Acusa Corral pero no aclara pagos de su régimen

• Acusa Corral pero no aclara pagos de su régimen

• Apurada la Federación por el 1 de julio

• Leyes para amarrar al siguiente gobernador

• Mete IEE la cuchara en proyectos de alumbrado

De nuevo el gobernador, Javier Corral, se escuda sin pena ni rubor en la administración estatal anterior para ocultar y desviar su propio despilfarro en materia publicitaria y la infructuosa como carísima campaña por levantar su destrozada imagen entre los chihuahuenses.

Ayer que en Ciudad Juárez le fue solicitada por periodistas información sobre los resultados de los viajes realizados a Europa por varios de sus funcionarios, el gobernador salió con el estribillo del que ha echado mano desde hace más de dos años.

Insistió sobre las diferencias entre los montos recibidos en publicidad en general por El Diario durante la administración anterior y los que ha pagado su régimen actualmente. 

Luego pretende colgar a este rotativo conductas que en realidad es él quien ha puesto actualmente en práctica, como pagar al Canal 28 más de 30 millones de pesos por publicar boletines de sus actividades y por entrevistarlo semanalmente.

Deben saber los chihuahuenses que cada vez que aparece la imagen del gobernador en ese espacio televisivo y en algún otro medio electrónico y hasta impreso, va con los costos respectivos que El Diario ha publicado en sus páginas mediante información extraída por conductos oficiales de transparencia.

Por supuesto que El Diario tuvo mayores ingresos por publicidad oficial durante la anterior y otras administraciones estatales, municipales, etc., pero es debido a su liderazgo en la materia. De ninguna manera gratis ni tampoco por consigna.

Reiteramos lo dicho otras veces: al mismo tiempo que era presentada aquí publicidad oficial, en las mismas páginas eran publicados artículos bajo la firma del ahora gobernador Corral. Fue en Chihuahua el único medio que le abrió todo el espacio que quiso.

La audiencia de este rotativo y su página electrónica son considerablemente superiores al resto de sus similares no sólo en Chihuahua, sino en gran parte del país. A diferencia de la opacidad sin precedentes que priva en el gobierno de Corral los números de El Diario son públicos en cualquier plataforma de estimación de tráfico.

Al gobernador en realidad no le interesa discutir esos datos porque bien los conoce; su interés es pretender deslegitimar la realidad desastrosa de su administración retratada en las páginas de El Diario y ocultar lo más posible su ineptitud al frente del Ejecutivo estatal; el fracaso palmario en la prometida austeridad y los caudales de corrupción que infestan varias secretarías. Todo pulcramente documentado.

Ahí y no en otra parte tiene origen su furia; esa sí, grotesca contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico profesional.

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Ahora la maquinaria federal en Chihuahua ha sido enfocada en destacar las tarjetas del bienestar y las famosas “becas” para los ninis, o apoyos para jóvenes que no estudian.

Es todo lo que cargan de plus hacia la llegada del primer aniversario de que fue electo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fuera de esos temas no ve la suya en Chihuahua la Cuarta Transformación.

Particularmente las redes sociales están siendo preparadas por los coordinadores del régimen federal en el estado para presentar como cumplimiento de promesas las decenas de miles de tarjetas entregadas y los respectivos montos otorgados tanto a jóvenes como a adultos mayores.

El superdelegado Juan Carlos Loera ha empezado ya a revisar los números que recibió de los coordinadores para colocarlos en las diversas presentaciones planeadas desde el 1 de julio en adelante.

Tendrán que hacer un milagro porque esos dos solos aspectos no sofocarán la severa crítica generalizada por el nepotismo en todo el estado, la falta de claridad en las delegaciones estatales  (hay una desorganización tremenda), la inseguridad creciente, la desaparición del presupuesto federal para la estancias infantiles, y marcadamente si no el fracaso, sí el desorden en el que ha quedado la prometida como panacea para todos los males de la región, la zona libre en la frontera, o decreto fronterizo.

