Agarran el Barrigas de cuartel de guerra

• Agarran el Barrigas de cuartel de guerra

• Va a ridiculizar a diputados el magistrado

• Tribunal puede reventar desde adentro

• Una negativa a Gloria no será sorpresa

Para completar el cuadro a la imagen que presentamos en versión digital de La Columna nomás le falta el senador Cruz Pérez Cuéllar, pero ni mencionarlo siquiera porque su nombre produce salpullidos y migrañas insoportables en algunos de quienes aparecen en la foto, tomada subrepticiamente.

Aparecen ahí el presidente de Morena en el estado, Martín Chaparro Payán; el superdelegado o vicegobernador federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa; el exalcalde y excandidato a la Presidencia municipal, Javier González Mocken; Arturo Herrera y Efrén Gutiérrez Casas, dos operadores en primera línea del nuevo partido oficial a nivel federal.

Mencionamos en las primeras líneas de este bloque que sólo  faltó Cruz porque no fue sencillo reunir de nuevo a González Mocken con Loera, y a éste con el profe Chaparro, pues cada cual carga sus historiales de severas hostilidades. Mocken no fue nunca el candidato de Loera, por ejemplo.

Ya sabemos que existen diferencias hasta ahora irreconciliables también entre Loera y el senador Pérez Cuéllar porque los dos han desarrollado una intensa campaña por la misma novia, la gubernatura.

Así que ese encuentro del sábado por la noche (hasta muy noche) en el Barrigas Campestre sólo fue lograda bajo el propósito común de ir estableciendo los acuerdos básicos para que Morena llegue superunido al año entrante, sobre todo en Ciudad Juárez, que está siendo considerado por el partido de la cuarta transformación como su nuevo bastión aunque en el presente siga dominado por el independiente Armando Cabada.

Ésa fue parte central de la plática. Desconocemos si el plan es unir en el futuro a los líderes morenistas que faltaron en ese encuentro, pero es claro que existe autocrítica sobre las broncas internas como principal obstáculos hacia el 2021 y el deseo es superarlas.

Pretenden, como indica aquel dicho, quedarse con todo el marrano: gubernatura, alcaldías de Juárez y Chihuahua, etc., y la mayoría en el Congreso del Estado.

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Entre hoy y el miércoles se define la forma en que avanzará la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, que ha comenzado el proceso de desafuero contra el magistrado duartista Jorge Ramírez.

El titular de la Primera Sala de lo Penal sabe que lleva desventaja no sólo por su cercanía con el exgobernador César Duarte, sino por la filiación de los diputados que conforman el órgano que ya dio el primer paso para retirarle la protección constitucional.

Le hace frente a Georgina Bujanda y Fernando Álvarez del PAN, quienes tienen además aliados casi incondicionales como Rocío Sarmiento de Movimiento Ciudadano, Misael Máynez y Obed Lara de la fantasmagórica bancada de Encuentro Social.

Difícil que metan las manos al fuego el presidente René Frías, de Nueva Alianza; o Alejandro Gloria, del Verde. Ni siquiera a la priista Rosa Isela Gaytán la puede contar de su lado.

Pese a ello, Ramírez Alvídrez buscará ridiculizar a los legisladores con una cuadrilla de abogados que casualmente son los mismos que han puesto a hervir el Poder Judicial. Parece orientar su estrategia a exhibir que los diputados no conocen de leyes, ni siquiera la Constitución.

La Comisión Jurisdiccional ya es en los hechos un juzgado previo al Pleno, ante el que presentan pruebas la FGE y el acusado. En teoría los legisladores están forzados a fundar y motivar las razones por las que perdería el fuero, más allá de la solicitud con las pruebas que presente la Fiscalía General del Estado.

El fiscal César Augusto Peniche delegó la facultad de encabezar la causa en el Legislativo a cuatro de sus mejores agentes del Ministerio Público: Claudia Janeth Chávez, Yuvia Sarahí Torres, Eduardo Chaírez Cos y Beatriz Aréchiga. El magistrado irá por su cuenta con su pequeño equipo.

Pero es obvio que el ejercicio no es jurídico, aunque se le quiera dar ese carácter. Dictada la procedencia, como se espera, seguirá la correspondiente sesión del Pleno con mayoría del albiazul y sus aliados. Luego el combate en tribunales federales.

Será en esta fase del proceso cuando Ramírez se la juegue para obtener la suspensión provisional. La otra opción que le quedará será la huida, literal, antes de que se le acabe el fuero.

