Opinión

A punto de tragedia con explosión... y se esconden

Grave y lo que le sigue es lo ocurrido el jueves en la sierra de Juárez, por el Camino Real; a la altura de El Valle Bajo por el lado de El Paso; allá por el fraccionamiento Los Ojitos, en esta frontera

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 01 enero 2022 | 06:00

-A punto de tragedia con explosión... y se esconden

-Polémica por Poliplaza más política que de salud

-Remanentes de Juárez hasta por 600 millones

-Tiradero de obras quedará sin castigo

Grave y lo que le sigue es lo ocurrido el jueves en la sierra de Juárez, por el Camino Real; a la altura de El Valle Bajo por el lado de El Paso; allá por el fraccionamiento Los Ojitos, en esta frontera.

Fue estallada una carga importante de dinamita que sacudió a los vecinos texanos hasta Cielo Vista (según testimonios de personas que inclusive grabaron el momento de la explosión) y provocó importantes daños estructurales a una docena de viviendas de varios fraccionamientos aledaños al Camino Real.

La responsable del hecho fue una empresa constructora llamada Asfaltos y Pavimentos que no fue sometida de inmediato a la investigación correspondiente ni por las autoridades municipales, estatales y menos federales.

Los directivos de la empresa, entre quienes se mencionan al constructor Jesús Manuel Ortega aliado con Arnoldo Delgado, desestimaron la responsabilidad de informar a la sociedad lo ocurrido a pesar del estruendo, los daños ocasionados y la catástrofe que pudo haber pasado o que puede pasar en el futuro.

Los datos oficiales ofrecidos corrieron a cargo del titular de Protección Civil del Municipio, Roberto Briones Mota, pero limitados por completo a informar lo que todo mundo supo, la detonación y el lugar del hecho.

A estas alturas es desconocida la cantidad de explosivo usado, el tipo de explosivo, los permisos que tiene al respecto la empresa, los alcances de esos permisos, los niveles de autoridad responsables para el manejo y resguardo de la dinamita, etc.

Es inconcebible que haya policías e inspectores para decomisar en las calles palomitas, cebollitas, “cañones” y todo tipo de pirotecnia y no haya supervisores para impedir lo acontecido en la sierra de Juárez.

Peor aun, según Briones, los directivos de ASPA le impidieron el acceso a las instalaciones de la empresa y a los lugares donde llevaron a cabo las detonaciones escuchadas en toda la región.

Para estos efectos casi siempre hace su aparición la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero ni por aludida se dio el jueves.

Parte de la explicación puede estar en el influyentismo del accionista principal de ASPA, Jesús Manuel Ortega, quien fue jefe de Obras Públicas durante la administración municipal de Enrique Serrano.

Los vecinos del lugar con sus casas dañadas revelaron que la explosión del jueves es solo una de las muchas que frecuentemente ocurren en la zona sin autoridad que intervenga.

Eso quiere decir que ASPA trabaja discrecionalmente la dinamita porque sus dueños tienen vara alta por todas partes. Una tragedia mayor puede ocurrir en cualquier momento.

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El inicio de la rescisión del contrato de subrogación de servicios médicos a Poliplaza agarró con los pantalones abajo a la mayoría de los regidores del Ayuntamiento y sus coordinadores.

El tema, que debería ser de sumo interés para todos, porque importa la atención médica de más de 25 mil derechohabientes del Municipio parece no importarles mucho, ni siquiera a los de oposición, quienes se han mantenido al margen y expectantes de lo que pueda ocurrir.

La más cómoda ha sido la coordinadora morenista Ana Estrada, quien confía ciegamente en que el cambio será acorde a los pensamientos de la 4T.

Sin embargo, hay otros ediles, los de oposición, que le han estado entrando duro a la tamaliza navideña y a los tragos de fin de año y seguramente esperarán a que les dé una diarrea marca diablo para acordarse de la existencia de los servicios médicos municipales.

