Opinión

OPINIÓN

Amontonamiento, sobornos, extorsiones... de todo

Debe salir en el primer semestre del año el diagnóstico de los Centros Penitenciarios correspondientes al 2021. Los resultados no se esperan alentadores en relación con las deprimentes condiciones de la última revisión

LA COLUMNA
de El Diario

jueves, 13 enero 2022 | 06:00

-Amontonamiento, sobornos, extorsiones... de todo

-El drama de ratificar al juez de consigna

-NCG, rumbo a la desaparición de poderes

-Vio Cruz orejas al lobito azul con Poliplaza

Debe salir en el primer semestre del año el diagnóstico de los Centros Penitenciarios correspondientes al 2021. Los resultados no se esperan alentadores en relación con las deprimentes condiciones de la última revisión.

Bajaron en calificación los Ceresos estatales, todos ellos con excepción del femenil de la ciudad de Chihuahua. El peor, el centro penitenciario #3 correspondiente nada menos que a Juárez, apenas con 6.17 en una puntuación comparable con lo más fregado a nivel nacional.

Lo más grave es que el indicador general pronostica un descenso en la calificación, pese a las recomendaciones puntuales de mejora.

Simplemente, la administración estatal pasada cerró los ojos y abrió las bolsas para el cobro de sumas muy gruesas al interior del penal.

Le quitó a la Fiscalía General del Estado la conducción y responsabilidad de los Centros de Readaptación Social, entregándoselo a una recién creada Secretaría Estatal de Seguridad Pública, con un exintegrante de la Policía Federal a la cabeza, Emilio García Ruiz, que sustituyó a otro personaje del mismo antecedente laboral en la extinguida Comisión Estatal de Seguridad, nos referimos al damo de compañía de Javier Corral, Óscar Aparicio.

Había sido la Fiscalía y antes, la Procuraduría Estatal, la responsable como cabeza de sector del manejo de los Ceresos, pero la ola de reformas a nivel nacional, engrosando la nómina con la creación de una Secretaría de Seguridad, embelesó primero a César Duarte y luego terminó convenciendo a Corral, para encomendarle el manejo de las cárceles, a pesar de que fue él mismo quien eliminó dicha Secretaría al principio de su administración.

El experimento por supuesto no trajo como consecuencia más que mayor desorden en el manejo de tan delicado tema. Hay hacinamiento, ausencia de programas de prevención, violaciones a derechos humanos, deficientes condiciones materiales, auto-gobierno de los internos, falta de custodios, extorsión, sobornos, corrupción y un largo etcétera que son nuestro pan de cada día en el manejo de dichas universidades del crimen.

Ahí está el diagnóstico oficial indiscutible.

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Hoy el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá tomar una decisión cargada de drama moral, legal y político, la ratificación de un juez que confesó públicamente, en exclusiva a El Diario, que fue presionado por el corralato para vincular a proceso a la hoy gobernadora Maru Campos Galván.

Vaya “casualidad” ¡de infarto! La confesión coincide justo con la decisión que tomarán este día los cinco integrantes de la Judicatura no solo sobre ese juez, Uriel Samuel Mendoza, sino sobre otros 29 jueces y juezas penales de todo el estado que venían fungiendo desde hace tres años como provisionales y su integración formó parte de una de las etapas más oscuras del Poder Judicial, trampas en exámenes, falta de evaluaciones, etc.

Sobre todos ellos y ellas descansa y seguirá descansando una buena parte de la justicia en Chihuahua. Así nomás.

Es un drama en ese triple sentido señalado desde las dos primeras líneas porque la Judicatura debe aprobar las ratificaciones en razón de los tres años que llevan como provisionales, de que hubo corrupción enorme en los procesos de exámenes y de que no hubo integración de expedientes para la evaluación de su desempeño desde el momento de su nombramiento.

Hay responsabilidades de muchos que intervinieron en todas esas faltas, y seguramente serán sancionados por los nuevos jefes de la Judicatura, pero los jueces saltarán de contentos hoy al momento de la aprobación definitiva.

Solamente una semana se retrasó su regalo de Día de Reyes, e incluye a quien por consigna del corralato pretendió impedir que llegara a la gubernatura quien es hoy gobernadora.

¡Impresionante!

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Es insostenible en su cargo la secretaria del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes (NCG), Silvia Ivonne Hernández Parra.

