Ambivalencia y oportunismo ante la tragedia

¿En razón de qué, al Gobierno de México se le ocurrió que podría pedir la extradición de Patrick Crusius, presunto responsable de la masacre de El Paso del 3 de agosto?

¿Cuál sería la personalidad jurídica que utilizaría el gobernador Corral para demandar a las empresas vendedoras de armas de asalto en Estados Unidos?

¿Serán motivaciones sanas, políticamente hablando, las que llevaron a nuestros principales gobernantes a plantearse, entre otras cosas, es cierto, tales objetivos?

Hay diferencias sustanciales entre una postura, además de las muy serias consecuencias derivadas de la postura del Gobierno federal. 

Son verdaderamente preocupantes, le estaríamos entregando en bandeja de plata al Gobierno norteamericano la legitimidad para que sus organismos judiciales extiendan sus facultades al territorio mexicano.

En cambio, la pretensión del gobernador Corral de presentar la denuncia contras las empresas vendedoras de armas tendría que seguir el largo camino –que él conoce de sobra, a propósito del proceso seguido a César Duarte– pues el Gobierno de Chihuahua no tiene, por sí, la personalidad jurídica para hacerlo.

Vayamos por partes. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que estaban en el proceso de acopiar información y haciendo todas las indagatorias –además de presentar la solicitud a las autoridades norteamericanas– pues sostiene que se trató de un acto terrorista.

Mañana, según informó el jueves, autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y del FBI se reunirán en la Ciudad de México para darle seguimiento a lo anunciado por él. 

Habrá mucho tiempo –y ojalá no derivado de hechos como el ahora comentado– para reflexionar sobre las profundas causas que generan tan mortales, frecuentes y masivas tragedias en los EU por medio de las armas de fuego, pero lo que puede ser una tremenda pifia de cálculo diplomático, por parte del gobierno de la 4T, sí será necesario analizarlo a mayor profundidad.

No son pocos los episodios en los que comandos norteamericanos –integrados por policías en activo– detienen a algún mexicano y lo trasladan a los EU, o que, argumentando diversas chicanadas los gobiernos mexicanos hayan entregado a algunos ciudadanos, sin ningún proceso jurídico alguno. 

Más aun, sobre todo en los casos de varios supuestos jefes de grupos criminales, el gobierno de EU los ha reclamado en aras de que son responsables de delitos cometidos en México, pero en contra de ciudadanos estadounidenses.

¿En razón de qué facultades una persona debería ser castigada en otro país por un delito cometido en el propio, arguyendo que se hubiera perpetrado en contra de connacionales de aquel país?

Eso es lo que ocurre con la pretendida demanda de Ebrard. Los delitos fueron cometidos allá, ciertamente en contra de algunos mexicanos, pero ¿cómo podemos pedir la extraterritorialidad de los delitos?

¿Acaso no va en contra de la doctrina Estrada, precisamente ahora que se pretende reivindicar lo “mejor” de la política del período “no neoliberal”, consistente en ser respetuosos de la libre determinación de los pueblos?

Que un país importante, como lo es el nuestro, pero que está lejos de ser una potencia mundial, intente que el autor de una masacre como la de El Paso, sea juzgado acá, sólo arrancará algunas sonrisas indulgentes de los hombres del poder, aquí, allá, y en todos los círculos diplomáticos del mundo, precisamente en los momentos en que México pretende regresar al Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero que esa ingenua pretensión sea retomada por el poder imperial y la use como antecedente y aval, no está lejos de los sueños del presidente Trump, ni de nadie más que llegue a ocupar la Casa Blanca.

No estamos lejos del día en que, a consecuencia de la ola homicida en el país puedan ocurrir hechos criminales en contra de ciudadanos norteamericanos y entonces sus autoridades van a pretender procesar allá a los presuntos responsables.

A mediados de 2002 fue aprobada la Convención Interamericana contra el terrorismo la cual establece que en los casos en que una persona detenida o procesada sea requerida por otro país, para “prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o el enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales”, sólo podrá ser trasladada si esa persona da “libremente” su consentimiento (artículo 10, “Traslado de personas bajo custodia”, CICT).

La Convención, en su articulado, aborda otros temas, pero por ningún lado aparece configurada la posibilidad de que, ante la argumentación de tratarse de un acto terrorista, el Estado del origen de las víctimas pueda reclamar que el autor fuese enjuiciado acá.

El artículo 19 (Ejercicio de jurisdicción) de esa Convención es tajante en cuanto a esto último: “Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a un Estado Parte para ejercer su jurisdicción en el territorio de otro Estado Parte, ni para realizar en él funciones que estén exclusivamente reservadas a las autoridades de ese otro Estado Parte por su derecho interno”.

¡Vóytelas!

De ese modo se desaprovechó la oportunidad para que el Gobierno mexicano expresara vivamente su rechazo al lenguaje de odio de los grupos gobernantes, hegemónicos, de los Estados Unidos y a la política migratoria del presidente Trump, (quien no fue capaz, siquiera, de lanzar un breve mensaje a la comunidad de El Paso durante su visita) que encontraron tan estremecedora representación en los mensajes de Crusius y en su actuación asesina.

No era necesario ni un lenguaje ni un discurso confrontador; el de la diplomacia tiene bastantes figuras y recursos como para hacer llegar la más fuerte de las críticas a lo que hacen las élites del poderoso vecino. Llevamos casi dos años escuchando el lenguaje que Crusius adoptó como suyo, ¿por qué no expresar nuestro rechazo, y más en momentos en que cientos de miles de compatriotas nuestros sufren de una de las más crueles, persistentes y fieras persecuciones en EU?

Y además, para incidir en lo que ahora aparentemente ha ganado terreno, ahora sí, la del efectivo control de armas en Estados Unidos, aunque sea la de las armas de asalto, como propone el expresidente Bill Clinton, revivir una ley puesta en vigor durante su mandato, que imponía controles muy estrictos para la venta de este tipo de armas.

Así lo escribió la semana pasada: 

“Las armas de asalto están diseñadas para infligir el máximo daño en un corto período de tiempo. Un estudio de 2015 realizado por Everytown para Gun Safety descubrió que los disparos en los que se usaron armas de asalto resultaron en un 155 por ciento más de disparos y un 47 por ciento más de personas asesinadas que incidentes con otros tipos de armas… No debería sorprendernos que cuando vemos un alto número de muertos y heridos, desde Sandy Hook a Las Vegas, a Parkland, a El Paso y a Dayton, los asesinos han usado estas armas. El asesino de Dayton disparó 41 balas en 30 segundos antes de que la policía lo atrapara. Mató a nueve personas e hirió a otras 14, casi una víctima por segundo” (W. Clinton, “Restablecer la prohibición de armas de asalto, ahora”, Time, 8/VII/19).

Las consecuencias positivas derivadas de esos controles, dijo, serían significativos, “Un estudio de Rand de 2018 encontró que las políticas que podrían provocar una caída en las muertes por armas de fuego tan pequeñas como solo el uno por ciento significarían mil 500 muertes menos en una década. Y podemos hacerlo mejor que eso”. (Ibídem).

Lo del gobernador Corral va más en el camino de contribuir, nuevamente, a los anales de la picaresca nacional.

Ahora va a contratar a un despacho de abogados norteamericanos para demandar a los vendedores de armas de allá, ¿Y por qué no los contrató antes, para enjuiciar a Duarte?

Vamos, de perdida, hacerse eco y coadyuvar en la denuncia presentada por Jaime García Chávez, la que parece recuperar bríos.

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