Por cierto, uno de los regidores que ha preferido ver los toros desde la barrera, ha sido el exaspirante a vaquero, Joob Quintín, quien discretamente observa cómo su compañero de bancada, Enrique Torres, se amparó para “no tener que ser internado” por su padecimiento de Covid en un centro comunitario, pero en una controversia más política que de salud.

“Quique” tiene un sueldo de 45 mil pesos mensuales, un bono de 24 mil también por mes y “otras ayudas” por 13 mil pesos que dan un total superior a los 80 mil por mes. No tiene mucha necesidad de centro comunitario.

Aún tiene servicio de Poliplaza igual que todos los trabajadores municipales, pero prefirió la polémica de un amparo constitucional con la directora de Salud, Daphne Santana, quien le recomendó acudir justo al centro comunitario Santiago Troncoso.

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En la pasada edición del Periódico Oficial del Estado se publicó la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2022 para Juárez, con una diferencia notable entre lo primero y lo segundo. Son arriba de 600 millones de pesos lo que separa a un concepto del otro.

Como nunca antes, los ingresos se fijaron en seis mil 419 millones de pesos y el gasto en siete mil 049 millones de pesos, lo que en apariencia marcaría un déficit de casi el 10 por ciento.

No es así, aunque la situación haya generado confusión una vez hecha la publicación oficial. Antes, en el decreto de aprobación de ambas normas financieras, emitido por el Congreso del Estado desde su última sesión ordinaria, se pasó por alto.

La particularidad del paquete financiero fronterizo de este primer año completo que corresponde al nuevo alcalde Cruz Pérez Cuéllar, es que lleva incluida la totalidad de la Ley de Ingresos, más el remanente del presupuesto y los ingresos 2021 no ejercidos por ahorros en el gasto.

Además de un aumento del 27 por ciento con relación a lo ejercido el año que recién terminó ayer, la gestión de Pérez Cuéllar también podrá ejecutar esos remanentes producto de las economías de los últimos cuatro meses de 2021.

Para los financieros juarenses que lograron la aprobación de ese presupuesto, de ese tamaño fueron los ahorros o los gastos que se consideran innecesarios para la administración municipal.

El monto también es producto de la eliminación de direcciones y puestos que estaban muy bien pagados sin tener funciones específicas, así como una nómina enorme en áreas que no necesitaban tanta gente para sacar el trabajo.

Puro gasto corriente, pues, el que se eliminó en los meses de arranque de la administración municipal, que cumplió el objetivo de crecer el presupuesto de inversión hasta niveles que casi nadie esperaba.

El reto es una ejecución limpia, ordenada y sobre todo transparente del gasto municipal, porque si esos números no se reflejan en la calle y no los percibe la ciudadanía, de nada habrá servido la reingeniería que al menos en el proyecto es muy notable.

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A juzgar por los resultados de la revisión que la Auditoría Superior del Estado realizó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, el tiradero que dejó la gestión de Javier Corral fue planeado con maestría para quedar impune.

Todavía al cierre de diciembre de 2021, de 27 obras auditadas, quedaron terminadas 17 y sin concluir 10. Pero la cifra es engañosa. De esas mismas 27, están en operación 15, nueve no operan y tres tiene operación parcial.

La mayoría de las obras a medias están en Juárez, son parte de ese tiradero que Corral Jurado se atrevió a bautizar sin vergüenza como “maratón de obras”. Así lo hizo también en la capital y otras partes del estado, pero fue más notable en la frontera.

Todos los proyectos adolecen de los mismos problemas. No se planearon obras complementarias o accesorias, no se previeron recursos entre un ejercicio presupuestal y otro (2019-2020-2021) y en varios casos ni los permisos correspondientes había para determinadas labores.

Todo eso se reflejó aquí en la frontera, pero aunque se asientan en observaciones de la ASE, resulta que no se encuentran causales que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales, al menos no por el tiradero.

Así las cosas, no fue tanta negligencia o irresponsabilidad, sino una decisión bien planeada para dejar un desastre en las obras que no se concluirían en el corrupto y desastroso quinquenio corralista.

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