Opinión

Amenaza presión y chantaje a Maru-Cruz

O hay deslindes tempraneros o hay presión de los radicalismos entre los nuevos grupos de Palacio de Gobierno para conseguir deslindes contra el nuevo gobierno municipal de la principal ciudad del estado, Ciudad Juárez

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 13 septiembre 2021 | 06:00

• Amenaza presión y chantaje a Maru-Cruz

• Buscan millones de viaticada sin control

• Muestran a Maru el colapso del estado

• Ahora sí nace el bloque crucista-morenista

O hay deslindes tempraneros o hay presión de los radicalismos entre los nuevos grupos de Palacio de Gobierno para conseguir deslindes contra el nuevo Gobierno municipal de la principal ciudad del estado, Ciudad Juárez. Serían fatales para esta frontera cualquiera de las dos hipótesis.

Indica el sentido común que debe ser lo segundo. Durante su toma de protesta Maru Campos no escatimó halagos para quien definió como su amigo, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar.

Una es PAN y el otro es Morena ciertamente, pero vienen de idéntico gen político, e inclusive poca diferencia generacional entre ambos.

Después de la toma de Campos Galván se presentaron varios incidentes que debieron ser auténticamente valorados por el equipo de la gobernadora y Maru misma.

Pérez Cuéllar tenía la confirmación de que la jefa del Poder Ejecutivo estaría en su toma de protesta como alcalde, pero ella, por logística, optó por acudir a las tomas de otros dos presidentes municipales de su círculo más cerrado, el de Chihuahua y el de Delicias.

Mala seña, a Juárez fue enviado como representante de ella Oscar Fidencio Ibáñez, quien viene del corralato y es uno de los responsables del tiradero de obras que ha recibido el nuevo alcalde de Juárez.

La gobernadora no es responsable de lo que hagan los integrantes de su equipo pero sus operadores no visualizaron otros antecedentes que marcaron la salida del PAN, de Pérez Cuéllar.

Dos de los tres protagonistas de esa dimisión registrada entre 2014 y 2015 (el tercer actor fue Javier Corral) han conformado uno de los grupos operadores de la gobernadora, el cargado hacia la izquierda y con origen justo en el ahora innombrable. Ahora ocupan Hacienda y otras áreas.

Uno es el presidente del Congreso del Estado, Mario Vázquez, quien aparentemente no habría enviado a nadie a la toma en nombre del órgano legislativo.

La otra, muy cercana a él, la diputada federal Daniela Álvarez, quien mostró en público su muina porque no fue mencionada ni como invitada en la toma. Lo dejó en video como testimonio e incluyó como “agraviados” a dos diputados locales, Gabriel García y Marisela Terrazas.

Entre ambos, Álvarez y Vázquez, derrotaron en 2014 a Cruz y a su candidato a la presidencia del PAN en el estado, su hoy secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz, tras una “celada telefónica”. Le grabaron al primero una llamada y lo expusieron ante los electores consejeros estatales del PAN. Así se quedó Vázquez con el PAN y Cruz fuera.

Es comprensible que entre ellos no hay ni habrá jamás entendimiento alguno, por lo que obliga a la intervención de asesores políticos de mayor nivel. Es imperativa la diplomacia por el bien de los proyectos futuros de ambos pero primordialmente por los intereses de la ciudad.

Esa es la realidad, o como repite un exdelegado del SAT, la verdad monda y lironda.

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Alrededor de 300 empleados del Tribunal Superior de Justicia, de magistrados para abajo, adeudan por viáticos sin comprobar una cantidad cercana a los cinco millones de pesos. Poquito para el presupuesto global, pero mucho ahora que se batalla hasta para pagar la luz de los juzgados.

El acumulado de gasto sin comprobación viene de años atrás y las causas, de acuerdo a los expertos en finanzas del Poder Judicial, son el descontrol administrativo que se permitió en la gestión de Julio Jiménez Castro y la irresponsabilidad de quienes tienen saldos en contra.

Así, básicamente es de las broncas que dejó el anterior administrador del TSJE, Carlos Olson San Vicente, hoy flamante diputado del PAN por impulso del senador Gustavo Madero, ambos con todo el poder en el fracasado quinquenio corralista.

Fue el exfuncionario quien dejó acumular cuentas, con el pretexto de que, contrario a lo que ocurriría en cualquier administración eficiente, pública o privada, no se les podía exigir mucho ni descontar a los empleados o funcionarios judiciales que gastaban la viaticada y no la comprobaban.

Los gastos por comisiones son de lo más variado. Desde cantidades individuales fuertes, arriba de 50 mil pesos, hasta lo que cuestan los burritos y el café de los empleados que salen comisionados fuera de la representaciones que tiene la justicia en todo el estado.