Parece un tema menor, pero no lo es. Nomás falta que intervenga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque la prepotencia de la funcionaria ya pasó por encima a varias autoridades locales, a los partidos de origen –la alianza Morena y Partido del Trabajo-, a todos los regidores que en teoría son sus jefes porque representan a la máxima autoridad dentro del Ayuntamiento e, inclusive, agarró pleito con el Gobierno federal en la persona de su jefe en el estado, Juan Carlos Loera de la Rosa.

La presidenta municipal es Cinthia Marina Ceballos, también afiliada a las siglas de Morena, ha mantenido saludable su imagen en aquella ciudad, pero extrañamente no ha controlado los desatinos de su subordinada Silvia ni han sido observados intentos serios por meterla al redil de una función de gobierno diplomática y de buen trato en general. Cada día la mete en mayores broncas.

Por culpa de la secretaria del Ayuntamiento ya no hay relación con los regidores, cuya mayoría, los de Morena, ya hicieron contacto con su dirigente nacional, Mario Delgado, y se deslindaron por completo de la alcaldesa y de Silva.

Lo más delicado de todo, por si lo anterior fuera poco, es la liga por todos conocida en Nuevo Casas Grandes entre la secretaria del Ayuntamiento; la fiscal de la zona noroeste, Fabiola Tafoya, y clientes de la primera relacionados con actividades delictivas.

Esa es la razón principal por la que regidores y regidoras de Morena, y de todos los partidos, pidieron a Delgado desligarse de las jefas de la alcaldía. Incluyen amenazas a sus personas y sus familias.

El dato está en manos de la Guardia Nacional, del Ejército y de las autoridades de seguridad estatales. Incluye información en las oficinas principales de Palacio de Gobierno.

No es un asunto chiquito, es muy delicado. Debe haber un cambio drástico por parte de la alcaldesa Cinthia Marina antes que sea contemplada la desaparición de poderes en el municipio, el de mayor relevancia en muchos kilómetros a la redonda.

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En términos técnicos la intención fue patear el banquillo que sostenía al cuerpo de Poliplaza y cayera la empresa estrangulada igual que en una cinta clásica del viejo oeste, pero en lenguaje político fue entendido al revés el objetivo; es decir, amacizar el banquito y retirar la soga al polémico hospital para que siga respirando más tiempo como prestador de servicios médicos a los trabajadores municipales y sus familias.

Arropados por el acuerdo del secreto total y bajo tal sigilosa característica, los seis regidores del PAN deslizaron ayer en el Cabildo un “punto de acuerdo” en cuyo texto colocan como lazo de cochino a Poliplaza por el mal servicio.

Solicitaban que el Ayuntamiento girara instrucciones a la Oficialía Mayor y a la Dirección de Salud Municipal para que ambas instancias exigieran “con los medios legales a su alcance” a Poliplaza “cumpla de manera efectiva”  la “atención integral” de la salud de los derechohabientes, incluyendo a “todos aquellos que presentan problemas respiratorios independientemente de su etiología”.

Decían en su exposición que es “mínima o nula (la) atención de los problemas respiratorios, incluido el Covid-19, que el proveedor Hospitales de Juárez (Poliplaza) ha brindado a los trabajadores y derechohabientes del municipio”.

Incluían en su propuesta un rozón-justificación contra el también “mal servicio”, que ha derivado en “múltiples quejas de trabajadores del municipio”, brindado en el centro comunitario Santiago Troncoso, que tiene un par de años funcionando.

Tienen razón los señores regidores en ambos aspectos pero de ninguna manera descubrieron el hilo negro. Esa discusión tiene ya tanto tiempo que la alcaldía, con Cruz Pérez Cuéllar a la cabeza, decidió ahora mochar de tajo el contrato con Poliplaza

La mayoría de los regidores en el cabildo, bien sintonizaditos en el bando de Cruz, le vio orejas al lobito azul. Si Poliplaza ya tiene encima el proceso de recisión no tenía caso enviarle un “punto de acuerdo” exigiéndole el buen servicio que debe estar prestando en todos los sentidos mientras concluya el divorcio pleno.

Algo traman, contestó el alcalde a los firmantes de la propuesta, Joob Flores Silva, Alma Edith Arredondo, Amparo Beltrán, Austria Galindo, Víctor Talamantes y Enrique Torres Valadez, que debieron conformarse con otro acuerdito pipitilla en su favor que dependerá del gobierno estatal su concreción: actas de nacimiento gratis a jóvenes por primer empleo.

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