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La resolución que emitió hace más de seis meses, el 19 de julio de 2019, el magistrado Marco Emiliano Anchondo, anula por completo el procedimiento de selección de jueces que condujo a tumbos la retirada consejera de la Judicatura del Estado, Luz Estela “Lucha” Castro.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado es competente para sancionar procedimientos del propio Consejo de la Judicatura. De ahí que un magistrado del propio Poder Judicial tuviera vista del caso.

El magistrado proyectó la determinación que declara la nulidad del concurso de oposición de jueces de primera instancia con efectos generales. Lo hizo al resolver un recurso de revisión que fue presentado por José Gerardo Aguilar Gabaldón, uno de los aspirantes rechazados en la selección de juzgadores.

La resolución del titular de la Octava Sala de lo Civil fue enviada a la Secretaría General del TSJE para que se agendara como asunto a discusión en alguna de las sesiones del Pleno, la máxima autoridad del Poder Judicial. Es aquí donde se debe aprobar o rechazar la sentencia de Anchondo Paredes.

Sin embargo, más de 180 días después de haber sido proyectada, todavía es hora que no se ha subido para su debate, cuando sería una salida relativamente sencilla al cúmulo de conflictos que ahora aguardan también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Quienes ven la resolución como un intento de reventar desde adentro al Poder Judicial, no han reparado en que también representaría una solución. Dejaría sin materia una veintena de juicios de amparo con todos sus accesorios, que le han caído en cascada al Tribunal Superior y le siguen costando tiempo, dinero y fricciones.

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No podrán llamarse sorprendidos los que aún tengan una ligera esperanza de que el proyecto Gloria prospere en Samalayuca. Lo contrario será para los que ya dan por sentada la negativa.

Prácticamente desde que se anunció por el presidente seccional Javier Meléndez Cardona, la minera enfrentó resistencias de la población, no sólo de los directamente afectados en el poblado, sino de Juárez y sus alrededores.

Desde entonces la directriz salida del Palacio Nacional en torno a la industria extractiva fue que nada, absolutamente nada se haría si no había previamente consenso del pueblo o región que estuviera en la mira de algún proyecto minero. Esto daba entender que a Gloria todavía le quedaba alguna esperanza, si es que sus promotores e inversionistas lograban convencer a los grupos inconformes.

Pero el subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, precisamente instalado en Chihuahua como parte de la descentralización administrativa federal, desde un principio tenía instrucciones muy claras de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, sobre la nueva política minera.

Nada de consultas simuladas, nada de compra de líderes ejidales o autoridades, nada de doblegarse ante grupos que operan entre la legalidad y la delincuencia. Hasta la Guardia Nacional y el Ejército estaban (y siguen) dispuestos para hacer respetar esa nueva directiva.

Por eso no puede considerarse sorpresivo el adelanto del presidente Andrés Manuel López Obrador en su última gira por Juárez, ni las precisiones posteriores.

Hacia dónde se encamina la resolución federal ya es muy claro, Quiroga sólo espera un dictamen en unos cuantos días para oficializar lo que anticipó.

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A ver si no llega de repente alguna sacudida al equipo del alcalde Armando Cabada, pues desde los últimos días del año pasado rozaba la meta de los miles de “Cuartos Independientes” a los que se comprometió... pero todavía es hora que no han podido hacer ruido desde el Ayuntamiento para festejar ese logro.

Con el reporte en mano del programa y la evaluación completa, Cabada Alvídrez se sintió satisfecho, pues rondaba los cuatro mil apoyos prometidos desde su primer período. Es sin duda un buen indicador dado que aún le faltan muchos meses a su administración.

Este programa para atacar el hacinamiento en las viviendas de la periferia, consistente en apoyo directo a las familias para ampliar sus casas, fue una de las metas más importantes del independiente en materia de desarrollo social. El nombre fue para hacer polémica y lo logró.

Por ello a principios de año regresó a varios de los sitios donde se realizaron obras, caminó las colonias, entregó leña y calentones a vecinos, como parte de la obligada supervisión y evaluación de lo realizado.

También pidió a varios de sus colaboradores hacer lo correspondiente, evaluar, reportar, informar, presumir la meta alcanzada y explorar más opciones que se puedan realizar, pues el renglón de la pobreza siempre será una tarea sin terminar.

Pero todavía nada, parece que nadie entendió las instrucciones o que se ocuparon en otras cosas diferentes a los fines de la administración.

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El general Omar García Vázquez, dejó la Guarnición Militar en Ciudad Juárez y en su lugar llegó el general brigadier diplomado de Estado Mayor Ernesto Joaquín Geminiano Jiménez.