Acuerdo, contrato y responsabilidad sociales

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, a través de su Consejo Directivo 2020, fijó posición frente al proceso electoral que tendrá su momento culminante con la elección del 6 de junio del año próximo y la posterior declaración de validez de los comicios.

Plantea también, su valoración de los efectos de la pandemia para sus agremiados, los gobiernos y la ciudadanía. Prevé, además, una prolongación de estos en 2021, acumulando pérdida de vidas y la desaparición de negocios, capitales e inversiones.

En efecto, las consecuencias de la contingencia sanitaria que se padece a nivel planetario han afectado a amplios sectores y diversas actividades, tanto productivas como comerciales y de servicios. Las autoridades de los tres niveles de gobierno se han enfrentado a una doble exigencia: preservar la salud de los servidores públicos, sin desatender sus responsabilidades a la vez que deben responder a las crecientes demandas de la ciudadanía y de los sectores económicos, que no solo se perciben, sino que en realidad están en riesgo.

No obstante, como lo hemos planteado en otras ocasiones, las condiciones no son idénticas para todas las personas. En este sentido, el llamado a una “actualización del acuerdo social”, no debe ignorar esa realidad, como parece ser que las autoridades estatales lo han hecho. En el desplegado se plantea lo siguiente.

“Los tiempos de excepción requieren aplicación de criterios de excepción, rapidez y agilidad en las decisiones de gobiernos, empresas y familias. Organismos y agremiados no podemos continuar en la discusión de los asuntos de nuestra comunidad sin la ponderación de una realidad que se impone por encima de intereses y grupos. Muchos mercados han desaparecido y los dolores de parto por el nacimiento de una nueva sociedad en una nueva realidad, debemos asumirlos”.

Se requiere, en efecto, ponderar las diferencias sociales y las inequidades que han favorecido la concentración de riqueza, al tiempo que se permitió que amplios grupos de población vivan en condiciones adversas, limitando sus capacidades para enfrentar de mejor manera los riesgos que la vida cotidiana plantea, exacerbados en condiciones como las que ahora prevalecen. Condiciones que nos colocan a todas y todos en situación de vulnerabilidad.

No deja de ser relevante la comparación que se hace con respecto al período de la Revolución. “Desde noviembre de 2010 y en los años de la revolución, los Asociados a esta Cámara y sociedad toda [sic], vivieron el saqueo, la ausencia del Estado de Derecho, la ruptura de las cadenas de suministro, el desempleo y la pérdida de vidas producto de la lucha revolucionaria”.

No es difícil comprender cómo afectó esta lucha a la sociedad toda, si bien de manera diversa, dadas las diferentes capacidades de las partes involucradas directamente en el conflicto, como de la ciudadanía que se encontraba distribuida en las distintas regiones del agitado país.

De ese conflicto, no obstante, deriva el contrato social que rige aún nuestro destino común como país y como nación. 

Reconocida como una de las más avanzadas de su tiempo, la Constitución de 1917 recoge una serie de aspiraciones, las que pretendían configurar una nueva realidad, en la que el Estado de Derecho minara las desigualdades, promoviera la justicia social y el bienestar general. La llamada Carta Magna ha debido actualizarse a través de una serie de reformas. Así, su artículo tercero, dedicado a la educación, bien supremo de una sociedad, define, tras sustentarla en el progreso científico y deslindarla del fanatismo, lo que debe entenderse por democracia. Esta, más que “una estructura jurídica y un régimen político”, debe concebirse “como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.

En Chihuahua, en la contienda democrática en curso, se disputarán, además del Ejecutivo estatal, 67 alcaldías, 67 sindicaturas, 714 regidurías, 22 diputaciones de mayoría relativa y 11 de representación proporcional. Es decir, en 882 personas recaerá la representación en el ámbito local. A nivel federal, 10 diputaciones de mayoría relativa corresponden a esta entidad.

La responsabilidad social, en el ámbito empresarial, suele hacer referencia a la obligación moral que este tiene con sus proveedores, clientes y entorno. Por ello, el llamado a la concordia no puede ignorar el error precedente: crecimiento económico sin desarrollo social. La ciudadanía, por su parte, no debe ser omisa. Votar y ser votado (a) es un derecho, ejercerlo una obligación moral.