Ficosec.

El 2 de agosto, antes de terminar el quinquenio del golfista, la Fiscalía estatal, a través de un coordinador de unidad de tercer nivel, Héctor Alonso Hernández, decretó el no ejercicio de la acción penal contra Fuentes Vélez. Le dio carpetazo vil a la denuncia.

Fue hasta el mes pasado cuando la misma FGE obtuvo de una jueza de Control la anuencia para reabrir la investigación, que involucra además del exsecretario a otros dos exfuncionarios, Adriana Reza y César Bolado Rubio.

El problema es que de poco a nada sirvió la resolución judicial porque los fiscales se durmieron en sus laureles. Al menos es lo que han demostrado con las nulas actuaciones para seguir cuando menos este de muchos expedientes que supuestamente se siguen armando contra exfuncionarios.

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En los días previos a que se presente el paquete financiero estatal de 2022, entre el empresariado de la capital Chihuahua se habla de un último intento con sus colegas de Juárez, Cuauhtémoc, Delicias y Parral para apoyar al Gobierno del Estado con una pequeña alza provisional al Impuesto Sobre Nómina (ISN).

La negativa que ha mostrado el sector privado fuera de la ciudad de Chihuahua se veía como factor decisivo para no contemplar la propuesta en la Ley de Ingresos, pero aseguran que todavía se le mueve una patita.

El paquete que contiene la proyección de ingresos y el Presupuesto de Egresos 2022 está por ser llevado al Congreso del Estado por parte del secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

Varía unos cuantos miles de millones de pesos porque impuestos, derechos y aprovechamientos siguen sin quedar definidos mientras no haya los suficientes acuerdos para su incremento, que de por sí viene fuerte con la sola actualización del índice inflacionario, arriba del seis por ciento.

El complemento de un alza impositiva es una reducción al gasto de organismos descentralizados y fideicomisos que tienen más nómina que resultados; así como un apretón serio al gasto gubernamental para disminuir drásticamente el déficit fiscal estatal.

Pero ni eso ha convencido a los empresarios, que no ven incentivos a la productividad con alzas de impuestos. Difícil, pues, que pase una nueva sobretasa o un alza, al menos no con aprobación generalizada.

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