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Opinion El Paso

Tiene NY herramientas que no aplica en la crisis de migrantes

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Eduardo Porter/Bloomberg Opinion

domingo, 01 octubre 2023 | 06:00

Consternado acerca del costo multibillonario en dólares de albergar a decenas de miles de personas que buscan asilo que fueron enviados hacia el norte del país por el gobernador Greg Abbott de Texas, el alcalde Eric Adams y la gobernadora Kathy Hochul de Nueva York podrían utilizar una estrategia del pasado en Nueva York.

Fue en el 2005 que la Ciudad de Nueva York canceló una regulación que estaba en vigor durante la alcaldía de Fiorello La Guardia en los años 1930 para limpiar a judíos y otros vendedores “étnicos” de las calles del Bajo Este exigiéndoles que comprobaran su ciudadanía.

Al doblegarse ante la súplica de migrantes que desean tener una manera de ganarse la vida, el Consejo de la Ciudad enmendó su código administrativo para prohibir que los oficiales de la ciudad pidieran “información acerca del estatus de inmigración o ciudadanía de un solicitante si no afecta la consideración de la solicitud para obtener licencia para vender comida o la renovación de la misma”, de acuerdo a lo que se decidió.

Ese precedente mantiene cierta promesa de solucionar la actual crisis migrantes urbana. Una de las demandas urgentes de los dirigentes de Nueva York es que Washington les otorgue rápidamente el permiso de asilo para trabajar, para que puedan obtener un trabajo en este momento, en lugar de depender de los recursos públicos mientras detectan cuáles solicitud enviar a las autoridades de inmigración de Estados Unidos para luego llevar a cabo su procesamiento.

Existe cierto teatro en sus súplicas. Adams y Hochul saben que desenmarañar la burocracia no impedirá que unas 60 mil personas que solicitan asilo estén en los albergues de la ciudad y muchos miles más en todo Nueva York y el resto del país, para que trabajen requiere de una decisión política que la Casa Blanca se rehúsa a tomar.

Sin embargo, su apelación no está tomando en cuenta que la ciudad y el estado tienen herramientas que de alguna manera pueden contribuir a solucionar el problema. 

No las están utilizando por la misma razón que la Casa Blanca está ocultándose detrás de un reclamo de impotencia en lugar de venir a su rescate: ayudar a los migrantes, en la actual caldera partidista polarizada, sería muy parecido a un suicidio político.

La administración Biden ha tratado de ayudar un poco, ampliando el estatus temporal de protección para abarcar varios cientos de miles de inmigrantes recientes de Venezuela. Eso no soluciona el problema urgente de Nueva York, aunque esas personas aún deben solicitar un permiso para trabajar.

Ariel Ruiz Soto del Instituto de Políticas de Migración estima que aun cuando ellos fueran a solicitar el día mañana una autorización de empleo, podrían obtenerla, en el mejor de los casos, en tres meses.

Lo que impide a cientos de miles de personas que buscan asilo de conseguir trabajo tiene poco que ver con el mercado laboral, que le fascinaría tenerlos.  La barrera depende, hasta cierto grado, sobre cómo llegaron a este punto.

Las personas que solicitaron asilo ante un juez de inmigración deben esperar por lo menos 180 días para obtener una autorización para trabajar.

Las personas que les otorgaron un estatus humanitario pueden solicitarla de inmediato aunque el proceso podría tomar cuatro meses.

Aunque las dos razones fundamentales por las que a muchas personas no les permite trabajar es que no han solicitado el permiso, o ni siquiera saben que pueden hacerlo, o que los oficiales de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos están tan diezmados que procesar cualquier solicitud les toma un largo tiempo.

A pesar de la fingida impotencia de las autoridades de la ciudad, estatales y federales tienen soluciones a la mano. Están jugando a la papa caliente de la inmigración para no tener que utilizarlas.

Tal vez, las ciudades tienen la solución más sencilla.Depende del hecho legal de que trabajar por su cuenta —como vendedor en las calles, o estilista— no cuenta como empleo, lo cual la ley de inmigración prohíbe que hagan los inmigrantes no autorizados.

Los obstáculos para los que buscan asilo y desean trabajar como contratistas independientes son principalmente reglas para obtener licencias municipales.  Si las ciudades como Nueva York realmente desean que los que buscan asilo salgan de los albergues y se integren a la fuerza laboral, pueden suavizar las reglas y tal vez ayudarlos a ingresar, por decir algo, a la entrega de comida.

Las medidas que los estados tienen para ayudar a los migrantes no autorizados a ganarse la vida son un poco más nuevas pero también legalmente sólidas.

El Decreto de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 que prohíbe contratar a inmigrantes indocumentados no amplía explícitamente la prohibición para las entidades del gobierno estatal. De acuerdo a los precedentes de la Suprema Corte, eso significa que el decreto no los vincula.

Después de una campaña realizada por expertos legales, la Universidad de California anunció en mayo que otorgaría un acceso equitativo para tener oportunidades de trabajo a todos los estudiantes, incluyendo a inmigrantes indocumentados que hasta ahora tienen prohibido aceptar empleos en las cafeterías del campus, como asistentes de investigación o hasta residentes médicos.

Ahlian Arulanantham, codirector del Centro para Leyes y Políticas de Inmigración de la Universidad de California en Los Ángeles y uno de los líderes de esta iniciativa, dice que espera que la primera Universidad de California contrate estudiantes indocumentados de acuerdo a la nueva política, en el mes de enero.

Aunque, agregó que el mismo análisis legal podría ser aplicado mucho más ampliamente a cualquier entidad gubernamental estatal para hacer lo que quiera.  El estado de Nueva York podría establecer un programa de trabajo para los que han llegado recientemente para construir, digamos vivienda pública. “Nada acerca de nuestra teoría está limitada a las universidades”, dijo.

Aun cuando la federación podría hacer más. Ampliando el estatus temporal de protección no es un buen inicio, aunque la administración podría ir más allá.  Especialmente, ¿por qué no suspender simplemente por un período la aplicación de sanciones en contra de empleadores que contratan inmigrantes no autorizados?

Como lo dijo Michael Wishnie, un experto legal de Yale, en un cónclave acerca de las políticas y leyes de inmigración, organizada por el Instituto de Políticas de Migración la semana pasada, esto se ha hecho anteriormente —por el presidente George W. Bush, para abarcar empleadores de inmigrantes indocumentados en Louisiana después del Huracán Katrina.

Si esa emergencia justificó el relajamiento de las restricciones para trabajadores no autorizados, la actual emergencia también podría justificarlo.

Tristemente, nada de esto podría suceder.  Aunque deberíamos por lo menos reconocer las razones.“Cuando el gobierno federal dice que no hay nada que pueda hacer, usualmente significa que hay cosas que puede hacer pero decide no hacerlas”, dijo Wishnie.

La falla hasta ahora del presidente Joe Biden, la gobernadora Hochul y el alcalde Adams al no aplicar esas soluciones dejan de manifiesto cómo es que una barrera irrefutable para permitir que los que buscan asilo obtengan un empleo y sigan adelante no es algo técnico ni burocrático, sino político.

Debido a que se aproxima una elección presidencial cerrada en el 2024 y debido a que los demócratas de Nueva York esperan recuperar escaños en el Congreso que han perdido asombrosamente ante los republicanos en las elecciones de medio término, al parecer, extender la ley para el bien de los migrantes podría parecer una propuesta política perdedora.

Es probable que su análisis sea el correcto, pero por lo menos deberían admitirlo.

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