Opinión

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Ahora aparece ‘aviador’ de 2 millones de pesos

En términos llanos, se pagó por una ‘aviaduría’ a un recomendado de la Ciudad de México que le enviaron a Corral Jurado supuestamente para ayudarle

LA COLUMNA
de El Diario

lunes, 03 enero 2022 | 06:00

• Ahora aparece ‘aviador’ de 2 millones de pesos

• Cayó la Junta de Aguas en manos de ‘coyote’

• ¿Qué hará Cruz con las cuentas incobrables?

• Otros hospitales sí, pero también atención propia

Un funcionario actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ramón Alejandro Takahashi Iturriaga, fue uno de los ‘aviadores’ favorecidos con la generosidad característica del exgobernador Javier Corral.

Por unos cuantos meses de trabajo en 2020 –de abril a diciembre– cobró 2 millones de pesos por supuestos servicios profesionales en asesoría y capacitación; en 2018 se embolsó más: un millón de pesos de noviembre a diciembre.

Evidencia de lo anterior aparece en la versión digital de La Columna, donde obran tanto el contrato más viejo como la observación de la irregularidad del último año completo del corralato, por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Quién sabe qué sea lo peor, si la simulación de un contrato de asesoría con un particular por el trabajo que debe hacer una instancia pública o el área específica en la que se supone asesoró el tal Takahashi, quien se supone ahora tiene un cargo como de quinto nivel en la Secretaría de Hacienda federal.

Porque la dizque especialidad del ‘aviador’ era la negociación del presupuesto estatal, las normas jurídicas aplicables al gasto y hasta el manejo de la deuda pública. O sea, todos los grandes fiascos de la administración corralista.

Imposible pensar que hubo alguna asesoría profesional en materia financiera. Si la hubiera, la gestión en la que Corral ratificó por cinco años al fracasado Arturo Fuentes Vélez, no habría terminado tan hundida como acabó.

Por la observación de la irregularidad de 2020, la ASE instruye el regreso a las arcas públicas de los dos millones de pesos del último contrato, por considerarla una falta no grave que se subsana si se repone el dinero público. De lo contrario se agrava la conducta y la pena.

Se concluye, pues, que la supuesta prestación del servicio fue ilegal, en parte porque la Secretaría de Hacienda tiene el personal suficiente para cumplir con su función y en parte porque no cabe una contratación bajo ese esquema para una labor institucional.

En términos llanos, se pagó por una ‘aviaduría’ a un recomendado de la Ciudad de México que le enviaron a Corral Jurado supuestamente para ayudarle.

El contrato de 2018 pasó bobito y a estas alturas ya resulta inobservable para cualquier instancia auditora, pero confirma esa generosidad del exgobernador hacia sus amigos cuando se trataba de recursos públicos.

Para más señas, Takahashi fue de los que acompañó al exgobernador en sus dizque luchas federalistas, desde la “Caravana de la dignidad” hasta los reclamos fiscales que le hacía Corral a López Obrador, antes de doblegarse y ponerse de tapete del presidente.

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Durante trienios pasados sobraron los despachos que embaucaron a presidentes municipales de la entidad, con la idea de recuperarles impuestos federales para las arcas municipales.

Claro, los despachos cobraban su comisión del 25 al 30 por ciento de los montos recuperables del Servicio de Administración Tributaria, y de ahí le podían pasar también una cuota al alcalde, secretario o tesorero que se prestara al negocio.

La realidad es que eso ha sido una transa de abogados y vivales que han aplicado la táctica en buena parte del país, pues ninguna autoridad requiere de intermediarios para la recuperación de impuestos. De algo sirven las unidades jurídicas municipales, estatales y federales.

Pues bien, ese esquema de los “coyotes” fiscales podría justificarse en Moris, Urique o la barranca de Batopilas, pero es impensable que se diera en Juárez... o eso se creía, porque todo apunta a que el exdirector de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Jorge Domínguez, cedió a la tentación.

Se habla de la contratación en la JMAS de un despacho para recuperar el IVA, al que además le dio el contrato de forma directa, sin investigar la viabilidad de hacerlo o cuando menos simular que se buscaron varias opciones para dicha tarea.

Ni modo de pensar que esas contrataciones, las adjudicaciones directas sin dictámenes de excepción y otros desórdenes encontrados en la Junta, no hayan sido de beneficio para el anterior titular de la dependencia.

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Los ejidos, ferrocarriles, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y una veintena de particulares, unos más conocidos que otros, aparecen en las cuentas de Catastro con rezagos que van de los 40 a los 220 bimestres. Sí, adeudos de 30 años del impuesto predial.

Hay casos excepcionales que por tratarse de instituciones o bienes nacionales siempre se encuentran en disputas jurídicas, pero hay otros a los que simplemente no se les ha cobrado adecuadamente ése que es el principal ingreso municipal propio.

Esas cuentas no cobradas sumaban al cierre del año 2020 unos dos mil 500 millones de pesos. A estas alturas, por lo exagerado de las multas, rezagos y recargos, el adeudo debe ser de unos cuatro mil millones de pesos. Incobrables, pues.

El rezago acumulado por los gobiernos de Juárez de las últimas décadas ya supera la mitad del presupuesto total de la ciudad.

El problema es que no es un activo real sino sólo de papel, que termina por convertirse en un pasivo entre jurídico y financiero.

¿Qué hará Cruz Pérez Cuéllar con las cuentas incobrables que le heredaron sus antecesores, incapaces de recaudar lo que la ciudad requiere? La pregunta ronda en las áreas de la Tesorería Municipal, donde no hay plan alguno para la gestión de cobro.

El adjetivo de incobrables es por algo. Ni en sueños se alcanzaría a recuperar la totalidad de la deuda, tanto por los pleitos jurídicos que implican unos casos como porque habrá otros que no tienen capacidad de pago ni en abonos chiquitos.

Pero no estaría mal buscar de lo perdido lo que aparezca. Si ya el 10 por ciento del rezago sería un gran avance en el año.

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El anunciado proceso de rescisión del contrato con Poliplaza, que atiende a los empleados municipales, ya tenía semanas trabajándose en la Secretaría del Ayuntamiento, de la que se encarga Héctor Ortiz Orpinel.

Por eso fue que se planeó comenzar esa batalla sin dejar de tener opciones de atención médica en otros hospitales privados, los cuales, como ya se había dicho, estaban más que puestos si la administración municipal solicitaba cotizaciones.

Pero a la par de buscar opciones privadas, algo que se mantiene bajo reserva es un plan de activación y reforzamiento de los centros de salud propios con los que cuenta el Gobierno de la ciudad, algunos de los cuales podrían dar mejor servicio básico que varios privados. Desde luego a más bajo costo.

De todos modos, los siguientes niveles de atención –las especialidades y tratamientos más complejos– la administración pública no podría brindarlos por sí misma, tendría que recurrir a la subrogación del servicio.

Ese podría ser un as bajo la manga de la gestión juarense, el de crear una red propia para la atención a población abierta y a los mismos trabajadores. El esquema es digno de analizarse. 

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