La jueza que todo delincuente desearía

• La jueza que todo delincuente desearía

• Corral prometió una cosa y hace otra

• Pleito legislativo sin fin, y creciendo

•Falta a sesiones pero cobra completo

Hay fotos, hay video, hay todo tipo de pruebas del cínico ladrón forzando con un desarmador puertas y metiéndose a viviendas para robar. Fue detenido en una de esas por los propios vecinos, entregado a la Policía municipal y  consignado ante el Ministerio Público, que a su vez lo puso ante los jueces.

¡Pero nada! La sorpresa extraordinaria es que la generosísima jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales dejó en libertad al pillo de siete suelas, Gerardo Elpidio Contreras Blanco. 

El delito cometido “fue menor” y los antecedentes penales que tiene son muy antiguos; y aunque también cuenta con varias carpetas de investigación por otros robos, estos no han sido judicializados, decretó su señoría Lizbeth Marbella.

Increíble incluso el insulto para los vecinos del fraccionamiento Valle Verde que le tenían la cazadora puesta al malandro hasta que lo atraparon.

También pésimo ejemplo para el resto de los delincuentes que por miles roban cada día viviendas en todos los fraccionamientos de la ciudad y no en pocas ocasiones lo hacen de manera tan violenta que arrebatan la vida a sus moradores sin remordimiento alguno, como ha ocurrido precisamente con el horroroso crimen cometido en Sierra Vista, donde fueron pasados a cuchillo padres de familia y sus pequeños hijos.

Ah, pero hay juzgadores como Marbella que optan por la fácil de permitir la libertad a los potenciales criminales que no sólo roban enseres domésticos o joyas, sino que vulneran el espacio más privado de las familias y colocan su integridad en peligro de agresión y/o muerte.

El fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava, justifica que el pillo tiene impedido salir de la ciudad mientras enfrenta el proceso “en libertad”. Debe ser al revés, que lo destierren a donde nunca vuelva.

¿Cuál será la explicación de su excelencia la jueza y del fiscal cuando Gerardo Elpidio cometa más que un “robo menor”?

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Más de medio millón de pesos por mes es lo que avienta por la borda el Gobierno del Estado en el uso de la flotilla aérea, aquella que en campaña electoral juró Javier Corral que vendería justo por el gasto enorme que implica su mantenimiento. Casi 13 millones de pesos suma el costo total en dos años y fracción de administración.

Ya sabemos que el mandatario dice una cosa y hace otra. Definitivamente no es de palabra confiable. Cuestionó hasta la saciedad a su antecesor, César Duarte, por el derroche en el uso de aviones y helicópteros oficiales, pero ahora es él quien tiene mayor gasto registrado incluso en el uso de un solo avión, de acuerdo con la información publicada ayer por El Diario. Más de cinco millones ha costado la utilización de la aeronave empleada por él; 12.7 millones el total de la flotilla.

Todavía como gobernador aventó Corral a Duarte fuertes críticas sobre el tema. Catalogó en diciembre del 2017 como “penoso y vergonzoso” aquel accidente sufrido por el exgobernador en agosto del 2015 precisamente por el manejo inadecuado del helicóptero Bell 429 en el que se trasladaba junto con la conductora Lolita Ayala y otras personas más.

Nunca dio a conocer por cierto la Secretaría de Hacienda a qué destinó los 45 millones de pesos recibidos por el seguro del Bell 429. Corral había asegurado que ese monto sería utilizado para adquirir ambulancias y medicamentos para hospitales y centros de salud del estado. Ni una palabra al respecto.

Evidentemente hay falta de seriedad, del dichoso cumplimiento a la palabra y sobre todo irresponsabilidad en este tema de la flotilla aérea. Por una parte se queja el gobernador de que no hay dinero para pagar medicinas ni salarios a los trabajadores estatales pero por otro derrocha millones en combustible y mantenimiento de aeronaves sin justificación alguna.

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La guerra en el Congreso del Estado es de pronósticos reservados. Desde que el gobernador Javier Corral decidió no pararse más ahí ni para saludar a los miembros de la actual Legislatura, los conflictos y el desorden han ido de menos a más.

Los diputados del PAN han conseguido hacer mayoría con la compra de legisladores de los chiquipartidos pero ha ido reduciendo su capacidad operativa hasta dejarla sólo para los ‘grandes’ temas que son del estricto interés de los jefes en Palacio de Gobierno. Deuda pública y cuentas públicas. Hasta ahí.

La administración del órgano legislativo se ha convertido así en un gran desorden. No hay acuerdos ni para quitar o remover funcionarios internos, o para modificar reglamentos, conducir nuevas leyes o hasta para enfrentar de manera uniforme la falta de dinero.

De esa desorganización se deriva la reiterada falta de recursos hasta para pagar aguinaldos en su momento y salarios ahora a buena cantidad de personal, principalmente del asignado a los diputados de Morena y el PRI.

En el bando panista ha utilizado su pastor real, Fernando Álvarez Monje, los recursos del Congreso para sostener el ritmo entre sus aliados y los funcionarios manejados por él pero no le ha alcanzado ni le alcanzará para negociaciones de auténtico nivel con el jefe de Morena, Miguel Ángel Colunga, y menos con el jefe del PRI, Omar Bazán.

No hay esperanza de que las cosas cambien; al contrario, los antecedentes y la realidad presente indican que habrá más bronca y no hay interés alguno del gobernador y sus operadores políticos en alcanzar acuerdos. 

Muy distintos son los intereses de los bandos, y ninguno tiene que ver con el interés de los chihuahuenses por tener buenas y mejores leyes y una auténtica fiscalización de los dineros públicos.

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En las sesiones del Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información (Ichitaip) quien brilla por su ausencia es el polémico comisionado Rodolfo Leyva Martínez, cuya silla permanece vacía mientras la toma de acuerdos recae en las manos de los otros cuatro comisionados (as).

Leyva Martínez no asistió a la sesión extraordinaria celebrada el pasado miércoles, en la que el Consejo avaló las inconformidades que presentó el Consejo Estatal Anticorrupción en contra varios municipios y organismos descentralizados que se han negado a proporcionar información que les ha sido requerida.

El pleito por la silla de la presidencia del Consejo del Ichitaip no está dormido en los brazos de Morfeo. Se hace patente con el desdén que el consejero Leyva muestra a las convocatorias que se hacen a todos los integrantes del Ichitaip para que asistan a las sesiones de Pleno.

A raíz de que fue destituido como presidente en marzo del 2017, Leyva sostiene una controversia en contra del Ichitaip y del comisionado presidente Alejandro de la Rocha, y a lo largo de estos 21 meses el fuego no ha cesado.

Ahora además de la estrategia legal, usa el látigo de su desprecio para castigar con su inasistencia a quienes considera sus archienemigos: el resto de los consejeros. Eso sí, no dejar ir un peso de los casi 80 mil mensuales que recibe por un trabajo que debiera ser completo. 

Por cierto que la sesión extraordinaria evidenció que nadie parece respetar al Consejo Estatal Anticorrupción –organismo, que dicho sea de paso, carece hasta hoy de recursos para operar– porque municipios pequeños como Julimes, Conchos, Janos, y Namiquipa, entre otros, se tapan los oídos y se niegan a brindar la información solicitada.