Al jefe no le pasa nada... porque el patrón es igual

• Al jefe no le pasa nada...porque el patrón es igual

• Camioneros y ruteros ven traición de Palacio

• Más que informes serán shows publicitarios

• Cerrazón del juez federal en caso Miroslava

En la foto que presentamos para la versión digital de La Columna, el jefe de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se observa de perfil, ojos cerrados, sobre el pecho de una mujer. Ella con los ojos abiertos, también de perfil, una leve sonrisa esbozada. Ambos están recostados, vestidos.

La foto fue subida por ella a su red social. Fue funcionaria del Gobierno estatal pero ya no lo es, así que nos referiremos sólo al jefe policiaco, responsable de coordinar la seguridad preventiva en Chihuahua durante los últimos tres años y medio: su patrón es el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Es Óscar Alberto Aparicio Avendaño. Su ligereza, falta de sensibilidad y de seriedad son proverbiales. Choca la frivolidad de su actitud en la fotografía con los resultados desastrosos de su función: casi ocho mil personas asesinadas, decenas de miles de vehículos robados, cientos de miles de casas robadas, asaltos...

Es la viva imagen de su jefe el gobernador. Aparicio presumiendo bolsas, cintos, anillos etc., de 20 a 50 mil pesos (con un sueldo mensual que no llega a los 70 mil); Corral jugando golf y tenis mientras la gente muere en las calles debido a la violencia o en los hospitales por falta de insumos y atención médica.

Si el patrón descuida su quehacer como servidor público, debe esperarse lo mismo de sus subordinados. ¡¿Quién les levanta la mano?!

Apenas debieran tener tiempo para respirar frente a las circunstancias adversas que sufre Chihuahua, pero en lugar de ello se concentran en trivialidades.

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Tenía más de dos años y medio guardada la propuesta que envió el gobernador Javier Corral al Congreso del Estado la semana pasada para crear una nueva Ley de Transporte.

Desde entonces existía un diagnóstico sobre desorden existente en este rubro, del que ahora se sabe, por ejemplo, que más de 800 camiones en Juárez y Chihuahua, de los mil 300 que conforman el parque total, circulan fuera de norma por tener más de 15 años de antigüedad.

También desde aquel tiempo se sabía de cientos de concesiones “fantasma” y que el negocio de concesionarios y ruteros no está precisamente en las rutas del servicio público, sino en el transporte de personal de la gran industria.

Todo ese tiempo fue tolerado el problema en general que representa el transporte. Nada se hizo por mejorarlo, al contrario.

Tuvieron en sus manos la aplicación de la ley el ahora director de Gobierno, Joel Gallegos; otro amigo distanciado del gobernador, Guillermo Hernández, y en Juárez el escandaloso Víctor Estala Banda. Les siguieron David Holguín Baca a nivel estatal y Luis Lugo en la Zona Norte, quien aventó el arpa en enero, antes de la llegada de la iniciativa.

Desde luego que dos años y medio de contubernio y tolerancia generan “derechos”. Eso reclaman los camioneros. Sus manifestaciones no son resistencia a una norma nueva, son la reacción a la traición que observan del Palacio.

Hoy que vuelve al análisis entre los diputados la iniciativa y en el proceso de dictamen, existe el riesgo de protestas más serias por parte de los concesionarios del sistema de transporte. Ellos tienen en sus manos la movilidad diaria de más de 500 mil personas en las dos ciudades más importantes de la entidad.

En vez de 30 meses de arreglos turbios, ese tiempo debió aprovecharse en lograr consensos sin dejar al margen la ley como se hizo. No haberlo hecho traerá sus consecuencias: si se aprueba como va, el problema de las protestas será mayúsculo; si no se aprueba, el fracaso también será enorme.

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El pasado sábado se cerraron las puertas del Palacio de Gobierno para que el gobernador Javier Corral pudiera grabar con tranquilidad los spots de su tercer informe. Ya no sorprenden los caprichos ni el deseo de amurallarse, de impedir que lo toquen y que lo vean.

Es así como inicia el espectáculo de la promoción de su figura el mandatario. Seguirá con la recepción del documento formal del informe, con lo que dará comienzo también el periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado.

