Opinion El Paso

Sin consecuencias para la política más inhumana de Trump

.

Francis Wilkinson/Bloomberg Opinion

viernes, 16 octubre 2020 | 06:00

Nueva York— Cuando el presidente Donald Trump usa fondos federales para proporcionar infusiones regulares de efectivo a sus negocios en quiebra, o dirige los beneficios del gobierno a personas que lo adulan y le pagan dinero, su corrupción es grotesca. Pero no es inhumana.

Por el contrario, la política de la administración Trump de separar a los padres migrantes de sus hijos, incluidos los bebés, algunos de los cuales se perdieron durante meses o más, siempre tuvo la intención de ser brutal. Cualquiera que haya tenido un hijo, o haya sido un hijo, entiende intuitivamente cuán depravada fue la política. Los expertos predicen que las víctimas sufrirán traumas y repercusiones durante el resto de sus vidas. Sin embargo, parece poco probable que los funcionarios que aprobaron y ejecutaron esta política sufrirán consecuencias legales.

La semana pasada, el New York Times publicó sobre un informe preliminar de 86 páginas del inspector general del Departamento de Justicia. Según el periódico, el informe concluye que la política de separación de niños fue impulsada agresivamente al más alto nivel del Departamento de Justicia, así como en el Departamento de Seguridad Nacional. La idea era convertir la detención en un infierno para los migrantes, incluidos los que buscan asilo debido a la violencia, de modo que los horrores que ellos padecieron, y especialmente de sus hijos, sirvieran de disuasión para otros que buscan refugio.

“Necesitamos llevarnos a los niños”, cita el New York Times al entonces fiscal general Jeff Sessions: “Si tanto se preocupan por los niños, no los traigan. No les dará amnistía con niños.” La historia señala que Rod Rosenstein, entonces vicefiscal general, luego les dijo a los fiscales que no importaba qué tan pequeños fueran los niños.

El desgaste de la sensibilidad moral es tanto un subproducto de los ataques a la decencia como un predicado de ataques más atroces. Sin embargo, los funcionarios de la administración eran lo suficientemente conscientes de los horrores que estaban infligiendo como para negar su existencia. En junio de 2018, la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, tuiteó: “No tenemos una política de separación de familias en la frontera. Punto”.

Nielsen tenía motivos para mentir, al igual que Sessions y Rosenstein tenían motivos para ocultar el alcance de su participación. Los Apparatchiks prefieren no parecer monstruos morales.

“La idea de que cualquier estado trataría de disuadir a los padres infligiendo tal abuso a los niños es inconcebible”, dijo el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, en 2018. Erwin Chemerinsky, decano de Derecho de la Universidad de California en Berkeley, me dijo: “No hay duda de que la política es ilegal según el derecho internacional”. La Academia Estadounidense de Pediatría la calificó de “inhumana”. Después de evaluar a 17 adultos y nueve niños sometidos a la política, Médicos por los Derechos Humanos concluyó que “se eleva al nivel de tortura”.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles ha presentado una demanda civil contra una serie de malhechores de la administración, incluidos Sessions y Nielsen. Rosenstein, ahora socio de King & Spalding, una gran firma de abogados corporativos, no fue nombrado en la demanda. Quizás todos los involucrados asumen que los escombros en expansión de la administración Trump oscurecerán la responsabilidad individual. La política de la administración sobre el covid-19 ha provocado la muerte innecesaria de decenas de miles de estadounidenses. ¿Es realmente tan mala la brutalización sistemática de algunos miles de familias migrantes en comparación con eso?

Desde abril de 2018, cuando se reveló la política de separación de menores, he preguntado periódicamente a los activistas y abogados de inmigración cuándo y cómo se podría responsabilizar a los perpetradores de esta política. Pero los activistas y los abogados privados no procesan las infracciones y los funcionarios del gobierno disfrutan de inmunidad calificada. Si bien los fiscales federales han presentado cargos contra numerosos asociados de Trump, incluido el abogado personal de Trump, Michael Cohen, su gerente de campaña de 2016, Paul Manafort, y su asesor político durante mucho tiempo, Roger Stone, los funcionarios de la administración no han sido atacados de manera similar.

“Aparte de las audiencias del Congreso y la vergüenza, o las conversaciones ocasionales de una comisión de la verdad posterior a Trump, no estoy seguro de que estos funcionarios reciban lo que les corresponde”, dijo el defensor de inmigración Frank Sharry.

En efecto, los funcionarios federales pueden abusar de los niños hasta el punto de la tortura y quizás más allá, dañándolos de por vida, siempre que lo hagan en el curso de la aplicación de la política federal. Hasta la fecha, ningún fiscal ha considerado oportuno desafiar esa realidad distópica. Si quieres saber qué tan bajo se ha hundido Estados Unidos, ahí está tu ejemplo.