Ahora golpean la libertad por la que se inmolaban

Es una enfermedad del poder creer que los medios de comunicación y los periodistas deben someterse al respaldo ciego y absoluto del gobernante.

Ello significa que los medios pierdan su carácter crítico como un mecanismo de contrapeso necesario y obligado frente a los abusos o hasta diferencias en puntos de vista de la clase política.

Obvio, cuando candidatos, los personajes se muestran convencidos en sus denuncias por censura y manipulación del periodismo. Se rasgan las vestiduras y se inmolan en la plaza pública en defensa de las libertades de imprenta y expresión.

Cuando logran la ansiada meta de sentarse en la ‘silla del águila’, sin embargo, exigen obediencia y aplauso permanente. Sus razones adquieren rango de inapelables. No rebatibles, no discutibles.

Los liberales de antaño son los conservadores de hoy. 

Andrés Manuel López Obrador y Javier Corral Jurado dan muestra de esta ‘patología política’ con evidencia palmaria casi por cada día de sus regímenes.

No admiten cuestionamientos. Con liviandad emiten adjetivos en tono de amenaza. Exigen difusión de sus actividades en los términos por ellos dictados.

Como si el papel del medio de comunicación fuera la simple transmisión de gacetillas o boletines, olvidando su papel trascendente, que interpreta, indaga, cuestiona.

Van contra Reforma, La Jornada, Proceso, El Universal, contra esta casa editora, entre otros muchos medios más, violentando las normas jurídicas nacionales e internacionales existentes en la materia, así como la ética en el ejercicio público.

Azuzan a las redes sociales contra periodistas incómodos, incluso cercanos, que han tenido que ir a Palacio Nacional —exhibidos en un linchamiento auspiciado desde el poder— a exigirle respeto en las mañaneras al presidente, como ocurrió con Ricardo Rocha.

Cierran los ojos para no ver —ni mucho menos aplicar— la Constitución General de la República y los convenios internacionales.

Pero además, conocedores de ello que es lo más grave, pasan por alto los principios técnicos del periodismo, que le dan soporte a una actividad de alto riesgo.

No distinguen —o más bien no quieren hacerlo— la importancia de los géneros opinativos, subjetivos por naturaleza obligada, de una importancia indudable frente a la objetiva y plena en datos, nota informativa, reportaje, entrevista...

Contrario a una norma política de respeto y ampliación de las garantías individuales, entre ellas la libertad de expresión e imprenta, atizan el caldero.

Todos los días profundizan y amplían el deterioro del sistema de comunicación social, forzando —mediante la ley del garrote o la zanahoria— un periodismo militante.

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Javier Corral dijo al tomar posesión que habría una libertad de expresión como no había existido antes.

Pero sus primeras acciones fueron construir un aparato de comunicación propio para difundir su imagen con el sueño guajiro de la Presidencia de la República.

Desapareció sólo en el discurso el gasto en publicidad porque todos los periodistas eran corruptos pero sólo sacó los recursos de los medios con mayores audiencias y lectores pero críticos y los traspasó a empresas sin impacto alguno pero bufones de su administración. Obviamente le sobrevino el fracaso.

Intentó crear medios propios y resultó igual. Los canales de televisión a los que aspiraba se le cayeron por incapacidad y pleito político con la Federación.

Cambio 16 dejó de ser impreso después de una estela de derroche multimillonario y malos manejos administrativos de su comunicador Antonio Pinedo.

Hoy está embelesado con el proyecto de hipersegmentación mediante manipulación y uso de información personal obtenida en redes sociales e Internet gratuito para tratar de construir una base electoral.

Su credibilidad está por los suelos.

Pero frente a ello adelanta conclusiones. La culpa es de los medios de comunicación que señalan las promesas incumplidas: inseguridad como nunca antes, crisis en salud sin medicamentos, despidos masivos, gastos superfluos, su afición al golf, las vacaciones inmerecidas y el derroche contrario a una pretendida austeridad, corrupción rampante.

Fue contra El Universal, que durante algunos años le publicó —bajo sueldo— editoriales, donde hacía campaña política y trataba —paradójicamente— temas de libertad de expresión y derecho a la información que hoy prefiere no recordar.

También contra La Jornada, que le ha señalado su incapacidad, opacidad y mentiras en distintas materias, etc.

Se le olvidan los precedentes en la materia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Esa publicidad es obligación de los estados y no debe condicionarse por contenidos. Pretende una prensa cómoda.

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Han sido las conferencias de prensa mañaneras un mecanismo efectivo de comunicación de la Presidencia de la República y especialmente de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, han sido también escenario continuo de confrontaciones con periodistas, bajo el argumento —inaceptable técnicamente por cierto— del derecho de réplica, en el que se escuda el presidente.

Va Andrés Manuel en contra de Reforma y Proceso, pero en general, contra la prensa por él denominada despectivamente “fifí”.

Una prensa conservadora que se niega a aplaudir los cambios propuestos por la Cuarta Transformación, y que le señalan los yerros continuos.

Los aeropuertos, el Tren Maya, la violencia que no cesa, migración y la política internacional sumisa, el populismo de regalar miles de millones de pesos, desaparición de programas, reducción en investigación y presupuesto a universidades.

Son decenas los temas de confrontación, que Andrés Manuel no admite. Exige una prensa militante a sus postulados, como hizo Zarco o los hermanos Flores Magón.

Y luego vienen los epítetos con apariencia de inocentes. Proceso no se porta bien, dijo el presidente en su desliz del pasado lunes. “ ... es lo que se ha hecho en el caso del Proceso mucho en ese sentido (editorializar). Por eso lo leo poco ya, desde que falleció don Julio Scherer, al que admiraba mucho”.

Dice que seguirá confrontando porque su pecho no es bodega, porque tiene derecho a la libertad de expresión, al derecho de réplica. Se le olvida un pequeño detalle, igual que a Javier Corral.

El papel que desempeña actualmente no es el de un ciudadano común. Es el de gobernantes, que deben aceptar la crítica, con un pensamiento de Estado y como vía para consolidar la democracia, y el ejercicio equilibrado del poder.

Corral y AMLO —mucho en común por cierto con Trump— se voltean para no ver esos principios que tutelan el papel de los medios de comunicación, como garantes de la libre expresión de las ideas, el derecho de —y a la— información.

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Están por supuesto los artículos Sexto y Séptimo constitucionales, pero hay una riqueza en convenios de carácter internacional y en criterios adoptados mediante resoluciones jurisdiccionales.

No son ocurrencias. La Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 13 amplía este derecho a todo el proceso informativo; prohíbe la censura previa y las vías indirectas como la publicidad o el manejo discrecional de concesiones o permisos.

La Suprema Corte de Justicia de nuestro país ha establecido que los funcionarios o líderes de opinión inclusive que no lo sean, están sometidos a una necesaria restricción en la protección de su esfera jurídica personal, porque es de interés público la crítica o información de su desempeño.

Las vías indirectas de censura tal vez son las más delicadas, como esas opiniones continuas sin ton ni son, que estigmatizan, estereotipan, amenazan, discriminan.

En un contexto de violencia como el que México vive, la exposición de medios de comunicación y periodistas los coloca en un grave riesgo.

Los que no se portan bien o los que extorsionan, son colocados en una esfera de cristal, expuesta su integridad, con la comodidad del aparato de poder estatal. 

Esa violencia verbal es irónicamente encabezada por quien debería garantizar la libre expresión de las ideas.

Indudablemente y para detrimento de la comunicación, Corral y López Obrador caminan hermanados en una política violatoria de los derechos humanos elementales.

Quieren un periodismo a modo y aplaudidor.