Opinión

A diez años de la reforma constitucional

El próximo 10 de junio se celebrará el décimo aniversario de la que se ha considerado la más importante reforma a la Constitución mexicana, desde su promulgación en 1917

Jesús Antonio Camarillo
Académico

sábado, 05 junio 2021 | 06:00

El próximo 10 de junio se celebrará el décimo aniversario de la que se ha considerado la más importante reforma a la Constitución mexicana, desde su promulgación en 1917. Se trata de una reforma estructural, que entre otras cuestiones, introduce el “principio pro persona” y la denominada “interpretación conforme”, dos válvulas hermenéuticas que posibilitan la irrupción de un nuevo paradigma en la interpretación y alcance de los derechos humanos.

Aunque considero al principio pro persona un concepto esencialmente controvertido -en virtud de todas las aristas de significación que genera- suele entenderse como un canon interpretativo en el que el operador debe otorgar el mejor tratamiento a la persona, en el terreno de sus derechos fundamentales. Eso conlleva una aptitud de maximización y optimización de sus alcances e implicaciones en su favor. La interpretación conforme, por su parte, introduce la obligación de impregnar nuestra comprensión de todo el ordenamiento jurídico a través del faro de la constitucionalidad y la convencionalidad. Leer pues, todo el sistema jurídico mexicano, con los lentes de la constitucionalidad.

Por supuesto, cuando la reforma constitucional de gran calado irrumpe, la realidad no cambia por arte de magia. Es un cambio que se verifica al nivel de las normas pero que requiere una transformación en la perspectiva de sus agentes o intérpretes. Nada se gana con un giro normativo, aunque constituya un vuelco copernicano, si sus operadores mantienen los mismos vicios, los mismos sesgos y las mismas atrofias. Además, con frecuencia se piensa que este viraje constitucional de amplio espectro sólo incumbe a los integrantes del Poder Judicial, que tendrían que velar por la eficacia de los “nuevos” contenidos.  Eso es erróneo. Una reforma de este tipo involucra a todo el aparato estatal.

Por ende, si queremos hacer efectivos los cambios constitucionales que hoy celebramos, requeriríamos legislaturas fuertes, tanto a nivel nacional como estatal. Legisladores que, comprendiendo la trascendencia del cambio constitucional, armonicen muchos de los contenidos de las legislaciones regionales con los parámetros de la Constitución federal. No podremos echar las campanas al vuelo en materia legislativa cuando las legislaturas locales siguen sujetas al estatismo y al parroquialismo más rígido.

Lo mismo sucede en el ámbito de la administración pública. Mientras no tengamos gobernadores realmente comprometidos con una cultura de los derechos humanos, seguiremos en una posición cercana a etapas primitivas. En Chihuahua, por ejemplo, no podemos optar porgobernantes que, alejados de la más mínima noción de la progresividad y gradualidad de los derechos fundamentales, sigan aludiendo a la falaz concepción de que existe una “familia natural” excluyendo con el dedo flamígero de la derecha más recalcitrante cualquier otra forma de convivencia y relación humana. Es el dedo de la discriminación, el que señala a todo lo que su portador considera diferente.

De igual forma, Chihuahua no podrá jactarse de ser una entidad que se aproxime a un modelo democrático constitucional de derechos con gobernantes con perspectivas retrógradas y que no tienen ni la más remota idea de todo lo que implica el derecho al libre desarrollo de la personalidad.

Así pues, una reforma constitucional como la de junio de 2011 presenta múltiples desafíos. Uno de ellos, y de los más difíciles de enfrentar, es el atraso y la ignorancia de quienes detentan el poder formal en las entidades federativas. Gobernadores y presidentes municipales, así como legislaturas que parecen todavía vivir en espacios propios de un Estado confesional. ¿De qué manera ellos pueden garantizar la eficacia de una reforma constitucional como la de junio de 2011?

No hay forma. Ni volviendo a nacer.