Lo que sigue es prepararse para la andanada de anuncios y publicidad hasta en la sopa (productos comunicacionales, les dicen en Palacio) con cargo al erario, porque no todo se hará en tiempos oficiales.

Son pocos los rubros sobre los que versan los mensajes videograbados, que hoy mismo entran a postproducción. Abordan temas de agua potable, infraestructura telecomunicaciones y educación. Nada relevante qué presumir en realidad, ninguna obra emblemática. Ni se metieron en seguridad. Comenzarán a trasmitirse una semana antes del informe y hasta cinco días después.

La maquinaria publicitaria será igual que siempre. Realmente poco abonará a que sea un acto auténtico de rendición de cuentas. Quedará en la simple promoción personal, el mero intento de levantar una imagen que anda cacheteando el suelo

Al gasto habrá que sumarle cinco actos festivos, además de la sesión protocolaria del Congreso que será el domingo. Comenzará en Chihuahua el lunes dos de marzo en el Centro de Convenciones, luego en Parral el día tres. El cinco en Juárez en el Centro Cultural Paso del Norte, el seis en Delicias y el siete en Cuauhtémoc. Así continúa el show en la recta final del corralismo.

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Ha dejado a muchos sorprendidos el exdiputado petista Rubén Aguilar Gil, pues al llegar a la Ciudad Judicial es uno de los primeros rostros que puede observarse. Cumple un papel como de edecán o anfitrión, aunque nadie sabe exactamente cuál es su función.

El hijo de Rubén Aguilar Jiménez, diputado y dueño del Partido del Trabajo, aparece registrado en los archivos del Tribunal Superior de Justicia del Estado como asesor. Pero no es reciente su contratación, es de cuando menos hace un año.

El caso es que jamás lo habían visto como funcionario o empleado del Poder Judicial, hasta hace unas cuantas semanas que comenzó a ir casi a diario.

O sea, antes era un aviador más, de los que sobran en las dependencias públicas por más controles y boletines que hacen sobre la eficiencia, la austeridad y la transparencia.

Ahora algo ha obligado a que el asesor de lujo tenga que presentarse seguido a trabajar, al menos para que lo vean, porque no hace otra cosa más que rondar la entrada a las oficinas y pasillos, con celular en mano, generalmente distraído.

Al principio no faltaron los despistados que creyeron estaba trabajando en el litigio. Luego corroboraron que no litiga y jamás lo ha hecho. Para qué, si el dinero llega solito.

Que ahora se le vea más seguido los tribunales de la capital del estado tal vez obedezca al polvorín en que se ha convertido el que alguna vez fuera bautizado por Javier Corral como “monumento a la corrupción”.

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El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, con residencia en Juárez, se instaló en la capital del estado desde la semana pasada. Con él a la cabeza comenzará el juicio contra Juan Carlos Moreno, alias “El Larry”, acusado del asesinato de la periodista Miroslava Breach.

Tras un largo litigio por sonados fracasos de las fiscalías estatal y federal, así como inconformidades de los familiares de la víctima, hoy iniciará éste, que es el primer juicio por el homicidio de una periodista, en el nuevo sistema de justicia penal.

Pese a ello, el juez especializado se ha cerrado a buscar alternativas para que el proceso sea totalmente abierto y ampliamente difundido. El pretexto es que las salas de audiencias de los tribunales federales son insuficientes para recibir a más de 20 personas.

Es entendible que esté registrado medio centenar de testigos, familiares, instancias coadyuvantes y observadores internacionales y ello vaya a saturar la capacidad que tiene el búnker donde se asienta la justicia federal en la ciudad de Chihuahua.

Pero es increíble que habiendo tecnología para enlazar audiencias de un reclusorio en el Estado de México hasta el Centro Penal Federal de Chihuahua, por ejemplo, no se haga un mínimo esfuerzo para, cuando menos, trasmitir de una sala a otra en los mismos juzgados.

La apertura y transparencia del proceso judicial es clave para lograr la confianza de la ciudadanía en la resolución que se avecina. Ojalá eso lo comprenda el juzgador en el arranque y transcurso del juicio.