Lidiar con todos esos aspectos negativos será el reto del régimen lopezobradorista a sólo una semana de haber obtenido hace un año un histórico triunfo electoral.

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Un conjunto de normas aprobadas o en análisis en el Congreso del Estado aguardan para amarrar las manos al gobernador. Bueno, al siguiente, que comienza en el año 2021.

Los retrasos en la Ley de Fiscalización Superior y modificaciones al Sistema Estatal Anticorrupción obedecen a ello. De ahí el aparente desinterés por sacarlas del líder de la mayoría panista, Fernando Álvarez Monje, y sus minialiados.

Según la promesa de Javier Corral, para el año 2017 Chihuahua contaría con el mejor sistema anticorrupción del país. La realidad lo desmiente. Aún le faltan patas a la mesa, estratégicamente dejadas de lado.

El objetivo es que haya un SEA de lo más completo y riguroso, pero en el año final de su mandato, de tal forma que no le aplique a su administración, de la que han surgido dos o tres candidatos dignos de unas vacaciones en el Cereso.

Pero pasa lo mismo con la Ley de Participación Ciudadana, que contempla los mecanismos como la revocación de mandato, plebiscito, referéndum e iniciativa popular. Inaplicable en el principal de sus preceptos por la no retroactividad constitucional, según determinó un cómodo Instituto Estatal Electoral.

La Ley de Publicidad Oficial, tan cacaraqueada como si fuera la panacea contra el derroche de recursos públicos, es la otra muestra.

No es que falte capacidad de operación a fin de sacarla en el Legislativo, si hay una mayoría de diputados a los que sólo hace falta decirles “rana” para que brinquen con el dedo arriba.

El objetivo es mantener la discrecionalidad en el gasto en imagen, para luego impedirlo.

El conjunto no es otra cosa más que un “hágase la voluntad de Dios, en los bueyes de mi compadre”.

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Los consejeros del Instituto Estatal Electoral decidieron meter la cuchara a los proyectos de alumbrado público del independiente Armando Cabada y la panista Maru Campos.

Aprobaron el plebiscito para ambos, lo que en números redondos significa que con unas 5 mil firmas en Juárez y poco más de 3 mil en Chihuahua, se puede convocar a una consulta formal a ver si la ciudadanía quiere o no la reconversión de sus sistemas de alumbrado, con los esquemas ya conocidos.

En el caso de la capital lo promovieron Carlos Demetrio Olvera Fernández, Nancy Azucena Pérez Vargas, Brenda Patricia Govea Medina, Ana Cristina Arzate Orozco y Luz María Cisneros Villaseñor, además Óscar Humberto González Aguirre. Éste último fue quien impulsó la negada solicitud de revocación de mandato de Javier Corral, por cierto.

El de la frontera fue impulsado por Sergio Ramón Meza de Anda, Claudia Luz Arreola Pérez, Jesús Alexius Rodallegas Vizcaíno, Martha Araceli Corral Bernal y Miguel Ángel Silerio Ortega.

El resultado de un ejercicio así es vinculante, es decir que debe cumplirse con la determinación democrática.

En la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, encabezada por el panista Jesús Valenciano, los proyectos estaban puliéndose para presentarse en un período extraordinario.

Ahora, con la decisión que avalaron los consejeros encabezados por Arturo Meraz, el proceso del Legislativo tendrá bastante ruido. Ya se habla de un brete jurídico difícil de salvar puesto que las alcaldías respectivas buscarán ampararse.

Pero además se alargará por mucho un resultado final, pues los promotores del instrumento de consulta contarán con 90 días para reunir las firmas mediante aplicación digital; tras ello el IEE deberá declarar la procedencia o no del plebiscito.

Si a eso se le suma un tiempo de preparación de dichos mecanismos, una votación tendría que registrarse aproximadamente hasta noviembre.

Hasta allá podría ser pateado el bote si los equipos de la alcaldesa y el alcalde no mueven sus maquinarias jurídicas para combatir la que ha sido considerada una “determinación no solicitada” al IEE por parte de los peticionarios de los plebiscitos.