Esos piquitos fueron haciendo una bola de nieve que se suma a la operación deficitaria que trae de años el Poder Judicial, al que Javier Corral y su entonces secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, le pasaron por encima sin recato alguno.

Por este motivo es que muy probablemente en esta semana el Consejo de la Judicatura del Estado tenga que poner orden, con una medida fuerte como aplicar descuentos a la nómina a quienes se nieguen a pagar lo que deben.

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Fue un panorama desolador el que, días antes de asumir el poder, le presentaron a la gobernadora Maru Campos los empresarios agrupados en Desarrollo Económico del Estado (Desec), con datos de la Plataforma de Inteligencia para la Competitividad del Sector Privado.

Muchos de los que avalaron el análisis que muestra al estado colapsado dieron su respaldo a Javier Corral cuando en 2016 llegó como “bocanada de aire fresco” ante un asfixiante y corrupto duartismo. Así lo dijeron en aquel tiempo los emprendedores.

Reconocen ahora que el cambio fue para peor, a la luz de los datos duros.

En el índice de competitividad de los estados bajó Chihuahua del sexto lugar en el que se encontraba hace cinco años, al sitio número 11.

Avanzó levemente en el aprovechamiento de relaciones internacionales, estabilidad económica y otros factores. Pero retrocedió de forma brutal en innovación, sistema de derecho confiable, sistema político estable y funcional, gobierno eficaz y otros indicadores que componen la evaluación general.

El resultado fue un quinquenio de crecimiento mediocre, independientemente de la crisis generalizada que trajo el coronavirus durante los últimos 17 meses.

Bajó el corralismo la calificación de la entidad en prácticamente todos los órdenes, pero especialmente en renglones donde la labor del Gobierno es esencial: la calidad de sus servicios, manejo financiero responsable, seguridad ciudadana, transparencia.

Los números expuestos a la gobernadora, en una reunión privada realizada en la capital del estado, mostraron el verdadero panorama de la entidad, el que quedó fuera de la visión oficialista con la que se bombardeaba todos los días vía boletines y redes sociales.

El reto planteado al nuevo gobierno es, cuando menos, regresar al estado en que se encontraba Chihuahua en 2015, que no era bueno pero era mejor que lo actual.

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Ante la andanada de duartistas que han aparecido como víctimas al final del gobierno corralista, la realidad es que quienes sufrieron en verdad los excesos de la mal llamada ‘Operación Justicia’ ni siquiera han aparecido.

Es una realidad que el exgobernador sacó sus rencores, traumas y deseos de venganza con muchos de los acusados, que finalmente se doblegaron y la mayoría salieron de prisión; esos que en realidad fueron víctimas de una persecución brutal lo que menos quieren es asomar la cabeza.

Pero los Marcelos, Villarreales, Esparzas y otros que ahora presentan contrademandas como si fueran ofendidos y presos políticos (en vez de simples políticos presos) son tan impresentables como Corral Jurado y quienes se plegaron a sus caprichos.

De ahí que el cuerpo asesor de la gobernadora recién estrenada en estos días busca la forma de sacudirle a esos duartistas, que quieren dar la impresión de que con la llegada de Maru Campos ella será su aliada en la causas que sigan contra Corral Jurado.

Ciertamente están muy lejos de obtener apoyo de parte de Campos Galván, porque tanto en público como en privado ha dado a entender que no comprará ese boleto. Si hay procesos contra el exgobernador, sobre todo de los duartistas, ella no actuará de agente ministerial y menos de jueza.

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No podía darse el lujo el delegado de Programas Federales para el Desarrollo, Juan Carlos Loera, de no ir a la toma de protesta de Maru Campos como gobernadora; tampoco faltar a la de Cruz Pérez Cuéllar como alcalde de Juárez.

A eso se debió su asistencia, bastante sorpresiva, al acto donde el morenista tomó el mando del ayuntamiento. Obligaba la cortesía aunque fuera meramente institucional.

La toma de Pérez Cuéllar, por otro lado, dejó ver el naciente bloque político que está siendo reforzado dentro de Morena.

Pasaron lista, entre otros, Omar Holguín, enlace de Gobernación en Chihuahua; Andrés Domínguez, consejero de Morena y actual coordinador de Atención Ciudadana en la zona suroriente de Juárez, además del exdiputado Sebastián Aguilera Brenes y el profe Mauricio Padilla.

Es obvio que buscan cerrar filas en busca de afianzar el partido en el momento que la dirigencia nacional morenista marque el arranque con miras a la renovación de la dirigencia estatal. Es claro que para este nuevo grupo es importante el 2024 y van a apoyar con todo al alcalde juarense.

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