Opinión

Buscan cierre de temporada con peces más gordos

LA COLUMNA
de El Diario

sábado, 12 enero 2019 | 22:46

Cimbró la política local la “Operación Justicia” en 2017 contra integrantes de la pasada administración que en número de dos decenas pisaron la cárcel.

Desde personajes muy cercanos al exgobernador César Duarte, que se aprovecharon flagrante y abiertamente de las mieles del poder desde su posición de secretarios, hasta simples operadores administrativos y parientes en muy próximo grado, todos descritos puntualmente en su modus operandi en aquel bosquejo de la “Operación Zafiro”.

En aquel año la decisión del Gobierno de Chihuahua caminó entre la legalidad del combate a la corrupción, necesaria e indispensable, a la persecución con tintes políticos y fondo electoral.

Se asomaba la campaña presidencial de 2018. Antes, durante y después de ella se utilizó el brazo largo de la ley para tratar de acorralar a Peña Nieto desde los expedientes que se abrieron a César Duarte y Alejandro Gutiérrez “La Coneja”. Uno prófugo protegido por procedimientos de extradición y el otro con prisión domiciliaria y brazalete electrónico.

Era un contexto en el que trató Corral de hacer presencia nacional en la ilusión de arrebatar la candidatura presidencial; luego se volcó, incluso con una marcha nacional pagada con recursos estatales, con la bandera anticorrupción, en busca de medrar la ya baja popularidad del régimen priista.

Pero lo que se ha vivido en el tema no es nada frente a lo que se prepara este 2019, año ombligo de la administración históricamente corta de sólo cinco años.

El arresto esta semana de un integrante más del cónclave Duarte anticipa una nueva intifada anticorrupción, ya con un fiscal especial ex profeso para trabajar día y noche, codo a codo con la Consejería Jurídica varios jueces a modo.

Dedicada de tiempo completo y con experiencia en ello, Gema Guadalupe Chávez, importada de Nuevo León, colocó tras las cuerdas al exgobernador Rodrigo Medina Mora. En ella como fiscal anticorrupción está puesta la confianza de Corral, desde una vestidura de aparente autonomía técnica y la cómoda estancia transexenal. 

Hoy deberá profundizar en los expedientes secretos X y abrir el abanico de procesados, con check list en mano.

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En el recuento de lo que se antoja es el programa eje de la administración estatal, en un panorama en el que no se observa obra pública sobresaliente ni acciones relevantes de otra índole, la persecución contra la corrupción política requiere nuevas acciones de presencia.

En sede judicial, unos siguen peleando su inocencia con uñas y dientes contra el poder del Estado, incluso con veladoras encendidas en la justicia federal y el bendito amparo. Ahí están Jesús Manuel Esparza, Antonio Tarín, Sergio Medina o Gerardo Villegas.

Otros de los procesados de plano no resistieron la prisión, allanándose completamente a las acusaciones y reintegrando migajas de dinero. Javier Garfio, Eduardo Esperón, Fernando Reyes, y Karla Areli Jurado. La sentencia contra ellos es firme e inmodificable.

Los primeros, aferrados a no doblegarse; los segundos con mancha en el expediente personal y político, que cargarán en vida y sus generaciones futuras.

No todos han alcanzado la clemencia del gobernador en los procedimientos. Sólo algunos han podido mover la gracia y obtener libertad, restringida o limitada si se quiere, pero libertad. 

En un juego de discrecionalidad oculto bajo las medidas cautelares y de seguridad ordenadas a los jueces de consigna, en un estira y afloja de la liga –que no venda– que debería cubrir los ojos de la justicia.

Estos nombres son sólo algunos de los alcanzados por las centellas lanzadas desde el olimpo Palacio de Chihuahua. Hay más.

No debe olvidarse a Alejandro Gutiérrez, el exsecretario nacional adjunto del PRI, que fue la cereza en el pastel en busca de involucrar formalmente al mismo presidente Peña Nieto, a través de su secretario de Hacienda Luis Videgaray, en el desvío millonario de dinero al expartidazo.

La lucha de vencidas entre Ministerio Público y jueces federales de consigna y su similar estatal llegó al exabrupto de aquella noche en que fueron sitiados los juzgados federales para evitar el traslado de Gutiérrez, Tarín y Villegas a la Ciudad de México. Crisis institucional como no se había visto jamás en el sistema de procuración e impartición de justicia.

La guerra estaba y está declarada.

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No es Marcelo González Tachiquín, el detenido de la semana, el único pendiente en la trama de corrupción que persigue el Gobierno corralista, con el morbo político de involucramiento a un familiar directo del expresidente Peña Nieto.

Tiene dos o tres peces gordos pendientes, antes de que brinque la mitad de su período como gobernador.

El primero, sin duda, es el responsable de lo que él mismo llamó monumento a la corrupción: el edificio que alberga al Tribunal Superior de Justicia, llamado pomposamente Ciudad Judicial. Everardo Medina fue en los hechos auténtico secretario de Obras Públicas, por encima de Garfio o de Esperón. Ellos sólo firmaron muchos de los papeles que hoy obran en autos, como dicen los abogados.

Fue el responsable real de la obra, que hoy luce bellamente adornada por mármol en oficinas, pasillos y hasta baños. Cubierto de costoso vidrio de arriba para abajo y en ambos costados, con espaciosas oficinas para los señores magistrados.

Edificio de contrastes y de derroche. Son deprimentes las condiciones en que fueron dejadas las oficinas operativas de todas las áreas, incluida la Secretaría General, no se diga los juzgados; instalaciones nada térmicas, que suponen un ilógico gasto millonario en calefacción y aire acondicionado. Instalaciones y servicios deficientes.

Un inmueble que se dijo costaría poco más de mil millones y casi se fue al doble, sin reparo presupuestal alguno. La pluma cuata descarada.

El otro asunto pendiente es el de Salud con Pedro Hernández, que acumula edictos de notificación por decenas por parte de la Función Pública. Tiene también mucha carnita para los sabuesos y juzgadores estatales, porque involucra a personajes de la política nacional, ya que las compras son federales, pero además, se habla insistentemente de la intromisión de Emilio Gamboa Patrón, un santón priista en el negocio de los medicamentos. 

Se aprecian en el negociazo de la salud compras directas sin justificación alguna, facturas falsas y sobreprecios.

Habrá que voltear a los testigos protegidos, que, por salvar el pellejo, están siendo librados olímpicamente de cualquier responsabilidad penal en el latrocinio del pasado sexenio.

Un asunto ese que tiene un gran fondo jurídico porque los testigos en estas condiciones han sido desestimados por la justicia federal como instrumentos para señalar responsabilidad penal. A eso apuestan quienes niegan cargos y acusan persecución política.

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Será éste el año del mayor apretón en materia de ataque a la corrupción, de acuerdo con la información que tenemos.

Habrá el natural embate jurídico, pero se incrementará el manejo político, ante una imperiosa necesidad de mejorar la calificación del Gobierno del Estado ante los ciudadanos, que hoy se arrastra por el suelo.

Hay una pérdida de credibilidad y legitimidad de las acciones estatales, por ello es urgente hacer un relanzamiento del principal programa gubernamental, a como dé lugar, así sea pasando por encima de los amparos bajo el brazo.

Y por supuesto, exprimiendo hasta que queden sin jugo los infaltables testigos protegidos que esta semana reaparecieron y que han vendido su alma al Señor sin recato alguno con tal de evitar la deprimente prisión.

Un contexto en el que Andrés Manuel promulga amor y paz y Corral, expedientes en mano, alista una nueva y gran incursión penal.

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