Opinión
OPINIÓN

A los malos Realivazquez los traía trepados

Muy mono vestido de traje negro y corbata ad hoc al azul celeste de Palacio, allá en Chihuahua respondió afirmativamente a la convocatoria

LA COLUMNA
de El Diario

martes, 12 mayo 2020 | 06:00

• A los malos Realivazquez los traía trepados 

• Retenes del narco… ¡contra la pandemia! 

• A revisión la inutilidad de los síndicos 

• Loera, de risa fácil y con banco 

El plus de Ricardo Realivazquez ahora en su nuevo nombramiento como jefe de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en la Zona Norte sólo tiene que ver con el espacio que hicieron en su agenda virtual Javier Corral y Emilio García para correrle la invitación personalmente el 16 de abril en Palacio de Gobierno. 

Muy mono vestido de traje negro y corbata ad hoc al azul celeste de Palacio, allá en Chihuahua respondió afirmativamente a la convocatoria pero la ratificación de plano fue días después en las oficinas del Gobierno estatal en el Pueblito Mexicano, ya sin su presencia, sólo el gobernador Corral y su hasta entonces jefe, el independiente alcalde, Armando Cabada, que por esas horas había pescado en alguna parte el desdichado coronavirus que espantó al gobernador. 

Pero Realivazquez sólo llega con la bendición política. Literalmente con una mano adelante y otra atrás. Fue jefe de la Policía Municipal apenas un par de años. 

En 2019 fue relevado por el federal Raúl Ávila Ibarra y llevado a un cargo del que no se volvió a saber nada de él hasta ahora: instalador de cámaras de vigilancia e impulsor de una estación de policía en Riberas del Bravo. Sabemos que sólo hay nuevas cámaras de seguridad en una de las residencias precisamente de Corral, la del terreno caliente en Ignacio de la Peña y Costa Rica. 

En la Municipal tenía Realivazquez equipamiento de primer mundo, incluido todo el combustible sin regateos, uniformes siempre nuevos y armas respetables. Más de dos mil agentes. Acá es todo lo contrario, apenas centenar y medio de agentes mal pagados, mal alimentados, mal equipados. Son constantes las quejas en esta corporación por bajos salarios y falta permanente de combustible. Desde Chihuahua apenas saben que existen porque deben pagarles cada quincena. Esa es la realidad del nuevo jefe de la CES en Juárez, sin contar nada más y nada menos que su llegada es justo bendecida por García Ruiz, el secretario de Seguridad en el estado que es su jefe, pero de la Municipal fue removido porque ya traída muy trepados a los malos, sobre todo en materia de homicidios. 

No debe perder de vista ese dato objetivo el nuevo jefe estatal de la corporación, Álvaro Serrano, sucesor de quien nunca se interesó por esta frontera, Óscar Aparicio Avendaño. Los milagros no existen para estos efectos, menos cuando sólo falta un año y pico para el cambio de administración estatal. 

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Además de las narcodespensas repartidas en varios municipios -lo que exhibió de nuevo la debilidad de las instituciones de seguridad- hay otro hecho que lamentablemente muestra quién gobierna de verdad el estado. En municipios como Madera, Carichí, Zaragoza, Uruachi, Urique, Chínipas y Batopilas, ahora se han montado retenes sanitarios con el fin de evitar la propagación del virus a zonas de la sierra y el noroeste de la entidad. 

Insólito pero real. No son puntos de revisión de las autoridades de seguridad o de salud, sino retenes de los narcos de cada región. Se asumen, ante el vacío que existe, como autoridades de facto, como responsables de proteger a su población. 

Y a sus negocios ilícitos, por supuesto. Según los reportes que han llegado al C-4 de la capital, que han rebotado también a la Secretaría General de Gobierno, en principio se creyó que eran los alcaldes de cada municipio los responsables de tal acción. 

Según esos reportes, a los que transitaban o iban de visita a esos municipios se les pedía certificado médico y se les revisaba temperatura, se les cuestionaba de dónde venían, a dónde iban y con qué fin. Dependía del criterio de los improvisados revisores quién entraba y quién no a sus respectivos pueblos. 

Por esa información se creyó que eran revisiones oficiales y hasta se pensó en una reprimenda a los presidentes municipales, pues caían en actos inconstitucionales con el pretexto de la contingencia sanitaria. 

Pero resultó que no. Así como desaparecidas están las autoridades estatales, también lo están las municipales. 

Son amplias zonas donde el Gobierno formal no existe, sólo existe el gobierno de los narcos, que también está en la “lucha” contra la pandemia. 

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A principios del año la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio la razón a la administración municipal de Armando Cabada en una controversia constitucional relacionada con el papel de los síndicos. Se pretendía que dichos funcionarios asumieran el rol de contralores internos, un sinsentido en vista de la naturaleza política de las sindicaturas. 

La decisión del máximo tribunal del país sepultó la reforma a la Constitución del Estado en cuanto al Sistema Estatal Anticorrupción, en la parte específica que pretendía darle a las sindicaturas de la entidad facultades nuevas de fiscalización y sanción a los gobiernos municipales. Se quemaba el gobernador Corral por ese control. En su momento Cabada Alvídrez catalogó la resolución judicial como un triunfo del municipalismo y de la autonomía que implica. Pues bien, ahora con órganos internos de control de los ayuntamientos y un sistema anticorrupción prácticamente integrado al 100 por ciento, la figura de los síndicos parece quedar de mero adorno. 

Otra vez. La sinrazón de que los fiscalizadores municipales sean electos por el voto popular y mantengan aspiraciones políticas, en vez de aplicar la ley y hacer revisiones meramente técnicas, vuelve a cobrar relevancia en el marco de una eventual reforma electoral. El papel del síndico, independientemente del color, se vuelve cuestionable cuando existen contralorías municipales, Auditoría Superior del Estado, Sistema Estatal Anticorrupción y mecanismos horizontales de control. En municipios pequeños las oficinas de las sindicaturas se integran por cuando menos cinco personas, entre el titular y auxiliares. 

Pero en los grandes son enormes oficinas burocráticas que cuentan hasta con aviadores. Reducir su peso en vista de que poco o nada aportan a la fiscalización de las finanzas municipales podría ser uno de los puntos positivos de la reforma, si llega a darse durante las próximas semanas. 

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Aunque frenadas unas semanas por el plan de atención a la contingencia sanitaria, para el reinicio de las actividades en junio se espera la inauguración de las primeras dos sucursales del Banco del Bienestar en Chihuahua. Claro, si la pandemia no dispone otra cosa. De las 44 que están proyectadas para terminarse durante 24 meses en el estado, la Defensa Nacional, a cargo de la construcción, tiene a más del 80 por ciento las que se ubican en Nuevo Casas Grandes y Bocoyna. En el segundo semestre del año se espera otro avance. 

El grueso de la operación del banco con giro social hasta 2021. 

Una cosa será la obra física, otra el equipamiento y otra la operatividad del Banco del Bienestar. La institución será la vía por la cual la administración federal dispersará por el país los miles de millones de pesos que destina al apoyo directo de diversos grupos de población. Aunque ha tenido como oposición a la banca comercial, al banco central e incluso a quienes se negaban a que el Ejército se asumiera como gran constructor de las obras, al menos los proyectos de infraestructura se han sacado adelante por ahora. Falta verlos funcionando en el terreno de los hechos para ver su utilidad. 

Como quiera que sea, de entrada ya se alistan en la superdelegación federal en Chihuahua, -encabezada por el juarense Juan Carlos Loera-, las ceremonias de inauguración de cada sucursal. Su arranque será con bombo y platillo una vez superada la contingencia sanitaria.