Amenaza inundación de ‘chuecos’...

• Amenaza inundación de ‘chuecos’...

• Dos meses y ni un peso de reestructuración

• Con todo y su lengua larga viene Taibo II

• Magda voltea a Juárez por apoyo vs Loera

Una reunión de agremiados a la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), realizada en Gómez Palacio, Durango, obligó a voltear a Juárez a la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Y cómo no, si allá los dirigentes de la tan famosa como desacreditada Onappafa, José Guadalupe Barrios y Humberto Meza, anunciaron una nueva regularización de “chuecos” que comenzaría por la frontera más importante del país.

Según los líderes chihuahuenses de “chuecos” el nuevo proceso está a un paso de aprobarse en el Senado de la República, hecho que tiene algo de realidad, pero también carga cierta ficción con la que se venden como redentores de los pobres el exreo Barrios y su lugarteniente Meza.

Ellos son los beneficiarios principales de cualquier regularización de automóviles y ahora se dicen amparados por el nuevo régimen federal y los cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por angas o por mangas, el que mandó instrucciones a todas las oficinas de AMDA en los estados fue Guillermo Rosales Zárate, director ejecutivo de la asociación que reúne a las empresas vendedoras de autos en México.

Pero especialmente mandó mensajes a Chihuahua por las 20 regularizaciones anteriores que ha tenido desde hace 3 décadas, las cuales no han resuelto el problema de la importación ilegal y han enriquecido a los líderes de organizaciones, y hasta por los intentos del alcalde cuauhtemense Carlos Tena de vender engomados de protección por su cuenta.

La instrucción para los agremiados de la AMDA es no perder de vista a estos líderes y atacarlos con el mismo mensaje de la cuarta transformación: nadie al margen ni por encima de la ley.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la reestructuración de la deuda pública del estado, estancada por la falta de una operación efectiva por parte del ingeniero secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez.

Han pasado dos meses de los tres que tiene de plazo para concretarla y aunque están vendidos y repartidos los créditos para su refinanciamiento, no han procedido por el escollo jurídico que enfrenta el Gobierno del Estado contra diputados del Congreso del Estado.

La pésima operación para reestructurar ha hecho que se paguen cientos de millones de pesos de intereses y no existan los ahorros prometidos.

Lo peor es que si sale en las próximas semanas la resolución de la Corte y el ingeniero Fuentes Vélez queda en posición de proceder a la reestructura, lo más seguro es que los ahorros prometidos que irían a programas de inversión, ya se habrán esfumado.

Fuentes, Javier Corral, Gustavo Elizondo (secretario de Obras Públicas) y otros voceros del nuevo amanecer le apostaban a tener entre mil 200 millones y tres mil millones de pesos libres para invertir en municipios en este año.

A Juárez, supuestamente, le destinarían la mitad o poco más de esos ahorros que ahora sólo son un fantasma, en medio de un entorno de inflación creciente para los siguientes meses y hasta de baja en las tasas de interés para el último tercio del año, factores que incidirán por separado en las expectativas del refinanciamiento.

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El polémico nuevo director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, vendrá al estado a finales del mes para promover dos eventos de fomento a la lectura.

Tras la polémica en que se vio envuelto por sus floridas declaraciones en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro, y a pesar de todos los opinólogos y legisladores que pidieron su cabeza, lo cierto es que el ahora director de uno de los grupos editoriales más importantes del continente logró comenzar a trabajar sin mayores sobresaltos y con un buen empuje.

El funcionario dejó de lado su afán de presentarse como el más políticamente incorrecto de la cuarta transformación –lo que es mucho decir porque sobran los ejemplares de su raza– y le metió el acelerador a los proyectos del FCE.

En la Feria del Libro de la Frontera (ya iniciada), Taibo II encabezará la inauguración de módulos de venta de libros en una cadena local de supermercados en Juárez, además de impartir una charla el próximo 31 de mayo.

Luego, el domingo dos de junio estará presente en una venta de banqueta del catálogo editorial del FCE en la explanada de la Plaza del Ángel de la capital, donde el desenfadado escritor estará de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

El mismo domingo se espera que acuda a Cuauhtémoc en uno de los “librobuses”, para promocionar la lectura en aquel municipio.

La apretada agenda se la arman en Secretaría de Cultura del Estado, donde despacha como jefa María Concepción Landa.

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Recién corrida del Registro Agrario Nacional, la excandidata de Guachochi, Magda Rubio Molina, buscó un enlace con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zylberman, para denunciar por violencia política al superdelegado federal Juan Carlos Loera de la Rosa.

Pero mal llegó de la Ciudad de México la mujer despedida del RAN –donde acusó en varias reuniones la intervención de Loera y de la subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, para su despido– y viajó a Juárez para buscar un despacho jurídico que le lleve otra denuncia contra el funcionario que jamás reconoció su nombramiento.

La señora va con todo, ahora libre de cualquier cargo federal, contra el delegado de Programas Sociales.

Es probable que logre el respaldo y patrocinio, con algún cargo público, de la administración del morenista Carlos Tena Nevárez, alcalde de Cuauhtémoc, para seguir con su cruzada que le abre otro frente más al superdelegado Loera.

Qué raro que a ella no le alcancen los apoyos por la igualdad de género desplegados por los grupos izquierdistas de toda índole... ni los de derecha. La conveniencia discierne entre casos y casos.

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Apenas el pasado 24 de marzo un tribunal colegiado desapareció de un plumazo al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa de Colima, creado ocho meses antes a causa de los excesos del gobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez.

La decisión de la justicia federal fue a raíz de un amparo promovido por un abogado inconforme con el proceso de selección y designación de los magistrados colimenses.

En este caso los elegidos fueron el exconsejero jurídico del propio gobernador, un exoficial mayor del Congreso y otro abogado propuesto por el Poder Judicial como parte del acuerdo para integrar el nuevo órgano que deben crear todas las entidades, como parte de sus sistemas anticorrupción.

La referencia a Colima es necesaria en este momento del batidero que se hizo en el Congreso del Estado de Chihuahua, con la designación a medias de los magistrados integrantes del TEJA.

Increíble falta de pulcritud en la creación de otra parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que parece hacerse a la medida de un Gobierno, en este caso panista, y particularmente corralista, intolerante y autoritario hasta la médula.

Los diputados y los excesos del corralismo en estas designaciones que se entramparon en la última sesión del Pleno del Legislativo están dejando muy anchos huecos para que este proceso se combata en la justicia federal.